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12 de abril de 2014

Agentes de Medio Ambiente acompañan a alumnos del Grado Superior en Gestión Forestal #AAMM #AAFF

Trabajo “de campo”. Alumnos de la EFA El Soto colaboran en trabajos de reforestación.

Alumnos del curso Gestión Forestal de la escuela El Soto colaboran con la Consejería de Medio Ambiente en labores de reforestación y en el plan de prevención y extinción de incendios forestales mediante prácticas de trabajos forestales en la Sierra de Huétor.
 
El pasado miércoles, el curso de 1º Grado Superior en Gestión Forestal estuvo realizando prácticas silvícolas y labores de repoblación en la Sierra de Huétor, en una zona cercana a la conocida Fuente de los Potros.

Concretamente se estuvieron apeando pies de Pino silvestre en estado decrépito que podrían resultar muy perjudiciales en un eventual incendio. Además del apeo, se realizó el correspondiente desrame y tronzado de los pies, agrupando los restos en cordones.

Al mismo tiempo, dado que se hicieron dos grupos, se estuvo realizando una repoblación en la misma zona con cerca de 100 encinas (Quercusrotundifolia), que la Consejería de Medio Ambiente nos facilitó a través del Programa “Crece con tu Árbol”.

El alumnado de la EFA EL SOTO pudo de este modo hacer las prácticas forestales habituales en esta Escuela Forestal de Granada a la vez que tener la satisfacción de que estaban ayudando a mejorar y proteger los espacios naturales de nuestro entorno, en este Parque Natural de gran belleza y valor ecológico.

Así, los alumnos, pasaron una jornada muy cerca de lo que puede ser su futuro profesional y todo ello con el apoyo de los Agentes de Medio Ambiente que les acompañaron y guiaron durante la ejecución de las prácticas.

Los alumnos de la EFA “El Soto” colaboran habitualmente en laborales de reforestación y de prevención de incendios forestales en los Parques Naturales de la provincia de Granada, acompañados de los profesores de esta escuela y de los técnicos de la Consejería de medio Ambiente.

 Fuente: radiogranada.es

6 de abril de 2014

38 expedientes por obras ilegales denunciadas por Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF

Medio Ambiente abrió 38 expedientes por obras ilegales en la costa de La Janda. Las construcciones susceptibles de sanción se encontraban en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre de los municipios de Barbate, Conil y Vejer.

La delegación territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz abrió en los últimos dos años 38 expedientes sancionadores tras detectar construcciones que se estaban realizando sin autorización alguna en la costa de La Janda. La obras denunciadas, no sólo de viviendas, se encontraban en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre de los municipios de Barbate, Conil y Vejer.

Según los datos proporcionados por el gabinete de prensa de Medio Ambiente, 19 de los 38 expedientes sancionadores fueron abiertos por construcciones localizadas en la costa de Vejer. Otros 13 expedientes fueron tramitados por obras ilegales en la franja costera del municipio de Barbate. Y los 6 restantes corresponden a posibles infracciones detectadas por agentes de Medio Ambiente en el litoral de Conil.

Los Agentes de Medio Ambiente también denunciaron obras ilegales en vías pecuarias de dos de esos tres municipios de La Janda en los últimos dos años. Un expediente fue abierto en Barbate y otro, en Vejer.

A esos expedientes tramitados por los Agentes de Medio Ambiente se suman otros cuatro relacionados con obras en un espacio natural protegido. Dos corresponden al municipio de Barbate, por la construcción de un almacén y por la apertura de puertas en un monte público. Los otros dos fueron abiertos en Vejer, uno de ellos por la instalación de una malla. En total, la delegación territorial de Medio Ambiente abrió en los últimos dos años 44 expedientes sancionadores por obras en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre, en vías pecuarias y en espacios naturales protegidos en los municipios de Barbate, Conil y Vejer.

