Agentes forestales recalcan reducida dotación humana y necesidad de Ley de Cuerpo Especial tras estudiarse su situación

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa) ha reaccionado a la presentación de los resultados del estudio sobre el análisis y diagnóstico de la situación de los agentes forestales en la comunidad andaluza presentados por la Junta de Andalucía, recalcando en este sentido la reducida dotación de recursos humanos y la conveniencia de contrar para esta plantilla con una Ley de Cuerpo Especial.

El presidente de la Aamaa, Enrique Alés, ha señalado a Europa Press que, partiendo de la base del "agradecimiento" del colectivo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y al director del estudio por el "alto interés y empeño en desvelar con rigor la realidad, percepción y posible proyección" del cuerpo de agentes de medio ambiente de Andalucía, considera como "altamente positivos" varios de los aspectos reflejados: es, para Alés, "encomiable" la alta participación del sector en el proceso de toma de datos.

A la hora de analizar el diagnóstico destaca, "de manera alarmante", la reducida dotación de recursos humanos de los agentes, "que sufren una gran perdida de efectivos sin que las actuales convocatorias de plazas en las ofertas de empleo publico sean capaces de cubrir la tasa de reposición". 

"Especial repercusión y expectación" ha causado una de las recomendaciones realizadas en el estudio, que expone la posibilidad de explorar nuevas formulas de organización, alguna de ellas en el marco de la estructura de las agencias administrativas, como pudiera ser la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya).

Dicha propuesta, en su justificación, invoca experiencias en otros países y otras comunidades autónomas, si bien, para los agentes medioambientales, "debería realizarse con mayor grado de detalle", ya que irían desde las experiencias de Italia y Portugal, donde cuerpos homólogos han sido integrados en órganos equivalentes a las españolas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta el establecimiento "vanguardista" de las Leyes de Cuerpo Especial de las comunidades de Cataluña y Madrid.

VIGILANCIA PARA LAS MEDIDAS DEL LIBRO BLANCO 

No obstante, para la asociación, la solución a la problemática en la que se encuentra inmerso el cuerpo "no pasa inexorablemente por una migración a una agencia de régimen especial como la Amaya, sino por una apuesta decidida y real de la Junta de Andalucía por los agentes forestales que garantice a largo plazo la eficaz prestación del servicio público de defensa del medio ambiente".

La inclusión en el estudio de la recomendación del posible uso de la formula de las agencias administrativas delata probablemente, para el presidente de la Aamaa, "la percepción recibida al respecto de la falta de voluntad de la administración andaluza para que el cuerpo de agentes de medio ambiente de Andalucía trascienda desde la administración general hacía un cuerpo especial".

Por ello, Alés insiste en la reivindicación, defenda ahora "con más ímpetu", del desarrollo de una Ley de Cuerpo Especial "como estrategia de resolución global ante la variedad de problemas planteados" y emplaza al Gobierno andaluz a que apueste "de manera progresista y sin complejos de inferioridad" por emular el modelo desarrollado en Madrid y Cataluña.

Por último, el colectivo establecerá un "estricto" plan de vigilancia frente a las medidas que se quieran desarrollar para la realización del Libro Blanco.

Fuente: http://www.europapress.es

Condenada la Junta por discriminar a su arbitrio a Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada estima que la Junta ha dado un trato desigual caprichosamente a Agentes de Medio Ambiente (AMA). En un fallo al que ha accedido LA RAZÓN explica que la reestructuración que supuso el Decreto 283/2005, de 20 de diciembre, por el que se modificó parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) relativa a la Consejería de ese área, creó el puesto de «Agente de Medio Ambiente Grupo C, nivel de complemento de Destino 18», al tiempo que extinguió el de «Agente de Medio Ambiente Grupo C-D, nivel de complemento de destino 16».

En el proceso de recolocación, del último colectivo «unos fueron adscritos con el nivel 18 y otros quedaron con el nivel 16». En ese escenario, el tribunal entiende que «en base al principio de igualdad que prohíbe diferencias de tratamiento arbitrarias en virtud de circunstancias que no resulten justificadas», procede reconocer a un grupo de AMA que demandó, representados por los servicios jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), «los efectos económicos y administrativos del nivel 18».La magistrada considera que ha quedado probado de manera «suficiente y contundente» que los recurrentes «ante trabajos idénticos asignados por los coordinadores de la unidad en un cuadrante aprobado por el delegado provincial –mensualmente–», sin tener en cuenta el nivel de estos trabajadores, «están recibiendo un distinto tratamiento sin que existan razones objetivas y razonables que lo justifiquen», advierte. En ese sentido, el juzgado concluye que «la diferencia es discriminatoria y vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución española», en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Desde esa convicción condena al Gobierno andaluz a pagar a los demandantes, funcionarios de carrera a los que se les han lesionado «derechos susceptibles de amparo constitucional», las diferencias retributivas entre «las cantidades que efectivamente les han sido abonadas en concepto de complemento de destino y específico de nivel 16» y las que les corresponderían por el nivel 18. ¿Desde cuándo? Dado que no se ha podido constatar la «fecha exacta» en la que comenzaron a serles designadas las polémicas tareas, la juez ha resuelto que se le abone ese dinero desde el momento de la reclamación en vía administrativa, más los intereses legales «hasta su total pago». Además condena al Ejecutivo autonómico a sufragar las costas del proceso judicial.

Y no es el primer fallo decretado en términos similares. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén ya igualó los derechos administrativos y económicos de otros Agentes de medio ambiente y el Contencioso-Administrativo número 4 de Granada también dictaminó de manera previa en la misma línea. Con estos antecedentes fuentes del SAF exigen «una solución a la problemática» de este colectivo de empleados públicos «afectado por la reestructuración del Decreto 283/2005» y avisan de que el sindicato «continuará respaldando la lucha de estos profesionales», a su juicio, «denostados» por la Junta. 

Fuente: larazon.es

Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF critican su discriminación respecto a Egmasa

Los funcionarios del Plan Infoca cuentan cuentan con trajes caducados y vehículos anticuados.

Agentes de medio ambiente de la Junta, funcionarios que han superado unas oposiciones y que tienen estatus de agentes de la autoridad, han puesto sobre la mesa la discriminación que sufren respecto al personal de la agencia pública que trabaja en el mismo área. Aparte de que en buena medida han podido haber entrado en la casa por la puerta de atrás, sin superar en muchos casos un proceso selectivo y gracias a sus relaciones con partidos y sindicatos, disponen de mejores y más adecuados medios para desarrollar su trabajo.

