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20 de agosto de 2016

Agentes de Medio Ambiente condenados judicialmente mantienen su sueldo casi un año después de su inhabilitación

Juicio a los Agentes de Medio Ambiente acusados de corrupción en Huelva
La Junta mantiene en nómina a personal condenado por corrupción. Los agentes han mantenido su sueldo casi un año después de su inhabilitación.

Cuatro Agentes de Medio Ambiente que diseñaron «una red de corrupción» en el entorno de Doñana, permitiendo cambios de uso del suelo para cultivos en beneficio de algunos empresarios de la zona, y fueron inhabilitados por los tribunales, han estado en nómina de la Junta hasta casi un año después del fallo judicial sin que la Administración andaluza ejecutara la sentencia.

Los agentes tenían el encargo expreso de Medio Ambiente de vigilar los límites y extensiones de las fincas de la comarca para constatar que se estaba respetando el contenido del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Sin embargo, toleraron ampliaciones de superficie cultivable, ocupaciones de monte público o construcciones sin licencia y otras prácticas ilegales, por lo que fueron enjuiciados y en abril de 2014 la Audiencia Provincial de Huelva los condenó por omisión del deber de denunciar delitos, quedando inhabilitados para empleo público. El procedimiento se alargó un año más, después de que los acusados recurrieran la decisión de la Audiencia onubense. En junio de 2015, el Tribunal Supremo desechaba sus argumentos y ratificaba sin modificación alguna la sentencia condenatoria.

Después de varios meses y algunas diligencias de requerimiento a la Delegación de Medio Ambiente en Huelva, la Fiscalía dio un ultimátum tras comprobar que el personal (funcionario y laboral) continuaba trabajando para la Administración autonómica. «Resulta inadmisible que a día de hoy los penados continúen en servicio activo y hayan cobrado del erario público» pese a tener condenas en firme y liquidadas (octubre de 2015), subrayaba la Fiscalía en un duro escrito -con fecha de 30 de marzo de 2016- al que ha tenido acceso ABC. Sugería la acusación pública incluso que si la intención de la Junta era que dos de los agentes alcanzaran la edad de la jubilación, como justamente ocurrió con los otros dos agentes condenados, cuando debían haber perdido la condición de funcionario o la posibilidad de ejercer funciones públicas desde la firmeza de la sentencia, y estuvieron trabajando hasta que les llegó la jubilación.

En el escrito, el fiscal interesaba a la sala que se abriera una investigación sobre la actuación de la delegada de Medio Ambiente en la provincia, Rocío Jiménez Garrochena, por posible delito de desobediencia grave al tribunal, y que se requiriera con «la máxima urgencia» al delegado del Gobierno andaluz en Huelva el inmediato cumplimiento de las penas de inhabilitación para los cuatro agentes condenados, «con el apercibimiento expreso de que, en caso contrario, poder incurrir en delito de desobediencia grave al tribunal».

Según la Junta, los agentes fueron cesados justamente en la misma fecha en la que está datado el escrito de Fiscalía, 30 de marzo de 2016. Fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Huelva señalaron que la sentencia del Supremo avalando la condena no llegó a sus manos hasta cinco meses después de que el tribunal la dictara e hiciera pública (en noviembre de 2015), situación que afirman no es anómala ya que «los tribunales notifican las resoluciones a la central y, desde ese momento, hasta su recepción en el departamento del que depende, pasa un tiempo». En paralelo, añaden desde la Junta, tuvo que llevar a cabo algunas aclaraciones por cuestiones con carácter retroactivo que había que encajar hasta que se cesó a los agentes, admitiendo que sí se produjo una demora pero que achaca al procedimiento administrativo. «Qué interés va tener Medio Ambiente en no cesarlos cuando fue la Delegación la que denunció el caso», afirmaron las mismas fuentes.

Los cuatro Agentes de Medio Ambiente, entre los que se encontraba el ex responsable de la Unidad, fueron detenidos por la Policía Nacional adscrita a la Junta en junio de 2008 y tenían montada una «red de corrupción» en su área de influencia que estuvo operativa entre 2006 y 2008.


