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28 de enero de 2013

Antonio Vercher Noguera, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo y Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, confirmaba recientemente al Comité Organizador del Congreso su aceptación a formar parte del Comité de Honor del II Congreso de Agentes Forestales y Medioambientales de España. En la medida en que su Agenda se lo permita, Vercher podría partipar en alguna de las Mesas de Debate que tendrán lugar en Toledo, aunque este extremo está por confirmar. 

Son cerca de 350 los inscritos ya en el Congreso para el que faltan menos de tres meses. Si quieres apuntarte, hazlo en: www.copomat.es

27 de enero de 2013

Agentes de Medio Ambiente piden a Gallardón que no se les excluya de las labores de policía judicial

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) ha remitido un escrito al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el cual solicitan que, ante la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador establece la exclusión de este colectivo de las labores de policía judicial, estos trabajadores puedan conservar unas funciones que llevan ejerciendo "desde hace mucho tiempo".

El presidente de la asociación, Antonio González, ha explicado a Europa Press que, según la información que ha trascendido, los agentes tendrían que remitirse a ser "simples mensajeros" cuando localicen casos relacionados con actividades delictivas en un entorno natural, tales como incendios forestales, fauna envenenada o muerte violenta de linces.

"Eso no es operativo, hasta ahora actuamos directamente cuando tenemos conocimiento", ha defendido González respecto a la intervención de un cuerpo "con cerca de mil funcionarios de carrera, en contacto directo con el campo y que está ahí de inmediato en el momento en que se detecta una incidencia".

Con la nueva normativa, critica el presidente de AAMAA, "nos encontraríamos con que no podríamos actuar en la investigación de un delito, que habría que pasar a la Policía Nacional adscrita a la Junta o a la Guardia Civil". A su juicio, debe apostarse por otorgar mayor seguridad, "y no quitar a un colectivo que tiene 130 años de historia de investigación en estos delitos de ese proceso directo y ya asumido".

Y es que, actualmente, la normativa clasifica y considera policía judicial en sentido genérico a todo funcionario que ostente la condición de agente de la autoridad y que pertenezca a las administraciones públicas, que tenga encomendadas las funciones de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal.

PARA MEJORAR LA SITUACIÓN JURÍDICA

Así, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita este extremo en aras a la mejora de la situación jurídica, "que estamos seguros debería realizarse por medio de una ley estatal de regulación específica para todos los cuerpos de agentes medioambientales o forestales adscritos a las administraciones públicas estatal, autonómica y local".

Limitar el carácter de policía judicial de estos agentes, según el colectivo, "impediría claramente llevar a cabo cualquier diligencia de investigación de delitos ambientales en fincas particulares, puesto que sólo podríamos actuar de forma improvisada, si nos encontramos con el hecho flagrante".

Por otro lado, el sindicato CSI-F se ha reunido con el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al que se le ha propuesto que interceda ante el Gobierno central en este caso, así como la creación y desarrollo de una ley andaluza de regulación del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente.


Filtro político para las denuncias de los Agentes de Medio Ambiente

La Consejería les impide presentar las irregularidades por registro y les obliga a dárselas al coordinador provincial.

Las denuncias de los funcionarios sobre usurpación de potestades públicas en el seno de la Junta de Andalucía es un ejemplo de cómo la Administración prima a trabajadores que no han pasado por un proceso público y de libre concurrencia en beneficio de un mayor control político. El último ejemplo lo protagoniza la Consejería de Medio Ambiente, que mediante una instrucción ha prohibido a los Agentes de Medio Ambiente la presentación de denuncias por registro y les obliga ahora a trasladárselas al coordinador provincial para su análisis. Será éste el que decida si se las envía a la Sección de Informes y Sanciones dependiente de la Secretaría General para determinar «la oportunidad de acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de acuerdo a la normativa especializada». 