Los expedientes sancionadores derivan de las denuncias de los Agentes de Medio Ambiente encargados de vigilar esas zonas. La mayoría de los expedientes se resuelven con órdenes de demolición de lo ilícitamente construido o bien de restauración de la zona a su estado anterior, señala la Consejería de Medio Ambiente. En muchos casos, los propietarios no cumplen esas órdenes y el asunto termina con una orden judicial de derribo que es ejecutada de forma subsidiaria por la consejería.

Como indican los datos relativos al litoral de La Janda y a los tres municipios costeros de esa comarca, la mayoría de las obras y construcciones ilegales denunciadas son emprendidas en la zona de servidumbre de protección de costas, una franja de territorio litoral cuya gestión es competencia autonómica, o bien en espacios naturales protegidos. El resto, y en menor medida, se distribuye entre construcciones realizadas en vías pecuarias y en terrenos forestales. Los Agentes de Medio Ambiente no se limitan a redactar las denuncias, anota la consejería, sino que su labor incluye la elaboración de informes, notificaciones de apertura de expediente sancionador, órdenes de paralización de obras y propuestas de resolución, así como instalación de precintos. También tienen encomendada la vigilancia continuada de las construcciones una vez que han sido expedientadas. Las denuncias originan el correspondiente expediente sancionador en vía administrativa y son trasladadas a la Fiscalía en cuanto se observa el más mínimo indicio de que se ha cometido un delito.

4 de abril de 2014

Apoyo de SEO/BirdLife a los Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF en la lucha contra el veneno

Sin agentes forestales y de medio ambiente no se puede contra el veneno.

La lucha contra el veneno en España cuenta con unos aliados sin los cuales no sería posible avanzar hacia la erradicación de esta grave amenaza para nuestra biodiversidad: los agentes forestales y de medio ambiente.

Durante los cuatro años de vigencia del Life+ VENENO, hemos contado con la colaboración de agentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, que han mostrado una gran profesionalidad y compromiso con la conservación del medio ambiente imprescindible para erradicar delitos contra la fauna como el uso ilegal de veneno. La aportación de este colectivo a la investigación de episodios como estos ha puesto cerco en los últimos años a muchos envenenadores y ha evitado la muerte de cientos de especies.

 No me gustaría dejarme fuera a ningún agente forestal y de medio ambiente, pero es de justicia agradecer la colaboración que hemos tenido del Cuerpo de Agentes Rurales de Cataluña. Su Brigada contra el Veneno y el Furtivismo es un referente a nivel nacional en la investigación del uso ilegal de veneno. Esta patrulla nació del esfuerzo y dedicación de un grupo de agentes decididos a terminar con los envenenamientos de fauna primero en Lérida y ahora en toda la región. Horas y horas extras de espera, conocimiento del medio, de los métodos y sustancias utilizadas (la “Rueda del Envenenador”, lo llaman), aportando muchas veces materiales de investigación comprados por ellos mismos, han permitido que en Cataluña se hayan dictado 13 sentencian condenatorias por uso ilegal de veneno. A pesar de que este delito cuenta con un alto grado de impunidad, la impecable investigación realizada por los agentes rurales ha permitido coger in fraganti a muchos envenenadores mientras se disponían a colocar el veneno.

"Llegar a este momento en el que el asesino está a punto de cometer el crimen es prácticamente imposible, pero en Cataluña han sabido hacerlo, evitar la muerte de especies de fauna silvestre o de mascotas (que también mueren envenenadas) y que el autor responda ante los tribunales"

 Desde el Life+ VENENO hemos querido extender la experiencia dela Brigada contra el Veneno y el Furtivismo de Cataluña a agentes forestales y de medio ambiente de otras Comunidades autónomas. Hemos organizado cursos de formación para agentes de Aragón, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco en la investigación del uso ilegal de cebos envenenados. Convencidos de la necesidad de potenciar el papel de los agentes en el medio natural y su valor como policía judicial, hemos tenido la suerte de contar con sus compañeros catalanes, que han sabido transmitir sus conocimientos y reivindicar un lugar en la investigación de los delitos ambientales que les pertenece plenamente.

