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27 de agosto de 2016

Actuación inmediata de Agentes de Medio Ambiente ante el vandalismo en el sendero de la Miel

Incivismo en el sendero de la Miel. Basura, colillas y hasta una tienda de acampada aparecen a lo largo del itinerario de este río Ecologistas y senderistas reclaman más control de acceso y sanciones contundentes.
 
La repulsa social al incivismo corre como la pólvora a través de las redes sociales. Como una mecha que se prende entre hierbas secas, así ha ocurrido con la imagen de abandono del paraje natural del sendero del río de la Miel. Esta semana se ha puesto en evidencia el desinterés humano hacia la naturaleza al aparecer fotografías donde la basura se mimetiza con el entorno, e incluso una tienda de acampada cercó el antiguo molino del Águila, obstaculizando el propio itinerario.

Es una imagen que ha saltado a las redes sociales a través del blog Andar por el Campo de Gibraltar, generando una pronta repulsa ciudadana. El propio Twitter fue el vehículo de denuncia para advertir de la presencia de la tienda de campaña al Plan Infoca, siendo la respuesta inmediata de los Agentes de Medio Ambiente, tal y como informó a este diario la delegación territorial de la Junta de Andalucía. Actuaron y lo retiraron. Los técnicos realizan una vigilancia periódica del sendero y dan una respuesta rápida ante cualquier anomalía detectada o denuncia particular.

Era la cuarta vez que el senderista atravesaba el itinerario este verano y, de nuevo, se volvió a llenar con bolsas de basura llena de recoger residuos. Este es un paraje muy frecuentado durante el año, e incluso en verano, por las pozas que afloran en torno al cauce del río de la Miel. El problema se da cuando esta alta afluencia se traduce en gestos incívicos.

En julio de 2014 el entorno del paraje quedó arrasado con más de 160 hectáreas calcinadas por un fuego provocado. Estuvo cerrado desde octubre a enero de 2015 por el riesgo de desprendimiento de la ladera a consecuencia del propio incendio. La Junta tramitó un proyecto de emergencia para acometer trabajos de restauración hidrológico-forestal con una inversión de 50.000 euros al tratarse de un lugar de alto valor ecológico. A partir de ahí, añadiendo campañas de reforestación participativa, el sendero ha ido recuperando su vistosidad.

Ahora en plena época estival, cuando más riesgo de incendio forestal existe, el abandono y los daños al medio ambiente por parte de los propios usuarios se radicaliza. Ecologistas y senderistas piden contundencia a las autoridades competentes, a través de sanciones o controles de acceso para evitar situaciones de riesgo como la vivida esta semana.

A lo largo del sendero han aparecido desde bolsas de basura que podrían prender con las altas temperaturas a restos orgánicos, colillas, pintadas en la propia cartelería y, lo más lamentable, aquellos que durante varios días han estado haciendo uso del parque natural como zona de acampada libre. Cuando los técnicos de Medio Ambiente a raíz de la denuncia ciudadana se personaron ya estaba la tienda medio desmontada sin enseres en su interior.

Al margen de la temible mano de los seres humanos en estos atractivos entornos naturales, aún queda el buen hacer y el intento de todos aquellos que sí tratan de proteger la belleza natural. La Junta de Andalucía desde hace varios meses está en proceso de evaluación de la respuesta de la naturaleza para valorar si es preciso una actuación de reforestación en el sendero de la barriada de El Cobre.

Fuente: europasur.es

Agentes de Medio Ambiente confirman el cierre del Guadiaro y la posible mortandad de peces

Agentes de Medio Ambiente confirman el cierre del Guadiaro y la posible mortandad de peces
La Junta pide a Costas reabrir el Guadiaro al mar. La acumulación de arena ha cerrado la desembocadura del río provocando la muerte de peces que ovan en el estuario. 

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz presentó este martes un escrito a la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que actúe ante el cierre de la desembocadura del río Guadiaro, en San Roque (Cádiz), con el objetivo de evitar la posible mortandad de peces en la zona debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas. La situación ha sido denunciada recientemente por Verdemar-Ecologistas en Acción y vecinos del entorno, que subrayan que, aunque la entrada de agua al estuario ya era mínima en los últimos años, este verano se ha visto cortada por completo. «Al no haber corriente, los peces no ovan y desovan», denuncia uno de estos vecinos, Jesús Manuel Guerrero, que tras alertar al Ayuntamiento y al Seprona se plantea acudir a la Fiscalía.