Son, como plantean los agentes, enchufados de primera frente a funcionarios de segunda, al menos desde la perspectiva que parece mantener la propia Administración.

Aunque la situación también es diferente en cada provincia, el malestar entre los agentes es palpable desde hace años por la alarmante falta de medios materiales. Para empezar, la antigüedad media de sus vehículos ronda los 15 años además de carecer en su mayoría de medidas de seguridad al margen del cinturón.
 

Los de la agencia pública –la antigua Egmasa, hoy integrados en la Agencia de Medio Ambiente y Agua– disponen de un moderno parque móvil que se renueva cada pocos años por un sistema de renting. Cuentan con airbags, frenos Abs y otras modernas medidas de seguridad.
 

«Aunque parezca de perogrullo, el asunto es muy grave, porque la diferencia entre los trabajadores de la agencia y nosotros es que ellos tienen muchas más posibilidades de salvarse en un accidente, así de sencillo», dice un agente a EL MUNDO.

Los funcionarios informan además de que en provincias como Almería se han visto obligados a trabajar este año en el Plan Infoca con el Equipo de Protección Individual (EPI) caducado, puesto que la últimas prendas que les entregaron datan de 2008 y expiran a los cinco años. Esto implica, alertan, un grave riesgo, pues se trata de un material especial contra incendios y descargas eléctricas que con el tiempo ve reducidas sus prestaciones, de ahí a su caducidad.
 

Aunque los funcionarios han reclamado la reposición de las prendas no se les ha concedido, y algunos incluso han tenido que pasar el Infoca este año sin algunas de las prendas incluidas en el equipo básico, porque las últimas se han deteriorado o son inservibles.

En provincias como Córdoba, los agentes que han solicitado la renovación de sus equipos han visto cómo les han entregado material «procedente de restos de la agencia», con lo que su vestimenta es ahora idéntica a la de los retenes del Infoca, el personal que apaga los incendios, como ha denunciado la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía. Los agentes son los encargados de coordinar las labores de extinción y no actúan directamente en ella, como sí hacen los retenes, personal de la agencia pública, cuyos equipos individuales sí se reponen periódicamente.

«Aunque los equipos que nos han entregado son de calidad, esto nos ha traído problemas, sobre todo de cara a los ciudadanos, porque nosotros, como agentes de la autoridad, podemos exigir, por ejemplo, la identificación de cualquier persona, que ahora puede tomarnos por un intruso. Es como si alguien vestido de bombero nos pide la documentación diciendo ser guardia civil. ¿Quién le creería?», dice un agente. 

La diferencia de trato de la agencia respecto a los funcionarios se extiende a todo lo referente al material, «puesto que la agencia parece disponer de mucho más dinero, al no contar con el extricto control de los fondos destinados a los funcionarios », exponen fuentes de la asociación.

Así, por ejemplo, los agentes destacan que en la actualidad cuentan con botiquines caducados desde hace muchos años, y la mayoría de los vehículos ni siquiera disponen de extintor antiicendios.
 

Los Agentes de Medio Ambiente consultados han querido dejar claro que no tienen nada contra de los trabajadores de las agencias, pero sí piden que al menos no se les discrimine y puedan contar con los mínimos medios necesarios para desarrollar sus trabajo con garantías.

Fuente: Diario El Mundo

¿Escuchará la Junta de Andalucía a sus Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF?

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha informado este lunes que espera reunirse "en breve" con los Agentes de Medio Ambiente del Gobierno andaluz para "ver cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas que desde la Consejería se pueden aplicar".

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha informado este lunes que espera reunirse "en breve" con los Agentes de Medio Ambiente del Gobierno andaluz para "ver cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas que desde la Consejería se pueden aplicar".

Así lo ha manifestado la consejera a los periodistas tras ser preguntada por las críticas de dichos agentes que se quejan del trato "discriminatorio" que reciben por parte de la Junta respecto a los trabajadores de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), hoy integrados en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, según ha adelantado 'El Mundo'. 

En este sentido, la consejera comenta que tienen "una conversación pendiente" con los Agentes de Medio Ambiente, "donde queremos contar con su opinión y reconocer la labor que hacen tan fundamental", ha subrayado Serrano. 

De este modo, elogia el trabajo que realizan "en el monte como vigilantes y agentes que detectan cualquier tipo de anomalía, incluso la problemática de los incendios forestales", y ante ello, asegura que quiere "establecer una línea de diálogo" con los agentes y "ver cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas que desde la Consejería se pueden aplicar". 

En concreto, los agentes critican que dichos empleados de la agencia pública disponen de mejores y más adecuados medios para desarrollar su trabajo y "aunque la situación es diferente en cada provincia, el malestar entre los agentes es palpable desde hace años por la falta de medios materiales", en relación a los vehículos, vestimentas o equipos, entre otros. 

Fuente: 20minutos.es

Discriminación y falta de seguridad e higiene en el trabajo de los Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF andaluces

Una vez más la Junta de Andalucía, poniendo como excusa los recortes, pone en riesgo la seguridad y salud de sus funcionarios.  

Desde hace varios meses vuelve a ser función de los Agentes de Medio Ambiente la recogida y transporte de animales silvestres que requieren algún tipo de atención a los centros de recuperación de especies amenazadas (CREA-CREMA). Antes de volver este cometido a los funcionarios, dichas tareas las venía realizando el personal de la “administración paralela” ente instrumental empresarial Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía) contando con todo tipo de medios (vehículos adaptados al transporte de animales, equipo de protección individual, etc). Ahora los Agentes, a pesar de celebrar esta vuelta de funciones, se ven obligados a transportar los animales en sus vehículos oficiales, que no cuentan con separación entre el conductor y el animal transportado (ver fotografía adjunta), incumpliendo así las normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo, de seguridad vial y de transporte de animales vivos, con el consiguiente perjuicio tanto para los propios animales como para el Agente. 

Se ha recibido la instrucción de transportar los animales accidentados a los Centros de Recuperación, en vehículos no adaptados para el transporte, pero en caso de que medie denuncia por infracción en materia de tráfico, será el propio Agente el que tendrá que responder personalmente para el pago de la sanción económica. Como en tantas ocasiones, para el cumplimiento de la tareas que el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente tienen encomendadas, estos funcionarios tienen que responder con su propios medios o incluso poniendo en riesgo su propia economía familiar en caso de sanción; es la única forma de sortear la casi absoluta precariedad y desamparo que vienen sufriendo por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, si se quiere ofrecer el servicio de calidad que esperan los andaluces.