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía recuerda que ellos actúan como Policía Judicial Genérica y que, entre sus obligaciones está «comunicar a los órganos oportunos el conocimiento de infracciones y/o delitos medioambientales en el momento de tener constancia de los mismos». Al no pasar por registro oficial y entregárselas al coordinador provincial, no hay constancia documental, lo que, a su juicio, les provoca «inseguridad jurídica».

La Consejería se escuda en el «gran número de competencias» que posee «dentro de la actuación administrativa de la Junta de Andalucía» y la existencia «de muchas leyes y normas» lo que explica «el notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores que se inician». La instrucción señala que «estos procedimientos presentan una gran complejidad tanto jurídica como técnica» y que, «para optimizar los escasos recursos humanos disponibles» es mejor implantar un filtro. 

Para la portavoz de Medio Ambiente del PP-A Carolina González Vigo, esta decisión es «un auténtico atropello al Estado de Derecho» ya que «un político no puede decidir qué es denunciable y qué no cuando un técnico funcionario de carrera hace un informe sobre un posible delito medioambiental».

Fuente: larazon.es
 

24 de enero de 2013

El CSIF solicita que los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal no afecten a la investigación de delitos realizada por los Agentes de Medio Ambiente


El pasado 17 de enero, representantes del sindicato CSIF mantuvieron reunión en sede parlamentaria con la Portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía (Dª Carolina González Vigo). Esta organización sindical solicitó al Grupo Parlamentario Popular de Andalucía que intercediera ante el Gobierno central a favor de la invariabilidad del papel de los Agentes de Medio Ambiente como Policía Judicial genérica, de acuerdo con lo marcado en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, ante las dudas que se plantean de la interpretación del borrador con los cambios que recogerá la actualización de la citada Ley. Asimismo, solicitaron la elaboración de una Ley Andaluza de Regulación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente.

En esta línea, la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA), remitió el pasado mes de noviembre petición escrita al Ministro de Justicia (D. Alberto Ruiz Gallardón) y al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (D. Miguel Arias Cañete). 

 

Fuente: Elaboración propia.


22 de enero de 2013

Jornadas Técnicas para Agentes de Medio Ambiente en materia de Investigación de Incendios Forestales

El Infoca refuerza la formación de sus Agentes de Medio Ambiente en materia de investigación de incendio. La iniciativa forma parte de la programación anual formativa que el dispositivo ofrece a las diferentes categorias profesionales que lo integran. 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través del dispositivo Infoca, ha organizado unas jornadas de formación sobre la investigación de causas de incendios forestales en el que van a participar Agentes de Medio Ambiente adscritos al dispositivo y, específicamente, aquellos que componen las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF). El curso, que posee un total de 12 horas lectivas, contará con dos ediciones, una destinada a los agentes procedentes de las provincias de Andalucía occidental, cuya realización será en Sevilla; y otra para los agentes de las provincias orientales andaluzas, que se desarrollará en Granada.

Esta formación va a permitir a los alumnos especializarse y conocer los principales aspectos relacionados con la investigación de los incendios forestales. En este sentido, el dispositivo Infoca cuenta con las BIIF, equipos que se encargan de realizar las pesquisas necesarias sobre el terreno para esclarecer qué ha motivado el incendio forestal, trabajando de forma conjunta con la Policía adscrita a la Junta de Andalucía y la Guardia Civil, con objeto de esclarecer también la autoría del siniestro.

En este curso se abordarán aspectos como la proliferación de incendios forestales derivados de líneas eléctricas, así como el marco judicial en el que se encuadran los delitos por incendios. El programa también incluye ponencias sobre las aplicaciones informáticas que actualmente se desarrollan en el dispositivo Infoca, además de otras sesiones relacionadas con la determinación del punto de inicio de los incendios, cómo se realiza la inspección ocular, la recogida de vestigios y la cadena de custodia de la prueba material de un siniestro, además de un repaso de las herramientas más útiles para apoyar el proceso de investigación. Como ejemplo de buenas prácticas en la investigación de un incendio forestal, en este curso se analizará el trabajo realizado en el esclarecimiento de la causa que provocó el incendio forestal de Coín en agosto del año pasado.