Agentes de Medio Ambiente han realizado una visita de inspección a la zona, en la que han constatado la interrupción de la comunicación para las especies piscícolas propias del estuario, «quedando cortado el intercambio natural marino, que supone una gran riqueza ecológica», según informó la Junta en un comunicado. Los agentes confirmaron la presencia de una barra litoral formada por acumulación de arena debido a los temporales, que cierra totalmente la desembocadura, llegando hasta el espigón de piedra de la margen izquierda del río.

El delegado de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Ángel Acuña, subraya en la nota la importancia «de actuar de inmediato para preservar la riqueza ecológica en la zona» y asegura que «si las condiciones del cierre de la barra litoral y las altas temperaturas persisten, no se descarta que se produzca la mortandad de peces, tal como ha sucedido en años anteriores».

En el escrito presentado la Junta recuerda que la mortandad de los peces puede producirse por la falta de oxígeno, unida a algún descenso brusco del nivel de agua y la falta de renovación de las aguas. Asimismo, se matiza que numerosas especies piscícolas utilizan el estuario como zona de alevinaje y alimentación y que el río aporta valiosos nutrientes a la zona marítima.

Por ello, «esta Delegación territorial recomienda la apertura de la barra litoral en una extensión que permita la comunicación entre mar y río antes de que se agrave la situación y la posible mortandad de peces se convierta en un problema de insalubridad», señala el escrito. Para Acuña, «Costas puede actuar en esta zona al igual que procedió recientemente a la apertura de la desembocadura del río Salado, en el término municipal de Conil de la Frontera».

Fuente: elcorreoweb.es

20 de agosto de 2016

Agentes de Medio Ambiente condenados judicialmente mantienen su sueldo casi un año después de su inhabilitación

Juicio a los Agentes de Medio Ambiente acusados de corrupción en Huelva
La Junta mantiene en nómina a personal condenado por corrupción. Los agentes han mantenido su sueldo casi un año después de su inhabilitación.

Cuatro Agentes de Medio Ambiente que diseñaron «una red de corrupción» en el entorno de Doñana, permitiendo cambios de uso del suelo para cultivos en beneficio de algunos empresarios de la zona, y fueron inhabilitados por los tribunales, han estado en nómina de la Junta hasta casi un año después del fallo judicial sin que la Administración andaluza ejecutara la sentencia.

Los agentes tenían el encargo expreso de Medio Ambiente de vigilar los límites y extensiones de las fincas de la comarca para constatar que se estaba respetando el contenido del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Sin embargo, toleraron ampliaciones de superficie cultivable, ocupaciones de monte público o construcciones sin licencia y otras prácticas ilegales, por lo que fueron enjuiciados y en abril de 2014 la Audiencia Provincial de Huelva los condenó por omisión del deber de denunciar delitos, quedando inhabilitados para empleo público. El procedimiento se alargó un año más, después de que los acusados recurrieran la decisión de la Audiencia onubense. En junio de 2015, el Tribunal Supremo desechaba sus argumentos y ratificaba sin modificación alguna la sentencia condenatoria.

Después de varios meses y algunas diligencias de requerimiento a la Delegación de Medio Ambiente en Huelva, la Fiscalía dio un ultimátum tras comprobar que el personal (funcionario y laboral) continuaba trabajando para la Administración autonómica. «Resulta inadmisible que a día de hoy los penados continúen en servicio activo y hayan cobrado del erario público» pese a tener condenas en firme y liquidadas (octubre de 2015), subrayaba la Fiscalía en un duro escrito -con fecha de 30 de marzo de 2016- al que ha tenido acceso ABC. Sugería la acusación pública incluso que si la intención de la Junta era que dos de los agentes alcanzaran la edad de la jubilación, como justamente ocurrió con los otros dos agentes condenados, cuando debían haber perdido la condición de funcionario o la posibilidad de ejercer funciones públicas desde la firmeza de la sentencia, y estuvieron trabajando hasta que les llegó la jubilación.