18 de agosto de 2016

Agentes de Medio Ambiente controlan e informan sobre los usos prohibidos en el monumento natural de las cascadas del Huéznar


Agentes de Medio Ambiente controlan e informan sobre los usos prohibidos en el monumento natural de las cascadas del Huéznar
Medio Ambiente tramita 30 denuncias por baño en las cascadas del Huéznar. Las multas que se han emitido hasta ahora son por infracción leve, con un importe de 75 euros.

La Consejería de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto pusieron sobre la mesa, durante una reunión celebrada en junio del pasado año, la necesidad de coordinar entre las distintas administraciones el control de los usos permitidos en las cascadas del Huéznar, especialmente en época estival, cuando el municipio de la Sierra Norte sevillana pasa de 600 a 2.000 habitantes y, además, hay un mayor peligro de incendio.

El objetivo de este trabajo en común es el de favorecer las visitas para disfrutar de este emblemático espacio, pero impidiendo a la vez toda actividad que pusiera en peligro el entorno y a los propios visitantes. En este sentido, el plan establecido recoge el control de acceso de vehículo a las cascadas, la delimitación de las zonas de aparcamiento, la renovación de la señalización, así como la información y comunicación a las personas para disuadirlos del baño, prohibido desde 2001, cuando la Junta de Andalucía declaró este entorno como Monumento Natural.

Un precedente trágico

Aun con todas estas medidas en práctica, el 22 de agosto de 2015 fallecía un joven de 20 años después de saltar de la cima de una de las cascadas. En el descenso, según informaron algunos testigos, el chico sufrió un grave traumatismo que, pese a los intentos de reanimación por parte de los facultativos sanitarios, acabó con su vida.

A raíz del trágico suceso, Agentes de Medio Ambiente, de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio intensificaron las medidas de control de los usos del monumento. Como consecuencia de esto, una treintena de bañistas han sido sancionados por una infracción leve, que supone una multa de 75 euros.

Antonino Sanz Matencio, director-conservador del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, asegura que «la idea no es denunciar. La gente se suele mostrar muy razonable cuando se le explica que bañarse no está permitido y las consecuencias sancionadoras que puede tener si continúan haciéndolo. Pero hay veces —dice—, que la multa es la única solución».

Respecto de esto, Antonino Sanz señala que los Agentes de Medio Ambiente realizan a diario una media de 200 comunicaciones, con las que informan a los visitantes de lo que pueden o no hacer. «Se trata de concienciar sobre los usos del monumento. Cuando observamos que hay gente bañándose en las cascadas los dirigimos a la playa fluvial de San Nicolás del Puerto», cuenta.

Por su parte, la Guardia Civil está multando igualmente a los conductores que circulan por el interior del entorno natural, a los que estacionan sus vehículos fuera de los lugares habilitados y a los que aparcan en accesos que impiden la entrada de los servicios de emergencia. Unas sanciones que van desde los 60 hasta los 60.000 euros, según la gravedad.

Un chapuzón de más de 600 euros

Las sanciones que reciben los bañistas se apoyan en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Así, se considera infracción leve «acceder o transitar por reservas naturales o por zonas con limitaciones al respecto o lugares expresamente prohibidos en los instrumentos de planificación de los espacios protegidos», con multas desde 60,10 euros hasta los 601,01. Sin embargo, si esta conducta conlleva que «se produzcan daños importantes para el medio ambiente», la sanción puede llegar a elevarse hasta los 60.101,21 euros.

Agentes de Medio Ambiente denuncian obras ilegales en chiringuito ubicado en dominio público de costas

Agentes de Medio Ambiente denuncian obras ilegales en chiringuito ubicado en dominio público de costas
Vecinos sospechan que la concesión del chiringuito denunciado es de un edil. Aseguran que fue él mismo quien pidió la autorización para abrir una zanja que "afectó a varias especies de arbustos" La documentación "adolece de los requisitos técnicos exigibles".

Vecinos de Urbasur afirman que al tercer teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Isla Cristina, el independiente José Pérez Canto, "algo muy firme le une al chiringuito" Carocho, un negocio ubicado en la playa de Urbasur y denunciado ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Huelva el pasado martes por los mismos vecinos, por presuntas "irregularidades" en su instalación y gestión.