El curso está organizado por el Centro Operativo Regional del Plan Infoca y, entre las dos ediciones, está previsto que participen 80 Agentes de Medio Ambiente de las BIIF, además de otros 40 profesionales procedentes del Seprona y de la policía autonómica.

El programa formativo del Infoca se desarrolla anualmente durante los meses de peligro bajo y medio de incendios hasta el inicio de la campaña de extinción, y prevé actividades de formación específica para pilotos de aeronaves, así como otras categorías profesionales del dispositivo, como son los técnicos de operaciones, capataces de brigadas y retenes, conductores de autobombas, preparadores físicos, operadores de consola y supervisores de vehículos contra incendios. Además de la formación teórica, el Plan Infoca también desarrolla adiestramientos y simulacros prácticos sobre el terreno para su personal operativo.

 

16 de enero de 2013

Castilla y La Mancha contabilizará como trabajo la asistencia al Congreso

Así se desprende la comunicación efectuada a la Asociación Profesional de CyLM que contempla la asistencia al Congreso de Agentes que estén inscritos, como días trabajados, si bien se deberán cumplir los servicios mínimos si en esa época el peligro de incendio es de nivel medio.

La organización aplaude esta positiva actitud de la Administración castellano manchega y espera que sea imitada por otras CCAA, cosa que ya se está produciendo. El caracter púramente profesional de este Congreso redundará, en definitiva, en una mejor prestación de los servicios de estos profesionales a los ciudadanos, de manera que está más que justificada la contemplación de la asistencia de los Agentes al Congreso como días de servicio.

14 de enero de 2013

Resolución de la Fiscalía a favor de Agente de Medio Ambiente denunciado por su propio Secretario General

En varias ocasiones ha sido puesto de manifiesto que en determinadas provincias persiste la prohibición escrita de que las denuncias presentadas por los Agentes de Medio Ambiente se pasen por los Registros de Entrada de la Administración, más información en este enlace. Esta negativa, que genera una inseguridad jurídica para el Agente denunciante, se ha visto sobrepasada con un nuevo giro de tuerca cuando en la provincia de Málaga el exSecretario General de la Consejería de Medio Ambiente denuncia en la Fiscalía Provincial a un Agente de Medio Ambiente de su Delegación por preguntar por escrito en varias ocasiones acerca del estado de tramitación de diversas denuncias realizadas en el ejercicio de sus funciones entre los años 2008 y 2011. Los motivos alegados son la “usurpación de funciones públicas prevista en el artículo 402 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal”, por atribuirse en sus escritos el término “Autoridad Judicial”. O sea, si eres Agentes de Medio Ambiente, no presentes las denuncias por registro y no preguntes por el estado de los expedientes sancionadores que se hayan podido iniciar.


La RESPUESTA DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE MALAGA no ha podido ser más clara y concluyente a favor del Agente de Medio Ambiente
denunciado
: se procede al ARCHIVO DE LA DENUNCIA presentada por el exSecretario. “(…) ya que de lo aportado no se puede deducir ni siquiera indiciariamente, la existencia de delito (…)” y afirmando que "(…) realmente no existe una pretensión de atribución de funciones específicas de una autoridad, sino quizás recordar tal carácter de policía judicial genérica (…)". En concreto, en uno de los párrafos de la resolución se indica lo siguiente:
"(…) Podrá entenderse que supone un exceso de celo en la función de los Agentes de Medio Ambiente, ya que ciertamente los mismos no son parte en los procedimientos administrativos, iniciados por las denuncias que ellos formulen y en consecuencia no es necesario, dar información sobre la tramitación y estado de los mismos, pero indudablemente y puesto que no se intuye ninguna intención torticera, más que el saber cómo sigue desarrollándose el trabajo realizado, es obvio que la actuación no termina con la denuncia interpuesta, no tiene nada de especial el que un funcionario público quiera saber cómo se desarrolla posteriormente el expediente administrativo. Cuantas más personas tengan acceso a los mismos, más garantías para los administrados que verán claramente como no hay nada que ocultar, en la tramitación de los expedientes administrativos, ni motivo alguno, para dudar de la profesionalidad de los instructores de los expedientes, ni la justicia de las resoluciones, debidas exclusivamente al cumplimiento estricto de la ley y no a otras consideraciones, propias de épocas pasadas de “amiguismo y conveniencia particular (…)".