El modelo a seguir debe ser el caso de la provincia de Córdoba, donde las gestiones del Coordinador Provincial de Agentes de Medio Ambiente han hecho que se devuelva al Cuerpo de Agentes un vehículo adaptado para el transporte de fauna silvestre, que perteneciendo a éstos, venía utilizando el CREA de la provincia. Esperamos que vehículos preparados para el transporte de fauna, adscritos a la red de jardines botánicos o de viveros de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, puedan ser utilizados por los Agentes.

Sirva de ejemplo de la deficiente gestión de la administración autonómica, la creación del CREA-CREMA de Huelva, inaugurado varias veces por los políticos, con el consiguiente gasto de dinero público, que sin embargo no cuenta con un solo vehículo adecuado para la recogida y transporte de especies. 

Se confirma una vez más el maltrato de la Junta a sus funcionarios y el derroche para su administración paralela (agencias vacías de competencias, vehículos de alta gama innecesarios, excesivos puestos de trabajo de alta dirección,etc). 

Fuente: Elaboración propia.

Los peores resultados del Plan Infoca desde el 2004

Según la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA), tras haberse superado en 2012 la media histórica de superficie incendiada en Andalucía de los últimos 10 años, habría que remontarse hasta el año 2004 para encontrar una campaña con tan malos resultados en la lucha contra el fuego.

Recortes de personal.

La Asociación de Agentes manifiesta que “en esta campaña se han vuelto a disminuir los efectivos dedicados a la dirección y coordinación del incendio, tarea históricamente asumida por los Agentes de Medio Ambiente y que solo puede ser encomendada a funcionarios públicos, incrementándose el número de Agentes relegados a funciones secundarias dentro del Plan Infoca”. Así, la Asociación afirma que “no se trata de una cuestión económica pues los Agentes cobran lo mismo participando activamente o no en el Plan. Hay que potenciar la formación de los Agentes y regularlos desde un Cuerpo Especial que contemple que parte de los mismos se especialicen en la lucha contra el fuego. Esta es la forma de ofrecer al contribuyente un servicio público mucho más eficaz, pero implicaría terminar con la línea iniciada por la Junta de impulsar la externalización de las funciones de los Agentes a favor de la insostenible Administración paralela que se ha creado bajo su tutela”.

Todo esto coincide en un año donde los “ajustes” también se han cebado con los medios de la antigua Egmasa adscritos al Plan Infoca. En opinión de la Asociación, “si la Administración no puede mantener el sistema por antieconómico, debería haber potenciado el papel de los Agentes de Medio Ambiente en el dispositivo. Nos parece una broma de mal gusto que tras el cierre de torres de vigilancia no se haya contado con el papel de estos funcionarios para la realización de rutas de vigilancia preventiva donde hayan quedado zonas de sombra para una alerta temprana en la detección de incendios. Pero, esto es difícil de realizar cuando vemos como BP y Repsol recientemente han cortado el suministro de combustible a los vehículos de los Agentes en las provincias de Cádiz y Málaga aparentemente por falta de pago de la Junta de Andalucía”. 

El caso más sangrante donde el cierre de medios por parte de la Junta ha podido ser temerario, fue indicado fechas atrás por CCOO. Este sindicato denunció que el puesto de vigilancia de Alaminos (Málaga) se encontraba cerrado cuando se inició el incendio que el pasado Agosto arrasó unas 8225 hectáreas de la Costa del Sol. Tal y como manifiesta la Asociación de Agentes, “asuntos de seguridad ciudadana y conservación del rico patrimonio andaluz deberían verse afectados por la crisis en la menor medida posible. Que este incendio no fuera detectado por una torre cerrada situada a solo 2 kilómetros de donde comenzó, sino por otro  puesto situado a unos 40 kilómetros de distancia y con poca visibilidad, hizo que se perdiera un tiempo vital para que lo que pudiera haberse quedado en un conato controlable en un par de horas se convirtiera en un incendio portentoso de varios días de duración”.

Reubicación de medios.

Pero no solo se han cerrado torres de vigilancia, se han reducido los horarios de funcionamiento de otras y se han liquidado a grupos de apoyo y retenes de especialistas; otro problema generado en la nueva Agencia ha sido la “reubicación voluntaria” de personal, donde con el velado miedo a la pérdida del empleo a cierto número de trabajadores se les ha pasado de un retén a conductor de un camión o a vigilante de una torre, o los han convertido de administrativos a emisoristas, o los han movido de una torre a personal de limpieza. Esta gestión del personal ha generado un paso atrás en la profesionalización del Plan Infoca, generando un stress laboral en los trabajadores completamente injustificable. 

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente afirma que “pese a la cuestionable capacidad de los políticos responsables del mismo, el dispositivo Infoca sigue funcionando gracias a la labor sacrificada de los funcionarios de la Consejería y de los trabajadores de la Agencia que integran el plan. Si se entrega la medalla del mérito de Andalucía a los trabajadores del Plan Infoca no debería ser  como cortina de humo para que el andaluz no vea el fiasco de campaña, sino como un mérito más que merecido desde hace años por este personal”.

Acoso y derribo hacia el trabajo de los Agentes de Medio Ambiente.

Lo que mal empieza no puede acabar bien, esto es lo que podía entreverse desde principios de febrero cuando en Pujerra (Málaga) tuvo lugar el primer gran incendio del año. En este siniestro, la labor de los  Agentes de Medio Ambiente de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) fue puesta en tela de juicio por la propia Junta de Andalucía. En palabras de la Asociación que los representa: “para la Junta, los más de mil incendios investigados con éxito por los Agentes de Málaga a lo largo de su trayectoria y las felicitaciones recibidas en más de una ocasión desde estamentos judiciales no tienen ningún valor. Todo porque la investigación de la BIIF apuntaba como posible responsable del incendio a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Por lo tanto, como las conclusiones parecían no ser “satisfactorios”, se encargó una investigación paralela cuyos resultados sí que “cuadraban”. A fecha de hoy, desconocemos el coste económico que ha conllevado esta investigación externa a los bolsillos de los ciudadanos”.