En el escrito, el fiscal interesaba a la sala que se abriera una investigación sobre la actuación de la delegada de Medio Ambiente en la provincia, Rocío Jiménez Garrochena, por posible delito de desobediencia grave al tribunal, y que se requiriera con «la máxima urgencia» al delegado del Gobierno andaluz en Huelva el inmediato cumplimiento de las penas de inhabilitación para los cuatro agentes condenados, «con el apercibimiento expreso de que, en caso contrario, poder incurrir en delito de desobediencia grave al tribunal».

Según la Junta, los agentes fueron cesados justamente en la misma fecha en la que está datado el escrito de Fiscalía, 30 de marzo de 2016. Fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Huelva señalaron que la sentencia del Supremo avalando la condena no llegó a sus manos hasta cinco meses después de que el tribunal la dictara e hiciera pública (en noviembre de 2015), situación que afirman no es anómala ya que «los tribunales notifican las resoluciones a la central y, desde ese momento, hasta su recepción en el departamento del que depende, pasa un tiempo». En paralelo, añaden desde la Junta, tuvo que llevar a cabo algunas aclaraciones por cuestiones con carácter retroactivo que había que encajar hasta que se cesó a los agentes, admitiendo que sí se produjo una demora pero que achaca al procedimiento administrativo. «Qué interés va tener Medio Ambiente en no cesarlos cuando fue la Delegación la que denunció el caso», afirmaron las mismas fuentes.

Los cuatro Agentes de Medio Ambiente, entre los que se encontraba el ex responsable de la Unidad, fueron detenidos por la Policía Nacional adscrita a la Junta en junio de 2008 y tenían montada una «red de corrupción» en su área de influencia que estuvo operativa entre 2006 y 2008.


18 de agosto de 2016

Agentes de Medio Ambiente controlan e informan sobre los usos prohibidos en el monumento natural de las cascadas del Huéznar


Agentes de Medio Ambiente controlan e informan sobre los usos prohibidos en el monumento natural de las cascadas del Huéznar
Medio Ambiente tramita 30 denuncias por baño en las cascadas del Huéznar. Las multas que se han emitido hasta ahora son por infracción leve, con un importe de 75 euros.

La Consejería de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto pusieron sobre la mesa, durante una reunión celebrada en junio del pasado año, la necesidad de coordinar entre las distintas administraciones el control de los usos permitidos en las cascadas del Huéznar, especialmente en época estival, cuando el municipio de la Sierra Norte sevillana pasa de 600 a 2.000 habitantes y, además, hay un mayor peligro de incendio.

El objetivo de este trabajo en común es el de favorecer las visitas para disfrutar de este emblemático espacio, pero impidiendo a la vez toda actividad que pusiera en peligro el entorno y a los propios visitantes. En este sentido, el plan establecido recoge el control de acceso de vehículo a las cascadas, la delimitación de las zonas de aparcamiento, la renovación de la señalización, así como la información y comunicación a las personas para disuadirlos del baño, prohibido desde 2001, cuando la Junta de Andalucía declaró este entorno como Monumento Natural.

Un precedente trágico

Aun con todas estas medidas en práctica, el 22 de agosto de 2015 fallecía un joven de 20 años después de saltar de la cima de una de las cascadas. En el descenso, según informaron algunos testigos, el chico sufrió un grave traumatismo que, pese a los intentos de reanimación por parte de los facultativos sanitarios, acabó con su vida.

A raíz del trágico suceso, Agentes de Medio Ambiente, de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio intensificaron las medidas de control de los usos del monumento. Como consecuencia de esto, una treintena de bañistas han sido sancionados por una infracción leve, que supone una multa de 75 euros.

Antonino Sanz Matencio, director-conservador del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, asegura que «la idea no es denunciar. La gente se suele mostrar muy razonable cuando se le explica que bañarse no está permitido y las consecuencias sancionadoras que puede tener si continúan haciéndolo. Pero hay veces —dice—, que la multa es la única solución».