Y apoyando sin duda el carácter de Policía Judicial genérica de los Agentes de Medio Ambiente, merece mención específica el siguiente texto extraído de la respuesta del fiscal, donde de fondo se toca el problema de que la Administración ambiental funcione como "un filtro u obstáculo" para que el Cuerpo de Agentes pueda ejercer sus funciones como policía judicial:
"(...) Realmente no parece que la expresión "autoridad judicial", pueda entenderse en el sentido literal del término, más bien podría parecer que se realiza en el tono y contexto de la problemática planteada, a nivel general, en prácticamente toda España (situación que entiendo no debe ser desconocida para esa Delegación Provincial), respecto a la consideración y fundamentalmente de la interpretación correcta que deba darse a lo dispuesto en el artículo 6q) de la Ley 43/20003 de Montes, respecto del "Agente Forestal": Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad,... tiene encomendadas, entre otras funciones... la de policía judicial en sentido genérico, tal como establece el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.
Dicha cuestión, que en absoluto puede considerarse baladí, está dando lugar a numerosos problemas, planteados fundamentalmente sobre la base de la necesidad, no siempre bien entendida, desde las administraciones públicas, con competencia en la materia de Medio Ambiente, de que una vez los Agentes de Medio Ambiente, tienen conocimiento, en el ejercicio de sus funciones de hechos presuntamente delictivos, tienen la obligación de ponerlo, a su vez en conocimiento directamente, de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal, derivado directamente de su condición de policía judicial genérica.
De la existencia real del citado problema, da idea el que en las últimas reuniones de la Red de Fiscales de Medio Ambiente de España, concretamente en la IV reunión, celebrada en Cangas de Onís en noviembre el pasado año y la V reunión, celebrada en Madrid el pasado mes de septiembre, en las Conclusiones de ambas, se hace constar una referencia a la condición de policía Judicial genérica y la obligación de puesta en conocimiento de los delitos directamente a la autoridad Judicial o Ministerio Fiscal.
Abundando en lo anterior el pasado 23 de abril de 2010, la Fiscalía de Sala de la Fiscalía General del Estado, Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, contestando a una Consulta de la Coordinadora de C.G.T. de la Junta de Castilla y León, realizó un Informe en el que se recuerda la obligación establecida en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “inmediatamente que los funcionarios de Policía Judicial tuvieren conocimiento de un delito público… lo participarán a la Autoridad Judicial o al representante del Ministerio Fiscal…”; añadiendo dicho informe “La norma en este sentido, incide en que no debe haber órganos intermedios entre la Policía Judicial encargada de la investigación de un delito y la Autoridad Fiscal o Judicial (...)”.
Fuente: Elaboración propia.

Agentes de Medio Ambiente y policías vigilan vertidos de residuos peligrosos

La Junta sanciona a 20 talleres por no cumplir con la nueva legislación sobre el tratamiento final.

Once Agentes de Medio Ambiente especializados para llevar a cabo inspecciones en materia de residuos peligrosos, entre ellos los que generan los talleres mecánicos, se encargan a diario de controlar la actividad así como el tratamiento que los mecánicos dan a este tipo de desperdicios, que pueden llegar a se inflamables e incluso explosivos. También se encargan de estos cometidos los agentes de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, quienes han culminado una campaña de vigilancia e inspección que se ha saldado con una veintena de denuncias, en su mayoría por la ausencia de certificaciones de estanqueidad de los depósitos de aceite usado, o por el abandono, vertido o eliminación incontrolada de los residuos peligrosos, entre otras causas.

