La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de
Andalucía (AAMAA) ha remitido un escrito al ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, en el cual solicitan que, ante la prevista
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador establece la
exclusión de este colectivo de las labores de policía judicial, estos
trabajadores puedan conservar unas funciones que llevan ejerciendo "desde hace mucho tiempo".
El presidente de la asociación, Antonio González, ha explicado a
Europa Press que, según la información que ha trascendido, los agentes
tendrían que remitirse a ser
"simples mensajeros" cuando
localicen casos relacionados con actividades delictivas en un entorno
natural, tales como incendios forestales, fauna envenenada o muerte
violenta de linces.
"Eso no es operativo, hasta ahora actuamos directamente cuando tenemos conocimiento",
ha defendido González respecto a la intervención de un cuerpo "con
cerca de mil funcionarios de carrera, en contacto directo con el campo y
que está ahí de inmediato en el momento en que se detecta una
incidencia".
Con la nueva normativa, critica el presidente de AAMAA,
"nos encontraríamos con que no podríamos actuar en la investigación de
un delito, que habría que pasar a la Policía Nacional adscrita a la
Junta o a la Guardia Civil". A su juicio, debe apostarse por otorgar
mayor seguridad, "y no quitar a un colectivo que tiene 130 años de
historia de investigación en estos delitos de ese proceso directo y ya
asumido".
Y es que, actualmente, la normativa clasifica y considera policía
judicial en sentido genérico a todo funcionario que ostente la condición
de agente de la autoridad y que pertenezca a las administraciones
públicas, que tenga encomendadas las funciones de policía y custodia de
los bienes jurídicos de naturaleza forestal.
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN JURÍDICA
Así, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se
solicita este extremo en aras a la mejora de la situación jurídica, "que
estamos seguros debería realizarse por medio de una ley estatal de
regulación específica para todos los cuerpos de agentes medioambientales
o forestales adscritos a las administraciones públicas estatal,
autonómica y local".
Limitar el carácter de policía judicial de estos agentes, según el
colectivo, "impediría claramente llevar a cabo cualquier diligencia de
investigación de delitos ambientales en fincas particulares, puesto que
sólo podríamos actuar de forma improvisada, si nos encontramos con el
hecho flagrante".
Por otro lado, el sindicato CSI-F se ha reunido con el Grupo
Parlamentario Popular Andaluz, al que se le ha propuesto que interceda
ante el Gobierno central en este caso, así como la creación y desarrollo
de una ley andaluza de regulación del cuerpo de Agentes de Medio
Ambiente.
