La Consejería les impide presentar las irregularidades por registro y les obliga a dárselas al coordinador provincial.
Las
denuncias de los funcionarios sobre usurpación de potestades públicas
en el seno de la Junta de Andalucía es un ejemplo de cómo la
Administración prima a trabajadores que no han pasado por un proceso
público y de libre concurrencia en beneficio de un mayor control
político. El último ejemplo lo protagoniza la Consejería de Medio
Ambiente, que mediante una instrucción ha prohibido a los Agentes de
Medio Ambiente la presentación de denuncias por registro y les obliga
ahora a trasladárselas al coordinador provincial para su análisis. Será
éste el que decida si se las envía a la Sección de Informes y Sanciones
dependiente de la Secretaría General para determinar «la oportunidad de
acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por
tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de
acuerdo a la normativa especializada».
La Asociación de Agentes
de Medio Ambiente de Andalucía recuerda que ellos actúan como Policía
Judicial Genérica y que, entre sus obligaciones está «comunicar a los
órganos oportunos el conocimiento de infracciones y/o delitos
medioambientales en el momento de tener constancia de los mismos». Al no
pasar por registro oficial y entregárselas al coordinador provincial,
no hay constancia documental, lo que, a su juicio, les provoca
«inseguridad jurídica».
La Consejería se escuda en el «gran número
de competencias» que posee «dentro de la actuación administrativa de la
Junta de Andalucía» y la existencia «de muchas leyes y normas» lo que
explica «el notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores
que se inician». La instrucción señala que «estos procedimientos
presentan una gran complejidad tanto jurídica como técnica» y que, «para
optimizar los escasos recursos humanos disponibles» es mejor implantar
un filtro.
Para la portavoz de Medio
Ambiente del PP-A Carolina González Vigo, esta decisión es «un auténtico
atropello al Estado de Derecho» ya que «un político no puede decidir
qué es denunciable y qué no cuando un técnico funcionario de carrera
hace un informe sobre un posible delito medioambiental».
Fuente: larazon.es
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