La UE, contra la caza de pajaritos. Bruselas obliga a la Junta a reducir el número de aves apresadas por los cazadores silvestristas.
La captura de pajaritos ha sido masiva en Andalucía durante dos
décadas. Cada año, unos 175.000 ejemplares de estas aves protegidas
(jilgueros, verderones y pardillos) han sido apresados por los cazadores
para los concursos de canto. Hasta ahora. La Unión Europea
y la justicia han intervenido para frenar estas capturas y la Junta se
ha visto obligada a reducir esta práctica denominada silvestrismo
después de años de permisividad.
Bruselas ha alertado al Gobierno andaluz de que debe prohibir las
aprehensiones durante el periodo de reproducción de estas aves
fringílidas, un incumplimiento reiterado y favorecido por el gran
arraigo de esta práctica en el medio rural, y que cuenta con 15.000
silvestristas federados. Sin embargo, la reducción afecta a todo el país
y será paulatina, aunque drástica: el silvestrismo quedará en la
séptima parte de su volumen actual. Con el objetivo de que la crianza en
cautividad sustituya a las aprehensiones con redes, la hoja de ruta del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente fija que las 376.000
capturas del año pasado se conviertan en solo 50.000 en 2018, y 16.000
de ellas en Andalucía.
En paralelo, el director general de Gestión del Medio Natural de la
Junta, Javier Madrid, ha resultado imputado por prevaricación al
permitir que estas “pequeñas cantidades” que fija la Comisión Europea se
hayan convertido en masivas. La juez María Nieves Martínez, titular del
Juzgado 20 de Instrucción de Sevilla, atendió la denuncia de la
Fiscalía de Medio Ambiente e instruye el caso, por el que el pasado
enero declaró como acusado el alto cargo de la Junta. La directiva
europea 79/409 define “pequeña cantidad” como el 1% de la mortalidad
anual de la especie, pero las capturas autorizadas se elevaron en
Andalucía hasta las 144.139 en 2013. Ello a pesar de que los estudios de
la Consejería de Medio Ambiente subrayan el declive en las poblaciones
de estas tres especies de aves. Un documento de la Junta admite incluso
la muerte de 39.284 ejemplares en los últimos tres años (una media de
15.000 aves anuales desde 2006), aunque sin especificar las causas.
Tras mover ficha Bruselas y Madrid en primavera, la consejería ha
prescindido de la captura estival por primera vez y en 2014 solo
existirá captura otoñal durante un mes.
El origen de la investigación judicial proviene de una denuncia de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente (912 funcionarios de la consejería).
Tras comprobar durante ocho años la desidia de la Administración ante
sus peticiones y recursos para modificar normas que logren un control
del silvestrismo, hace dos años elevaron el problema ante la Fiscalía
General de Medio Ambiente y el Comisario de Medio Ambiente de la Unión
Europea. Mientras que la juez Martínez avanza en su investigación, el
Gobierno central y las comunidades informan de manera periódica a la
Comisión de sus avances en el control del silvestrismo, para así evitar
que Bruselas presente una queja.
El colectivo de agentes que vigilan el medio rural dispone de las
coordenadas de la zona concreta donde los silvestristas deben capturar
estas aves. Pero desconocen el día concreto de sus salidas, una
información que han requerido de manera insistente a la consejería para
ejercer el control, pero sin resultados, lo que provoca continuos palos
de ciego.
El presidente de los agentes, Antonio González, aclara: “Estas aves
migratorias utilizan España como territorio de paso y no podemos
permitirnos esquilmarlas porque en sus países de origen no se pueden
capturar y nosotros aquí las machacamos”, resume. A continuación,
matiza: “No pretendemos la desaparición del silvestrismo, sino que se
haga en términos racionales”, añade González.
Ante el deficitario control de los agentes al desconocer las fechas de salidas, el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño,
muestra su sorpresa: “La Junta no nos ha pedido esas informaciones y
permitiríamos ese acceso a nuestra base de datos. No nos importa el
control”, asegura.
Por su parte, el director general imputado se defiende y considera
que las inspecciones de los agentes son “aleatorias” y “sobrepasan con
creces lo necesario”: “Me atengo a la normativa legal vigente (...) No
todo lo que dicen los fiscales se ajusta a derecho”. Madrid defiende que
el silvestrismo “no afecta en absoluto al medio natural, pero no
podemos ir contra las normas (...) Comparto la sensibilidad de los
silvestristas, pero no tengo más remedio que atenerme a la normativa”,
arguye.
Mientras, Ecologistas en Acción ha remitido un escrito a Medio Ambiente
para subrayar la falta de publicidad y motivación de las autorizaciones
concedidas, y solicita la apertura de un expediente que investigue el
caso. “Esos datos de 144.139 capturas son de los propios silvestristas,
dados a la Junta. Imagina cómo será la realidad. Ellos tienen el control
absoluto de las cifras”, subrayan fuentes de Ecologistas en Acción. “La
Junta demuestra un total desprecio, no solo por las normas, sino
también por los esfuerzos de otros países por proteger este patrimonio
natural común. No podemos entender este empecinamiento por atentar de
forma deliberada y continuada contra la fauna silvestre”, reza la denuncia ante la consejería.
Esta práctica tiene una cara sórdida imposible de cuantificar: el
consumo de pajaritos fritos en bares, que a pesar de su prohibición
pervive en las poblaciones rurales. “La gente tiene que cambiar la
percepción de que del campo se coge todo, y cambiar la mentalidad. Lo
que no se puede coger, se puede criar en jaula”, reflexiona el
subdirector general del Medio Natural del Ministerio, Miguel Aymerich.
"Nos vamos a radicalizar mucho".
Unos 80 Ayuntamientos andaluces han aprobado mociones en defensa del
silvestrismo, lo que demuestra el arraigo de esta práctica en zonas
rurales y la fuerza del colectivo de cazadores ante los partidos
políticos.
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano,
defendió las capturas ante el comisario de Medio Ambiente, Janez
Potocnick, en su última visita a Bruselas, aunque sin resultados. El
pasado enero, el PSOE y el PP presentaron de manera conjunta una
proposición no de ley en el Parlamento para instar a la Junta a que
presione ante el Gobierno central para “mantener la práctica del
silvestrismo”. IU votó en contra, lo que le ha granjeado el
enfrentamiento con los cazadores, que llegaron incluso a manifestarse en
autobuses ante la sede de la formación en Sevilla.
Mientras que la portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente
Josefina Vioque, defiende esta “práctica ancestral sin daño alguno”, la
parlamentaria del PP María Sacramento subraya su “sorpresa” por el apoyo
del PSOE en el Parlamento y la reducción de capturas este verano desde
la Junta.
El diputado de IU Manuel Baena justifica su oposición al
silvestrismo: “Ante una naturaleza cada vez más exprimida, son razones
de índole práctica, es difícil poner puertas al campo, pero también
legal”. Mientras, las asociaciones de silvestristas se reunieron ayer en
Archidona (Málaga) para consensuar un calendario de movilizaciones que
será intenso: “Nos vamos a radicalizar mucho”, avisa el presidente de
los cazadores andaluces, José María Mancheño. La federación recibe al
año unos 300.000 euros por las licencias de silvestristas.
Fuente: elpais.com