Por el contrario, en el último de los grandes incendios declarados (el de la Costa del Sol malagueña) los resultados de la Brigada de Investigación han sido aceptados sin problema por la Administración puesto que en esta ocasión los responsables parecen haber sido ciudadanos de a pie. Según la Asociación de Agentes: ”es ofensivo que la Consejería acepte o rechace el trabajo de sus funcionarios según que el resultado de la investigación se ajuste o no a determinados intereses. La investigación de un incendio por parte de los Agentes de Medio Ambiente se realiza desde la total neutralidad, no aceptamos que la Consejería aplique una doble vara de medir apoyando o tirando por el suelo las investigaciones de sus Agentes, según la responsabilidad pueda recaer en el contribuyente o en la propia Administración”.

El engaño de los Planes de Prevención.

El ciudadano tiene derecho a pedir que con sus impuestos la Administración andaluza mantenga limpios los montes públicos de la Junta. No obstante, este porcentaje representa solo un 25% del total de terreno forestal de Andalucía, puesto que el  75% de superficie forestal se encuentra en manos privadas. Según la Asociación, “en estos casos el monte  debe mantenerse preparado para prevenir los incendios forestales en base a los Planes de Prevención elaborados y llevados a cabo por los propios propietarios. El problema viene cuando se autorizan Planes de Prevención vacios de contenido, donde solo aparece el límite de las parcelas pero no se incluye ninguna estructura de prevención de incendios forestales tales como cortafuegos o fajas auxiliares. El engaño de los Planes de Prevención radica en que mientras año tras año se aumenta el número de fincas particulares con planes aprobados, este aumento estadístico que tanto gusta al político de turno se hace con planes vacios que no contemplan ninguna medida para prevenir incendios, lo que a la hora de la verdad se traduce, en no pocas ocasiones, en que el Director de Extinción de un incendio no puede combatir el fuego apoyándose en fajas o líneas cortafuegos que deberían estar contempladas en un Plan de Prevención de una finca particular”.

El Infoca tiene un buen punto de partida, pero no por ello hay que negar que se deba y se pueda mejorar.

Cuando los resultados obtenidos por el Plan Infoca han sido aceptables, coincidiendo con unas condiciones meteorológicas desfavorables para el fuego, las conclusiones de la Junta de Andalucía han sido que el operativo de extinción es una maquinaria perfectamente engrasada y que la Consejería machaca los fuegos antes de que se inicien. Por el contrario, en la presente temporada  donde los factores meteorológicos se han alineado de forma desfavorable, el fracaso se justifica exclusivamente en base a la climatología. La AAMAA afirma que “este análisis es simplista, denota falta de humildad, prepotencia  y una ausencia total de autocrítica por parte de los responsables políticos del Plan Infoca, es preciso un análisis pormenorizado para entender en que se ha fallado y que es mejorable para el futuro. Es lo menos que se debe a los andaluces”.

Fuente: Elaboración propia.

Enlace con la noticia: europapress.es

¿Ajuste de cuentas con los que preparan oposiciones, al estilo de la mafia siciliana con tufillo del más cutre de los western americanos?

¿Se está produciendo un ajuste de cuentas ambientado en la mafia siciliana, con tufillo del más cutre de los Western americanos?. Podríamos hacer esta pregunta si queremos resolver la incógnita de si la Administración de la Junta de Andalucía, con la escusa de la crisis, ha saldado cuentas pendientes con los que vienen preparando oposiciones para acceder a la función pública andaluza. No olvidemos que estos han participado de forma activa en las movidas y manifestaciones que se vienen celebrando contra la “desordenación del sector público” promovida por la Junta y sus sindicatos “simpatizantes”.

Desde el año 2007 hasta la fecha no se ha producido la incorporación de ningún miembro de nuevo ingreso en el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta falta de apuesta de la Administración hacia nuestro colectivo profesional solo puede achacarse a la crisis desde hace dos años, pero la situación de abandono viene, como venimos exponiendo de forma reiterada, de bastante tiempo atrás. En estos últimos años, el número de Agentes ha descendido paulatinamente en más de un centenar de efectivos pues no se ha procedido a la reposición de ninguna de las plazas perdidas por jubilaciones, defunciones o por haber quedado vacantes por algun@s compañer@s que desesperad@s ante la ausencia de carrera profesional y empujad@s por las múltiples dificultades que diariamente nuestra propia Administración nos plantea para poder trabajar con una mediana dignidad han abandonado el barco de los Agentes al haber sacado plaza por Concurso-Oposición en otros Cuerpos de la Junta.

La apuesta de la Junta de Andalucía parece clara: eliminar el acceso de nuev@s trabajador@s a través de la vía del Concurso-Oposición, potenciando hasta el extremo una Administración paralela (representada a las mil maravillas por la antigua Egmasa) insostenible en el momento actual (y a la cual se accede por mecanismos que en ningún caso van de la mano del cumplimiento de unos requisitos académicos indispensables, la valoración de méritos, la capacidad y la igualdad de oportunidades). 

Este conflicto entre la distinta forma de acceso a la Administración de los futuros funcionarios y el que vienen utilizando los empleados de las nuevas Agencias también ha generado “daños colaterales” en otros colectivos que han optado por preparar su futuro profesional dentro de la Administración de la Junta de Andalucía por la vía legal del Concurso-Oposición libre.

Valga esta nota como reconocimiento al mérito de los opositores. Siguen invirtiendo tiempo y dinero para comprar temarios, pagar a Academias de formación o preparadores y realizar cursos y jornadas baremables en las Oposiciones, compatibilizan trabajos precarios para poder subsistir con la preparación de oposiciones, y sobre todo: ven como se cachondean en su cara muchos de los que entran en la Administración por la puerta falsa de las Agencias. El malestar, y sobre todo la preocupación y la frustración de los Opositores, se deja claro en el documento que hemos recibido y que adjuntamos (tras haber eliminar los datos personales del remitente).

Fuente: Elaboración propia

Exigimos a la Junta parar la usurpación de funciones de los Agentes de Medio Ambiente y devolver las competencias ya robadas

Tras las intensas movilizaciones de los funcionarios andaluces que tuvieron lugar el pasado año contra el Decreto de Reordenación del Sector Público aprobado por el Gobierno de esta comunidad y como consecuencia del recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 10 de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, en base a la cual se invalida mediante auto la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), estableciendo como medida cautelar que se retorne a la situación anterior, hecho que ya no es posible, dado que EGMASA ha dejado de existir como empresa pública.