Así lo han señalado los propios afectados, que se han hecho con un documento -al que también ha tenido acceso Huelva Información- emitido el pasado día dos de agosto por el Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación de Medio Ambiente, donde se informa de que, con fecha 17 de junio de 2016, Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Unidad Biogeográfica 3 de dicha Delegación Territorial, "denuncian a D. José Pérez Canto por la apertura mecanizada de una zanja de unos 150 metros sin autorización administrativa, afectando al sistema radicular del estrato arbóreo del monte (Pinus pinea y Eucaliptus camaldulensis) y estrato arbustivo (Retama monosperma) en los terrenos adyacentes a la zanja abierta".

El documento en cuestión, según reza el mismo, responde a la solicitud de informe realizada el pasado día 26 de julio por el propio edil isleño sobre la ocupación temporal en el monte público denominado Dunas de Isla Cristina, con objeto de instalar una línea eléctrica subterránea de suministro a un chiringuito de playa ubicado en el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

En el mismo documento se especifica que José Pérez Canto "solicita autorización para la apertura de una zanja para instalar un tendido eléctrico subterráneo de baja tensión que discurriría desde la calle Pinar (Urbasur) hasta el antedicho chiringuito, sin especificar suficientemente las características técnicas de la actuación".

En otro de los puntos del documento se señala que "la documentación recibida adolece de los mínimos requisitos técnicos exigibles para su evaluación, toda vez que no aporta datos geométricos de la zanja y su trazado, planos de situación y detalle, características del cableado eléctrico y sistemas de protección para las personas".

Respecto a la viabilidad de la autorización, el informe señala que "habría que considerar la temporalidad de la instalación de playa (periodo estival) -donde sería más adecuado suministro por generador eléctrico-, y la duración de su concesión, anual o plurianual".

Por otra parte, y según han explicado los vecinos, dicho chiringuito es de nueva instalación y está contemplado en al plan de playas del Consistorio isleño para el presente verano 2016, el cual lo adjudicó al actual concesionario antes del verano.

Igualmente señalan que el Ayuntamiento isleño, gobernado por la alcaldesa del Partido Independiente la Figuereta (PIF) Antonia Grao gracias a una coalición entre esta formación, el Partido Popular y Ciudadanos por Isla Cristina "no informa para nada de la concesión de este equipamiento, derivando al portal de transparencia, donde no hay nada".

Agentes de Medio Ambiente controlarán que en la pesca del cangrejo rojo se usen nasas autorizadas y no se capturen especies autóctonas

La Consejería de Medio Ambiente ha entregado hoy las primeras licencias a pescadores de Isla Mayor y la Puebla del Río (Sevilla) que se han acogido al plan de control del cangrejo rojo en Andalucía.

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente en un comunicado, hasta el pasado viernes han solicitado esta licencia 360 pescadores, aunque la delegación de Medio Ambiente en Sevilla estima que el numero total rondará las 400.

Las licencias que habilitan la captura del cangrejo rojo tienen una vigencia de un año.

Son las primeras licencias que se otorgan tras la Orden de la Junta de Andalucía que regula la extracción del cangrejo rojo para controlar su población para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía la captura y comercialización de este crustáceo, que se cría en la comarca del Bajo Guadalquivir.

El director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid, y el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, José Losada, acompañados por los alcaldes de Isla Mayor y de La Puebla del Río, Juan Molero, y Manuel Bejarano, respectivamente, han participado en la entrega de licencias, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Isla Mayor.

Tras la publicación en BOJA de la Orden del plan de control del cangrejo rojo en Andalucía, los Agentes de Medio Ambiente iniciaron la pasada semana los trabajos de registro y precintado de nasas para la captura del cangrejo rojo.

Con esta medida se asegura que las artes que se van a utilizar cumplen con los estándares exigidos y evitarán que otras especies autóctonas se introduzcan en ellas.

El plan ordena que se capturen todos los ejemplares posibles, no existiendo ni cupos ni tallas mínimas.

Los ejemplares extraídos de las nasas serán depositados en los establecimientos autorizados donde serán pesados a su llegada.

La Orden que permite la extracción del cangrejo rojo para controlar su población posibilitará mantener la actividad de las empresas que se dedican a su explotación, fundamentalmente en la comarca del Bajo Guadalquivir, con lo que se garantiza, además, el mantenimiento de puestos de trabajo de cientos de familias en la comarca, según Medio Ambiente.