Según indicaron a Diario de Almería fuentes de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, "es imposible tener un porcentaje de talleres que cumplan al 100% todos los requisitos sobre residuos peligrosos en Almería, pues el 100% de estos establecimientos producen residuos de dichas características, a pesar de que no trabajan con estos materiales". Esto quiere decir que los profesionales de la automoción trabajan con vehículos y éstos generan aceites y filtros..., que son los que se deben almacenar, etiquetar y entregar a un gestor autorizado.

El año pasado también los Agentes de Medio Ambiente sancionaron a varios talleres mecánicos por realizar un tratamiento inadecuado de los residuos peligrosos, es decir eliminación incontrolada de líquidos que pueden llegar a ser altamente tóxicos.

Según la Junta de Andalucía, este tipo de actividades deben cumplir con las obligaciones impuestas por Real Decreto, especialmente las relativas al envasado, etiquetado, registro, almacenamiento y gestión posterior de los residuos generados. El tratamiento incorrecto de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividades es un riesgo para el medio ambiente y para la seguridad de las personas, según indicó el delegado de Agricultura, pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, al tiempo que cifró en 1.230 los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos que hay dados de alta actualmente en la provincia.

Fuente: elalmeria.es

10 de enero de 2013

Agentes de Medio Ambiente del Condado de Huelva denuncian la falta de medios

Los Agentes de Medio Ambiente del Condado de Huelva lanzan un SOS por la falta de vehículos para poder realizar su labor de inspección y defensa de la naturaleza. Según denuncian, sólo cuentan con tres todoterreno, algo que hace "imposible" ejecutar esa tarea en una zona especialmente sensible como es Doñana......

...... y su entorno. Así lo ha denunciado la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la Junta de Andalucía en Huelva, que tacha de "insostenible e inaceptable" el disponer únicamente de tres vehículos para dar servicio a los siete agentes y dos celadores forestales con los que cuenta la Unidad. En este sentido, algunos funcionarios consultados por este diario destacan que esta falta de medios se deja notar en detalles como contar con un único GPS o la falta de líneas móviles corporativas, si bien interpretan que se tratan de carencias que pueden suplirse con una buena organización y coordinación de los recursos humanos. No ocurre así con la falta de todoterrenos, "que conforman una herramienta esencial para la realización de los trabajos" y los desplazamientos por todo el área que tienen que cubrir.

La situación no es nueva y ya a principios de año denunciaron el estado en que se encontraban algunos 4x4 que superaban los 200.000 y los 300.000 kilómetros. Sin embargo, "la única medida articulada para corregir este despropósito fue que los coches dejaran de prestar servicio". Esta drástica decisión diezmó sobremanera la flota de vehículos, si bien matizan que lo más flagrante es que no existen partidas económicas ni para reparar los todoterreno que están estropeados, ya que cuando el presupuesto supera los 1.000 euros, por problemas de cierta enjundia como averías en la junta de culata o los cilindros, existe orden de no llevarlo al taller.

Estas mismas fuentes aseguran ser conscientes de que la situación económica impone ciertos sacrificios, si bien denuncian que su situación contrasta con las empresas públicas de medio ambiente que "trabajan con vehículos de renting", lo que crea agravios comparativos y acentúa "la doble moral y los distintos raseros con que se nos mide al personal funcionario con respecto al laboral".

En un comunicado detallan también que a esta falta de medios se suma la reducción de personal funcionario, ya que desde hace años no se ocupan las plazas vacantes tras diversas jubilaciones, por lo que "resulta prácticamente imposible realizar el servicio de forma eficaz y eficiente". De este modo, añaden, sólo su "esfuerzo y voluntad" hacen posible cubrir el elevado número de responsabilidades que tienen encomendadas.

Los agentes de la Unidad Territorial Condado de Huelva recuerdan además que esta falta de dotación humana y mecánica se produce en una zona con "problemáticas peculiares", tales como una "constante presión agrícola sobre el monte, cambios de uso, ocupaciones ilegales, presencia de especies protegidas, acontecimientos sociales de la magnitud de la Romería del Rocío, así como numerosos incendios a lo largo del periodo estival, lo que añade más gravedad a las carencias anteriormente denunciadas".