La plataforma de empleados públicos que interpuso el recurso, volvió a presentar ante este órgano judicial una petición para que se adopte dicha medida cautelar, denunciando que diferentes trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA, antigua EGMASA) siguen realizando las mismas funciones que venían desempeñando, muchas de las cuales se consideran exclusivas para el personal funcionario. Al no existir ya EGMASA cuando se presentó el recurso, el titular del Juzgado considera que no cabe la posibilidad de retrotraer al personal de la AMAYA a tal situación, por lo que no debe ser de aplicación la medida cautelar que inicialmente se adoptó. Sin embargo, en un nuevo auto éste advierte de la imposibilidad de que el personal de la AMAYA realice funciones reservadas a funcionarios, porque podrían estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

Como consecuencia de esto, recientemente los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (antigua Consejería de Medio Ambiente) han recibido instrucciones directas de la Secretaria General Técnica, Macarena Bazán Sánchez, para que “ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones”. Mediante esta orden, los Delegados Provinciales tienen la misión de detectar y analizar las taréas que vienen siendo realizadas por personal externo contratado por la Agencia (antigua EGMASA)  y asegurarse de que no conllevan la realización de potestades públicas reservadas a los funcionarios, así como que éstas se desarrollen con sus medios, materiales y en sus centros de trabajo.

Desde la AAMAA esperamos que esto no quede en un simple papel para que alguien se cubra las espaldas ante posibles responsabilidades penales y se efectúe realmente esta devolución de competencias a los funcionarios públicos y, en el caso que nos ocupa, a los Agentes de Medio Ambiente que diariamente vemos cómo nuestras funciones van desapareciendo para ser realizadas por personal contratado, con la consiguiente duplicación de funciones y de presupuesto. Son multitud de tareas las que, poco a poco, hemos visto como se desvanecen: censos de especies silvestres de flora y fauna, gestión de la caza en montes públicos, supervisión de trabajos forestales en montes públicos, manejo de especies amenazadas en diversos programas de recuperación, reintroducción o conservación (traslados, recogidas de pollos o huevos, capturas para controles veterinarios, capturas para traslocación o para traslado al CREA, levantamiento de actas para mantener la “cadena de custodia” de estos animales y evitar expolios, etc), información sensible que no se facilita a los Agentes de la autoridad pero que sí está en manos de personal externo ajeno a la Administración y un largo etcétera. 

Especial mención merece también la usurpación de funciones en incendios forestales, donde actualmente y desde hace varios años nos encontramos inmersos en una total falta de responsabilidad por parte de la Administración de cara a la campaña del INFOCA. La antigua EGMASA ya se hizo en su día con la extinción, desplazando al Cuerpo de Agentes. La prevención, coordinación e investigación de incendios están ahora en juego y con ella nuestros montes y la seguridad del personal que participa en los mismos. Ahora nos encontramos con zonas en las que los  incendios son dirigidos por personal no funcionario (totalmente ilegal) o por los directores de extinción de los Centros Operativos Provinciales sin personarse en el incendio, desde un despacho, cuando hay muchos fuegos que apagar y más de 1000 Agentes de Medio Ambiente entre cuyas funciones está la prevención, dirección de extinción e investigación de los incendios forestales. No existe la necesidad de pagar a nadie más para hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde.

Del mismo modo, la dotación de medios de la que carecemos los Agentes de Medio Ambiente, que siempre ha sido escasa y agravada por la situación económica actual, parece no afectar a la antigua EGMASA que disfruta de vehículos nuevos, perfectamente rotulados, cámaras fotográficas, dispositivos GPS, PDA, teléfonos sin restricción de llamadas y diverso material para desarrollar el trabajo que nos corresponde a los funcionarios con dinero público, todo ello bajo el paragüas de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que sí se elaboró para la empresa pública y sus empleados  y que seguimos sin tener los Agentes de Medio Ambiente, algo totalmente ilegal que hemos denunciado en multitud de ocasiones.

El ciudadano debe saberlo, se está malgastando el dinero de sus impuestos en pro de empresas públicas y Agencias que no hacen más que duplicar funciones y doblar los presupuestos, además usurpando funciones propias de los funcionarios públicos.

Fuente: elaboración propia.

SAFJA felicita a los miles de funcionarios que han conseguido frenar la integración del personal de Egmasa a la Agencia

Alfredo Pérez, Presidente del Sindicato, exalta el valor de la lucha que los funcionarios públicos están llevando a cabo contra la Ley 1/2011 y da su enhorabuena a las asociaciones que han conseguido paralizar la integración de Egmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, muestra su satisfacción y felicita a los miles de compañeros funcionarios que forman Al-Andaluz de Córdoba y Defiendo mi derecho de Sevilla por lograir que la Justicia paralice la funcionarización del personal laboral de Egmasa, en el marco de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz.

Según ha publicado hoy El Mundo Andalucía, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, en un Auto del 16 de junio, ha suspendido cautelarmente el protocolo de integración del personal de Egmasa a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Las citas del juez recogidas son especialmente esperanzadoras cuando afirma que “las denuncias de los actores sobre la funcionarización encubierta no pueden tener más acogida en esta sede que la de su razonable probabilidad”. Y continúa afirmando que el protocolo impugnado, “obvia por completo cualquiera de los controles de acceso al empleo público determinados legal y constitucionalmente”.

SAFJA considera que la Justicia ha dado un importante paso adelante hacia la lucha contra la polémica Ley del enchufismo. El Auto afirma que el protocolo de integración, similar al del resto de Agencias, no está sujeto a “las exigencias y garantías constitucionales que a cualquier ciudadano se imponen para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública”.

El demoledor Auto hace crecer, aún más si cabe, las expectativas del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía para acabar contra una Ley que pretende colar por la puerta de atrás a decenas de miles de empleados, el número oscila entre los 20.000 y los 40.000, de las empresas públicas cuyos méritos serán tomados en la medida de su proximidad con el partido gobernante.

El éxito de los 5.000 funcionarios que han promovido esta denuncia es extensible a todos los funcionarios de la Administración General de la Junta y, concretamente, a este Sindicato que
agradece el esfuerzo y la lucha de estos compañeros.

Por su parte, SAFJA tiene recurridos los estatutos y protocolos de integración de todas las Agencias. Todos estos procedimientos judiciales siguen también adelante tras la admisión a trámite concedida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Alfredo Pérez Martínez, Presidente y Coordinador General de SAFJA, felicita “a los compañeros funcionarios por la buena noticia recibida, fruto de su tesón y trabajo en una lucha que es de todos. Estos funcionarios han conseguido que sea la Justicia la que frene en seco la integración por la puerta de atrás de una empresa pública". “Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía esperamos que esta nueva puerta que la Justicia deja abierta, junto a las admisiones a trámite de los recursos que SAFJA ha interpuesto ante el TSJA, sea el principio del fin de la cuestionable y subjetiva reordenación del sector público andaluz”.