Por otra parte, la Asociación Españolade Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) es una de las colaboradoras del proyecto Life+ VENENO. A través de esta asociación hemos podido contar con el contacto de una red de agentes a lo que hemos transmitido las denuncias y han investigado los casos de veneno que se llegaban al Teléfono SOS VENENO (900 713 182). No me puedo imaginar que hubiera sido si tras recibir una llamada un sábado o domingo sobre un supuesto envenenamiento no hubiera habido un agente forestal o de medio ambiente al otro lado del teléfono. Siempre que les hemos llamado hemos encontrado plena disponibilidad y efectividad para personarse en el lugar, atender a la persona que efectuaba la llamada, recoger las muestras y ponerse manos a la obra con la investigación.

Pero si podemos estar orgullosos de unos agentes de medio ambiente en este caso que nos ocupa es de aquellos que conforman la Unidad de Investigación contra el Veneno de Castilla-La Mancha. Esta unidad, formada por dos patrullas de tres agentes, con base en Toledo una y Ciudad Real la otra, ha sido una de las acciones del Life+ VENENO a la que hemos dedicado más esfuerzo y empeño.

"No ha sido fácil el camino de instauración de estas patrullas pero han sido una apuesta decidida por contar con unidades especializadas de agentes para luchar contra el uso de veneno"


Esperamos y lucharemos para que la UNIVE, que tiene sus raíces en el modelo catalán, sea un referente en la investigación de este tipo de delitos y que deje el pabellón muy alto de lo que son capaces de hacer los agentes de medio ambiente.

Y la lista es larga porque no podemos dejar de mencionar a los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía. Su contribución al desarrollo de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y las 12 sentencias condenatorias dictadas en esta Comunidad autónoma no hubieran sido posible sin su actuación como conocedores de un medio complejo, de las gentes que habitan en él, su problemática y del patrimonio que se pretende proteger.

Agentes de medio ambiente son también los que guían a las patrullas caninas en Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, siendo herramientas imprescindibles para la detección de cebos y animales envenenados y la prevención de los daños que pueden llegar a ocasionar.

De esta forma, desde la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) de Murcia hasta el último agente forestal y de medio ambiente de este país, no podemos dejar de reconocer y estar agradecidos por la valiosa labor realizada.

"Se trata de un colectivo cuya profesionalidad y contribución a la conservación del medio ambiente no es muchas veces suficientemente valorada. Es necesario que el legislador reconozca con claridad sus funciones como policía judicial, como piezas importantes en la investigación de los delitos ambientales y que se les dote de los medios suficientes para desarrollar su trabajo"

Y también es sin duda necesario que exista una coordinación entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que actúan en el medio natural, que se aúnen fuerzas y no se resten. El objetivo de todos es común y la aportación de cada uno es importante para alcanzar un mismo fin.

Desde el proyecto Life+ VENENO, coordinado por SEO/BirdLife, os damos profundamente las gracias por vuestro trabajo y contribución a la lucha contra delitos como el uso ilegal de veneno. Sin vosotros el campo quedaría desamparado.

  
David de la Bodega es abogado medioambientalista y coordinador del Proyecto Life+ VENENO

Fuente: Blog Seo/BirdLife



2 de abril de 2014

La Junta imparte jornadas de formación para los Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF de las Brigadas de Investigación de Incendios #IIFF

Este año se potenciará la pesquisa de los siniestros motivados por quemas agrícolas que se realizan cuando están prohibidas.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha organizado unas jornadas formativas dirigidas a los componentes de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), compuestas por Agentes de Medio Ambiente adscritos al dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Infoca).