Por toda esta amalgama de motivos, la Junta de Personal de los Servicios Periféricos de la Junta de Andalucía ve reprobable que no destinen los medios oportunos para ejercer el correcto seguimiento de "los trabajos forestales, el cumplimiento de los condicionantes y de las resoluciones y expedientes sancionadores, así como la detección de posibles irregularidades, infracciones y delitos ambientales en la zona".


Agentes de Medio Ambiente denuncian a varias personas por exceso de capturas y matanza de jilgueros en el Estrecho

Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz han denunciado a varias personas por incumplir los cupos de captura estipulados para aves fringílidas (como el jilguero, el pardillo o el verderón) y por la muerte de las aves cazadas. En uno de los casos, los agentes hallaron una treintena de jilgueros completamente hacinados, algunos de ellos en estado agonizante y otros ya muertos, en el interior de tres bolsas de red. Los pájaros estaban ocultos en el interior de un vehículo que transitaba por el paraje de Los Alhelíes, en Tarifa, en el interior del Parque Natural del Estrecho. El hallazgo fue el resultado de un control de la actividad llevada a cabo por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dentro de un Plan de Inspecciones específico para el control de la actividad.

La práctica del silvestrismo (captura en vivo de aves fringílidas) no está permitida, con carácter general, por la Comunidad Europea; no obstante, en nuestro país se siguen autorizando con carácter excepcional la captura de estas aves con destino al canto, tratándose de una actividad con un amplio arraigo tradicional. Dichas autorizaciones se expiden bajo estrictas condiciones que regulan los períodos y cupos de captura, parajes, artes a emplear y especies permitidas.

Los Agentes de Medio Ambiente han realizado más de 120 inspecciones de esta actividad en diversas zonas de la provincia, de las que se deduce que si bien el 75,4% de los silvestristas cumplía con la normativa reguladora, un 24,6% presentaba algún tipo de irregularidad, mientras que el 13,5% del total de inspecciones han sacado a la luz incumplimientos graves que han obligado a formular las correspondientes denuncias, decomisos de las artes empleadas y suelta de las capturas retenidas, tal y como se establece en las directrices de esta Consejería. Especialmente preocupante resulta ser la zona del Estrecho y Campo de Gibraltar, donde el grado de incumplimiento llega a ser del 30% de las inspecciones practicadas.

En otro de los casos más llamativos, también en Tarifa, se habían capturado un total de 61 aves, entre jilgueros y verdecillos (esta última especie ni siquiera autorizada por su menor abundancia), 30 de los cuales se encontraban muertos a pesar de que se trata de una modalidad exclusivamente de captura en vivo. La mayor parte de las denuncias interpuestas por los Agentes de Medio Ambiente han estado motivadas por exceso del cupo de capturas (sólo se puede tener retenido en jaula hasta diez ejemplares y de éstos hacer una selección final según lo autorizado a cada silvestrista), carencia de la autorización excepcional preceptiva o empleo de medios no autorizados, como reclamos electrónicos. En algunos casos los infractores llegaron a emprender la huída ante la presencia de los agentes, abandonando las redes y las aves capturadas en el lugar, e incluso hasta dos teléfonos Black Berry que eran utilizados como reclamo electrónico, algo que está prohibido por la legislación.


8 de enero de 2013

El Ministro de Agricultura y Medio Ambiente confirma su participación

Así lo ha comunicado en una carta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en la cual la Directora del Gabinete del Ministro comunica al Comité Organizador del II Congreso de Agentes Forestales y Medioambientales de España que el Ministro acepta formar parte del Comité de Honor, aunque todavía no puede confirmar su asistencia al mismo por estar pendiente de ajustes de agenda. 

Únicamente quedan tres personalidades por confirmar su participación en el Comité de Honor, por lo que se espera que en un par de semanas ya se pueda hacer pública la lista definitiva. A primeros de febrero se reunen los componentes del Comité Organizador en Toledo para ir ultimando detalles del evento que verá la luz en abril. Toda la información en: www.copomat.es