Pérez Martínez finaliza sus declaraciones alabando la “valentía de los funcionarios públicos que se oponen públicamente, en los medios de comunicación, en la calle o en los juzgados, a las imposiciones y al amiguismo político del Gobierno andaluz. Y es que como trabajadores al servicio de los ciudadanos, no estamos dispuestos a ver deterioradas las prestaciones públicas por una descarada, interesada y caprichosa privatización encubierta y gravemente peligrosa para los derechos de todos".

Fuente: SAFJA

Agentes de Medio Ambiente denuncian la pérdida de funciones en pleno Plan Infoca

• La Junta utiliza un reconocimiento médico para dejarlos fuera
• Hace meses que denuncian el desmantelamiento progresivo del colectivo
• Su trabajo lo está realizando personal laboral de Egmasa y las nuevas agencias
• El reconocimiento médico encubre una intención de reducir la plantilla, afirma

Unos quinientos agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía -prácticamente la mitad del colectivo- se han manifestado este lunes en Sevilla en protesta por la situación laboral que desde hace unos años vienen padeciendo y que ha sufrido una vuelta de tuerca con la implantación de un reconocimiento médico que está provocando el desmantelamiento definitivo de sus funciones.

Hace tiempo que los agentes, que son personal funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, vienen denunciando el desmantelamiento progresivo de sus funciones en favor del personal laboral de Egmasa y, ahora, de las nuevas agencias surgidas tras la reordenación del sector público que ha acometido la Junta de Andalucía.

"El reconocimiento médico es la gota que colma el vaso", afirma Antonio González, uno de los portavoces del colectivo. Los agentes, según explica, no se oponen a someterse a un reconocimiento médico, "pero sí a que se utilice éste como criterio para dejarnos fuera del Plan Infoca", justo ahora que, con la llegada del calor, acaba de empezar la campaña de prevención de incendios forestales. En la provincia de Cádiz, todos los agentes de medio ambiente, en torno a un centenar, se han quedado fuera del Plan Infoca por este motivo.

"Nuestro trabajo conlleva unos riesgos y es obvio que debemos someternos a reconocimientos médicos. No nos oponemos a hacernos un reconocimiento médico; nos oponemos a hacernos este reconocimiento", explica González.

"El problema de fondo es la negativa de la Consejería a publicar una Ley que regule y enmarque a los agentes en una Administración Especial, al igual que otros colectivos de funcionarios del sector de la Sanidad y la Docencia, con lo que se solucionarían el 90% de nuestros problemas. No entendemos como puede ser tan fácil sacar una Ley y un sinfín de Decretos para colar en la Administración a más de 20.000 afines externos, y a la vez ser tan difícil regular por Ley Especial a solo 1.100 funcionarios de carrera".

"Si los reconocimientos velaran por nuestra seguridad, no se limitarían al periodo de extinción", afirma, al tiempo que añade que "si se buscara la seguridad laboral tendría que contemplar todo el año, no sólo el periodo de extinción alto, donde parece que los agentes sobramos, mientras el resto del año, como no hay tanto personal de la antigua Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) dedicada a extinciones forestales, ya si interesan los agentes".

Por otro lado, tampoco entiende el "empecinamiento" de la Consejería en evaluar la seguridad "sólo en materia de incendios", cuando el trabajo de los Agentes de Medio Ambiente tiene otras tareas de riesgos que "no se miden de manera alguna por la Junta". Por ejemplo, ha señalado que el departamento de José Juan Díaz Trillo "se niega de forma rotunda a evaluar la flota de vehículos de los agentes, algo que haría si le interesara la seguridad de los trabajadores forestales".

 

Reducción de la plantilla

Antonio González asegura que "que la intención de la Consejería es reducir la plantilla actual de aproximadamente 1.100 agentes a 400, restringiendo sus funciones a tareas de investigación y extinción de incendios". Pero esa reducción de plantilla no se puede hacer por unos reconocimientos médicos, se queja. "Se debería crear una especialidad y seleccionar al personal en función de criterios de formación, experiencia y un examen".

Desde que se transfirieron las competencias en materia de Medio Ambiente del Gobierno a la Junta en 1984 "existe una falta de apoyo de la Consejería a los agentes", rozando, según resalta, "casi el desprecio". "Estamos cansados de las decisiones unilaterales de la Consejería", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que existe "una infinidad de problemas pendientes que se deben tratar, pero estos reconocimientos médicos son un lavado de cara para curarse en salud ante cualquier accidente durante la campaña de incendios del Infoca".

Los agentes que se han manifestado este lunes en Sevilla han participado en una donación colectiva de sangre para llamar la atención sobre la situción del colectivo.

Fuente: elmundo.es

La policía de Griñán también carga contra los Agentes de Medio Ambiente de la Junta

La policía de la Junta de Andalucía cargó breve pero contundentemente según testigos presenciales contra los 500 Agentes de Medio Ambiente que se manifestaron ayer lunes en Sevilla para protestar contra su situación laboral. Además, tras la manifestación la policía autonómica dedicó sus afanes a identificar a los agentes participantes y esperaron a los manifestantes a la salida de la donación de sangre que efectuaron. Como consecuencia han sido denunciados dos de ellos por desórdenes públicos, hasta el momento. VEA MÁS FOTOS

La carga policial se produjo cuando sus efectivos trataron de impedir el paso a una representación de los agentes de medio ambiente para entregar un manifiesto.

El descontento de los AMA (Agentes de Medio Ambiente Andaluces) viene de atrás. Como ya viene siendo habitual, sus funciones han ido siendo usurpadas por la empresa pública EGMASA y desde hac muy poco,, tras el desmantelamiento de ésta, por el personal de la nueva superagencia constituida tras el decretazo.

Según las declaraciones de uno de los responsables, "el problema de fondo es la negativa de la Consejería a publicar una Ley que regule y enmarque a los agentes en una Administración Especial, al igual que otros colectivos de funcionarios del sector de la Sanidad y la Docencia, con lo que se solucionarían el 90% de nuestros problemas. No entendemos como puede ser tan fácil sacar una Ley y un sinfín de Decretos para colar en la Administración a más de 20.000 afines externos, y a la vez ser tan difícil regular por Ley Especial a solo 1.100 funcionarios de carrera".