El objetivo de este encuentro, ha precisado la Junta en una nota, es que los agentes conozcan y puedan poner en marcha el nuevo protocolo que se ha realizado sobre activación y actuación de las BIIF, que regula tanto el funcionamiento de estas brigadas como la elaboración de los informes técnicos que realizan encaminados al esclarecimiento de las causas que motivan los incendios forestales en Andalucía.

El trabajo de investigación hará especial hincapié este año en los incendios forestales motivados por negligencias en las quemas agrícolas, que en 2013 representaron el 11,5 por ciento de los siniestros producidos en Andalucía. La realización de quemas están prohibidas desde el 1 de junio al 15 de octubre en la comunidad andaluza en zonas forestales y de influencia forestal.

Con este protocolo, se pretende homogeneizar la metodología de trabajo de todas las brigadas, que están compuestas por equipos de dos Agentes de Medio Ambiente y con presencia en todas las provincias andaluzas. Las jornadas formativas cuentan con dos sesiones: la primera se celebra este martes en el centro de visitantes ubicado junto al Centro de Defensa Forestal de Puerto Lobo (Granada), y en la misma participan 40 agentes de las BIIF correspondientes a las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. La segunda sesión, tendrá lugar la próxima semana, en ella participarán los agentes de las provincias occidentales (Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz) y se desarrollará en las instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Entre las actuaciones que desarrollan los equipos de las brigadas, se encuentran la realización de inspecciones oculares de la zona donde se producen los siniestros forestales, con objeto de determinar el área o punto de inicio, así como el proceso de propagación de los incendios, el motivo que ha originado el siniestro y sus presuntos responsables.

Igualmente, los agentes de las BIIF también realizan la medición del perímetro definitivo de los incendios, elaboran los partes iniciales de causa de siniestro forestal y toman manifestaciones voluntarias a testigos del incendio, si procede. Por último, también elaboran otros informes, como es el caso de los documentos finales de campaña sobre investigación de los siniestros forestales.

La metodología de investigación de las BIIF está basada en el 'Método de las Evidencias Físicas' y en ella se analizan una serie de factores que inciden en el desarrollo de un incendio, como son hora y fecha de detección, ubicación del siniestro, parámetros meteorológicos, modelo geométrico y vectores de propagación, delimitación del área de inicio, establecimiento de los cuadros indicadores de actividad y lectura de indicios y vestigios del sentido de propagación del incendio.

Asimismo, también se realiza la búsqueda del método de ignición, se consultan los antecedentes históricos de la zona y se recogen pruebas materiales en el terreno, al tiempo que también se valoran los testimonios recogidos. Con todo ello, se realiza la hipótesis principal sobre la causa que ha motivado el incendio; igualmente, el informe que realizan los agentes también recoge una aproximación a la valoración inicial de daños a personas, bienes de naturaleza no forestal o ambientales producidos por el incendio.

Otro de los aspectos que regula el protocolo es la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sea el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil o la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía.

1 de abril de 2014

Los Guardas Forestales con las alas cortadas #AAMM #AAFF

La nueva Ley de Montes establece que no podrán denunciar ante la fiscalía o el juez posibles delitos.

Son los notarios de los bosques, quienes perciben si la noche anterior han estado merodeando cazadores furtivos, si se están levantando construcciones sin permiso o dan la voz de alarma ante envenenamientos, incendios o cualquier otro abuso a la naturaleza. Hasta ahora, los agentes forestales podían acudir directamente a la fiscalía o los juzgados a denunciar posibles delitos. Con la nueva Ley de Montes, que modifica la de 2003 y acaba de terminar su periodo de exposición pública, tendrán que reportarlo a las Administraciones de las que dependen, de carácter regional, y serán ellas quienes los tramiten.

El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor coordinación”, añade.

Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.

El Gobierno asegura que la reforma consigue mayor coordinación.

“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.

En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar las denuncias directamente en Fiscalía.

El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar, coinciden varias fuentes.

La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias que se interpongan”, cuenta.

Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el “loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.