Respecto de esto, Antonino Sanz señala que los Agentes de Medio Ambiente realizan a diario una media de 200 comunicaciones, con las que informan a los visitantes de lo que pueden o no hacer. «Se trata de concienciar sobre los usos del monumento. Cuando observamos que hay gente bañándose en las cascadas los dirigimos a la playa fluvial de San Nicolás del Puerto», cuenta.

Por su parte, la Guardia Civil está multando igualmente a los conductores que circulan por el interior del entorno natural, a los que estacionan sus vehículos fuera de los lugares habilitados y a los que aparcan en accesos que impiden la entrada de los servicios de emergencia. Unas sanciones que van desde los 60 hasta los 60.000 euros, según la gravedad.

Un chapuzón de más de 600 euros

Las sanciones que reciben los bañistas se apoyan en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. Así, se considera infracción leve «acceder o transitar por reservas naturales o por zonas con limitaciones al respecto o lugares expresamente prohibidos en los instrumentos de planificación de los espacios protegidos», con multas desde 60,10 euros hasta los 601,01. Sin embargo, si esta conducta conlleva que «se produzcan daños importantes para el medio ambiente», la sanción puede llegar a elevarse hasta los 60.101,21 euros.

Agentes de Medio Ambiente denuncian obras ilegales en chiringuito ubicado en dominio público de costas

Agentes de Medio Ambiente denuncian obras ilegales en chiringuito ubicado en dominio público de costas
Vecinos sospechan que la concesión del chiringuito denunciado es de un edil. Aseguran que fue él mismo quien pidió la autorización para abrir una zanja que "afectó a varias especies de arbustos" La documentación "adolece de los requisitos técnicos exigibles".

Vecinos de Urbasur afirman que al tercer teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Isla Cristina, el independiente José Pérez Canto, "algo muy firme le une al chiringuito" Carocho, un negocio ubicado en la playa de Urbasur y denunciado ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Huelva el pasado martes por los mismos vecinos, por presuntas "irregularidades" en su instalación y gestión.

Así lo han señalado los propios afectados, que se han hecho con un documento -al que también ha tenido acceso Huelva Información- emitido el pasado día dos de agosto por el Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación de Medio Ambiente, donde se informa de que, con fecha 17 de junio de 2016, Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Unidad Biogeográfica 3 de dicha Delegación Territorial, "denuncian a D. José Pérez Canto por la apertura mecanizada de una zanja de unos 150 metros sin autorización administrativa, afectando al sistema radicular del estrato arbóreo del monte (Pinus pinea y Eucaliptus camaldulensis) y estrato arbustivo (Retama monosperma) en los terrenos adyacentes a la zanja abierta".

El documento en cuestión, según reza el mismo, responde a la solicitud de informe realizada el pasado día 26 de julio por el propio edil isleño sobre la ocupación temporal en el monte público denominado Dunas de Isla Cristina, con objeto de instalar una línea eléctrica subterránea de suministro a un chiringuito de playa ubicado en el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

En el mismo documento se especifica que José Pérez Canto "solicita autorización para la apertura de una zanja para instalar un tendido eléctrico subterráneo de baja tensión que discurriría desde la calle Pinar (Urbasur) hasta el antedicho chiringuito, sin especificar suficientemente las características técnicas de la actuación".

En otro de los puntos del documento se señala que "la documentación recibida adolece de los mínimos requisitos técnicos exigibles para su evaluación, toda vez que no aporta datos geométricos de la zanja y su trazado, planos de situación y detalle, características del cableado eléctrico y sistemas de protección para las personas".

Respecto a la viabilidad de la autorización, el informe señala que "habría que considerar la temporalidad de la instalación de playa (periodo estival) -donde sería más adecuado suministro por generador eléctrico-, y la duración de su concesión, anual o plurianual".

Por otra parte, y según han explicado los vecinos, dicho chiringuito es de nueva instalación y está contemplado en al plan de playas del Consistorio isleño para el presente verano 2016, el cual lo adjudicó al actual concesionario antes del verano.

Igualmente señalan que el Ayuntamiento isleño, gobernado por la alcaldesa del Partido Independiente la Figuereta (PIF) Antonia Grao gracias a una coalición entre esta formación, el Partido Popular y Ciudadanos por Isla Cristina "no informa para nada de la concesión de este equipamiento, derivando al portal de transparencia, donde no hay nada".