Esta es la única vía posible que permite asegurar la eliminación de los ejemplares que se capturen con sensibilidad social además de medio ambiental, pues en el caso de que dejaran de capturarse estos ejemplares, se multiplicarían los efectos negativos de esta especie exótica invasora, ha apuntado la Consejería.

El plan de control del cangrejo rojo en Andalucía se adapta a la normativa vigente y a la sentencia del Tribunal Supremo que eliminaba la Disposición Adicional que prohibía la comercialización de esta especie, según la Junta de Andalucía.

Asimismo, cumple con el Reglamento UE 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras cuando la erradicación no es factible.

Intensificada la presencia de Agentes de Medio Ambiente para controlar la prohibición de caza y pastoreo en dos cotos de Sierra Mágina

Prohibidos caza y pastoreo en dos cotos del Parque de Sierra Mágina.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha prohibido el aprovechamiento cinegético, el pastoreo, la recogida de espárragos y plantas para consumo animal o humano, así como la recogida de caracoles, en los cotos 'Los Hurones' de Bedmar y 'Albanchez' de Albanchez de Mágina situados dentro del Parque Natural de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. 

En una nota de la Junta, el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Eugenio Ortega, ha señalado que la medida, que se prolongará durante 12 meses, se ha tomado de forma definitiva "y una vez que se ha atendido a todas las partes". 

"Después de la muerte del quebrantahuesos por envenenamiento y de la certificación de los equipos de Medio Ambiente del uso de sustancias muy tóxicas como el carbofurano y aldicarb en estas dos zonas de Sierra Mágina, desde el Gobierno andaluz abrimos una investigación en la que hemos atendido a todas las partes implicadas y ha desembocado en la prohibición de cualquier tipo de actividad de aprovechamiento durante un periodo de 12 meses", ha destacado Ortega. 

En concreto, en el coto 'Los Hurones' de Bedmar se ha prohibido cualquier tipo de actividad en todo el límite de la zona acotada excepto en el norte de la misma donde el límite de prohibición llega hasta el límite del parque natural. 

En el coto de Albanchez de Mágina ocurre lo mismo, la zona sobre la que recae esta medida es la zona acotada excepto la parte norte de la misma en la que el parque natural marca el límite donde no se podrán realizar las actividades de aprovechamiento. 

"Esto quiere decir que las tierras que pertenecen a los cotos y se encuentran dentro de este espacio natural protegido no podrán acoger ni la caza, ni el pastoreo, ni se podrá recoger ninguna planta, tampoco caracoles, durante el periodo establecido", ha señalado Ortega. 

En este sentido, el responsable de Medio Ambiente ha resaltado la importancia que tiene la labor informativa para estos casos. "Por este motivo, vamos a colocar tablillas informativas en las zonas de mayor tránsito como las áreas recreativas, así como se va a intensificar la presencia de los Agentes de Medio Ambiente para velar por el cumplimiento de las medidas e informar a la ciudadanía de lo ocurrido", ha remarcado. 

 Por último, Juan Eugenio Ortega ha indicado que el uso de estas sustancias tóxicas podría haber alterado el equilibrio ecológico de la zona y, por ello, se debe dar el tiempo necesario a la naturaleza para que recupere su situación habitual. "Estamos obligados a asegurar este equilibrio ecológico y, sobre todo, a velar para que acciones de este tipo no pongan en peligro la salud pública", ha señalado. 

CONFIRMADO EL ENVENENAMIENTO DEL QUEBRANTAHUESOS 

Tras el hallazgo de un cadáver de quebrantahuesos el 27 de abril en el término municipal de Bedmar, la Consejería de Medio Ambiente activó una investigación en la que los análisis de las muestras recogidas los ha realizado el Centro de Análisis de Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD). 

"Se han organizado un total de 16 inspecciones urgentes, entre el 28 de abril y el 2 de junio, en las que se levantaron 44 muestras y se realizó una necropsia al cadáver del quebrantahuesos", ha detallado Ortega. 

Estas investigaciones concluyeron que el quebrantahuesos había muerto por envenenamiento con carbofurano y, además, han detectado que varios animales de esta zona estaban contaminados con esta sustancia y con aldicarb. 

Fuente: europapress.es