Además, el objetivo del gobierno Griñán es reducir la plantilla de 1.100 a 400 y restringir sus funciones a tareas de investigación y extinción de incendios". Pero esa reducción de plantilla trata de hacerse mediante unos reconocimientos médicos, gota qu ha colmado el vaso.

Según su manifiesto, "conocidas son ya las reivindicaciones de esta Asociación por parte de la Consejería de Medio Ambiente de las que volvemos hacerles entrega, ya que dichas ausencias son la base de la desastrosa gestión que realiza sobre este colectivo y que una vez más con una decisión inoportuna como es la retirada de la condición como “Directores de Extinción” se ha puesto de manifiesto el más mínimo interés llegando a causar un problema más en vez de ir solucionando los ya creados.

Con la excusa de no pasar o no tener un reconocimiento médico se ha querido hacer ver que se vela por nuestra seguridad a sabiendas de que no disponemos de un PPRL aprobado y de que tal reconocimiento no se realiza al resto de situaciones igual o más peligrosa si cabe que las que realizamos en los incendios, tales como el seguimiento de la caza, vertidos, la conducción reiterada en vehículos no adaptados o inadecuados etc… y que no son más que el fruto de la nula apuesta que se tiene por el colectivo y de una chapuza más que ha sumado una gota más a un vaso ya colmado de por sí, que ha propiciado la respuesta de todo un colectivo con la participación de la AAMAA en representación de sus asociados.

La precaria situación de la vigilancia en la que se encuentra el patrimonio natural, necesita que estos funcionarios dispongan de una normativa de regulación que contenga cuestiones tan básicas como su uniformidad y acreditación, visualización por los ciudadanos de los vehículos oficiales con imagen propia como Agentes, dotación de prioritarios de emergencia, especialización de funciones, protocolos de actuación, consolidación de competencias, plan de prevención de riesgos laborales, dotación de seguridad, etc. para el desarrollo de sus funciones de custodia y vigilancia del medio natural y de sus recursos.

Por ello este acto de protesta pretende la solución de la citada problemática en base a los siguientes puntos:

1º Ley de Regulación del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

2º Plan de Prevención de Riesgos Laborales propio del colectivo y Protocolo de Vigilancia de la Salud de forma seria, con su cuadro de exclusiones, segunda actividad, posibilidad de reincorporación si se corrigen los requisitos exigidos etc.. y no de la actual forma que no hace más que responder a los objetivos de eliminación que pretende la Consejería, creando una situación de indefensión y no una verdadera protección de la salud.

3º Creación de especialidades por materias (extinción / investigación de incendios, caza, pesca, flora, etc.)

4º Aumento de plantilla, fomento de la promoción vertical y horizontal, movilidad geográfica, conciliación familiar y segunda actividad (embarazadas, minusválidos, problemas de salud, etc.) y oferta de ocupación inmediata de las plazas vacantes para los propios AMA´s (evitando así la perdida actual de plazas)

5º Medios adecuados para una mayor profesionalización y servicio al ciudadano: vehículos adaptados, EPI´s, centros de trabajo, imagen corporativa propia, creación de protocolos de actuación, y centros operativos y emisora exclusivos para Agentes de Medio Ambiente ya que actualmente al no disponer de frecuencia de comunicaciones propia esta es utilizada para todo tipo de tareas por personas de la empresa EGMASA (peones, encargados, etc) y policía autonómica, entre otros.

6º Solución inmediata de los problemas provocados por el cambio de criterio y/o incumplimiento de acuerdos por parte de la Consejería de Medio Ambiente derivados de la falta de Regulación y de la continua rotación de cargos políticos, tales como: problemática de la participación de los Agentes de Medio Ambiente en el Plan Infoca, damnificados en los últimos concursos (Encargados U.T. - niveles 16 a extinguir y niveles 16/18 con las mismas funciones con diferencia salarial), prohibición de registro de denuncias, consolidación de grado base 16, adaptación y revisión de la orden de jornadas y horarios y ausencia de protocolo de actuación en cuanto a nuestras obligaciones como Policía Judicial (hecho este por el cual, la Fiscalía General del Estado ha manifestado su inquietud mediante escrito a esta asociación), entre otros."

Hace tiempo que los agentes, que son personal funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, vienen denunciando el desmantelamiento progresivo de sus funciones en favor del personal laboral de Egmasa y, ahora, de las nuevas agencias surgidas tras la reordenación del sector público que ha acometido la Junta de Andalucía.

"El reconocimiento médico es la gota que colma el vaso", afirma Antonio González, uno de los portavoces del colectivo. Los agentes, según explica, no se oponen a someterse a un reconocimiento médico, "pero sí a que se utilice éste como criterio para dejarnos fuera del Plan Infoca", justo ahora que, con la llegada del calor, acaba de empezar la campaña de prevención de incendios forestales. En la provincia de Cádiz, todos los agentes de medio ambiente, en torno a un centenar, se han quedado fuera del Plan Infoca por este motivo.

Fuente: Por Andalucía Libre

Agentes de Medio Ambiente se manifiestan en Sevilla contra la gestión del Consejero Díaz Trillo

Desde las 10 de la mañana del lunes 13 de junio, Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se manifestarán en Sevilla contra la nefasta gestión que viene sufriendo este colectivo profesional por parte del equipo del actual Consejero de Medio Ambiente D.  José Juan Díaz Trillo.

A las distintas convocatorias de diferentes Organizaciones Sindicales se suma la propuesta de la Asociación de Agentes de realizar una DONACION MASIVA DE SANGRE en el Centro Regional de Transfusión sanguínea de Sevilla, a partir de las 14 horas. Según Antonio González, presidente de la Asociación de Agentes, “con este gesto, a la vez que reflejaremos la indignación de nuestro colectivo frente al abandono que sufrimos por parte de la Consejería, vamos a colaborar con la necesidad de sangre que en estas fechas tiene el Centro Regional de Transfusión. Solo nos falta dar nuestra sangre a los ciudadanos, cosa que también vamos a hacer”.

Según Antonio González, “la imposición de reconocimientos médicos obligatorios es lo que ha hecho reventar al colectivo, pero el problema de fondo es la negativa de la Consejería a publicar una Ley que regule y enmarque a los Agentes en una Administración Especial al igual que otros colectivos de funcionarios del sector de la Sanidad y la Docencia, con lo que se solucionarían el 90% de nuestros problemas. No entendemos como puede ser tan fácil sacar una Ley y un sinfín de Decretos para colar en la Administración a más de 20.000 afines externos, y a la vez ser tan difícil regular por Ley Especial a solo 1.100 funcionarios de carrera“.

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente quiere agradecer la comprensión de aquell@s compañer@s que no han podido asistir a los actos de protesta por el cumplimiento de los servicios mínimos. “Aún disminuyendo el número de Agentes protestando en Sevilla, es necesario cubrir de forma más que holgada nuestra presencia en el monte para demostrar una vez más nuestra profesionalidad a los andaluces. Esperemos que el Señor Díaz Trillo se contagie de esta responsabilidad y de un giro radical en su política tratando de una vez de atender a las demandas del Cuerpo de Agentes”, afirma González.

Para descargar el manifiesto de peticiones de la AAMAA, haz click aquí.

Fuente: Elaboración propia

Manifestación en Sevilla, el 14 de Mayo, contra el enchufismo y el despilfarro en la Junta de Andalucía

 

El próximo sábado 14 de mayo a las 12 horas, nueva manifestación en Sevilla, de carácter autonómico, convocando a todos los empleados públicos y opositores de la Junta de Andalucía, así como a la ciudadanía andaluza, en protesta por la promulgación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del Sector Público en Andalucía, también conocida como “Ley del Enchufismo”, así como por la aprobación de los Decretos de Creación de 8 Agencias por el Consejo de Gobierno, el pasado 19 de abril (martes santo), nuevamente con alevosía y en periodo vacacional, tal y como ocurrió con el Decreto 5/2010.

La manifestación transcurrirá desde la Plaza Nueva, pasará por la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo y finalizará en la Plaza de España.

Esta convocatoria es fruto del acuerdo adoptado en la reunión de empleados públicos andaluces, celebrada en Antequera del pasado 16 de marzo, y a ella concurrirán, además de las Plataformas y Asociaciones de Empleados Públicos, Opositores y Funcionarios, las organizaciones sindicales más representantivas del Sector Público Andaluz en todos sus ámbitos y que no han actuado en connivencia con la Junta de Andalucía, para consumar la aprobación de una ley, a todas luces, inconstitucional.

Sobre la citada inconstitucionalidad de la Ley se ha pronunciado el reconocido jurista Profesor D. Manuel Clavero Arévalo, en el informe emitido a petición de la Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía y que ha sido presentado al Defensor del Pueblo Andaluz, D. José Chamizo de la Rubia, para su remisión a Dña. Mª Luisa Cava de Llano y Carrió que, en la actualidad, ostenta -en funciones- el cargo de Defensora del Pueblo Español, a fin de que interponga, como uno de los órganos legitimados para ello, recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

CONVOCAN:

Las siguientes plataformas, asociaciones y organizaciones sindicales:

Plataformas y Asociaciones:

• Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía (PEPA)
• Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía Asociación
• El Tercer Lado
• Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública
• Plataforma de Enseñanza Pública de Andalucía

Organizaciones Sindicales:

• Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSI-F)
• Confederación General del Trabajo-Andalucía (CGT-Andalucía)
• Unión Sindical Obrera-Andalucía (USO-Andalucía)
• Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA)
• Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA)
• Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
• Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA)
• Asociación Sindical PIENSA VOLENS
• Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA)

La situación de los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía

La situación por la que atraviesa (y sobre todo en la que queda) el colectivo de Agentes de Medio Ambiente en la comunidad andaluza tras la aprobación de la Ley 1/2011 de 17 de febrero de Reordenación del Sector Público de Andalucía, deja entrever aspectos que hacen temer a los agentes por su futuro.

Lo que en un principio era una función pública con personal funcionario, independiente y seleccionado mediante oposiciones para la custodia del medio ambiente, pasa a ser una Agencia Pública Empresarial, "Agencia del Medio Ambiente y Agua de Andalucía", con personal laboral procedente entre otros del personal de la empresa EGMASA. La función de dicha agencia no es otra que la de gestionarlo todo, todo lo que se le pueda adscribir mediante decreto. Es una situación parecida a la que teníamos con EGMASA, pero que da más poder a la agencia en todos los sentidos, yendo claramente en contra del personal funcionario fagocitando sus puestos, funciones, medios y presupuestos.

Asambleas y movilizaciones de Asociaciones como la de los Agentes de Medio Ambiente trataron de evitar que saliera adelante la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía.

Se crítica la nueva Ley, porque no se entiende que pasen a ser fijos de la Junta de Andalucía personal que no ha superado ningún tipo de pruebas con publicidad, igualdad y mérito, y que se reduzca la oferta pública de empleo mientras crece una administración paralela sin la debida selección.

Los Agentes de Medio Ambiente.

Aún seguimos en la brecha los que amamos esta profesión, quedan muchas cosas por clarificar en tanto y en cuanto se aprueban los estatutos de las agencias. A día de hoy continuamos como podemos haciendo nuestras funciones, luchando por permanecer en la conservación de la naturaleza de forma independiente y profesional. No queremos perder funciones históricas ni la identidad de nuestro colectivo. Trabajamos con más ganas que medios, con más auto-formación que formación impartida por la administración y con la esperanza en cuatro párrafos de esta ley que dicen "Las funciones que impliquen ejercicio de autoridad serán ejercidas por personal funcionario", o en el plan de inspecciones publicado en el Boja para el año 2011.

Regulación de Sector público sí, pero no es lo que se ha hecho, se ha regulado una administración paralela con muchas incógnitas y se ha dejado a la verdadera administración en el olvido, con más restricciones, menos plazas, menos funciones y acusados de fascistas por defender los derechos de una función pública libre. Los Agentes de Medio Ambiente seguimos en el abandono más absoluto. Pasan los lustros sin que nadie se preocupe por regular este colectivo con un potencial tan grande, todo es provisional, todo son rumores, todo son recortes, "a ver si este año...", y mientras tanto "¡Andalucía imparable!."

El futuro.

Lo cierto es que para la administración somos muy incómodos al no estar sujetos a los dictámenes del partido y contar con algo tan peligroso como la independencia de unos profesionales que pueden actuar y llevar ante la justicia casos embarazosos para el partido en el gobierno.

Ante todo esto me pregunto, ¿cómo hemos llegado a esto?, ¿quiénes son los responsables?, ¿reaccionaremos ante esta forma de hacer las cosas?. El futuro está por escribirse.

Fuente: Revista Guardabosques, número 52.