Exigimos a la Junta parar la usurpación de funciones de los Agentes de Medio Ambiente y devolver las competencias ya robadas

Tras las intensas movilizaciones de los funcionarios andaluces que tuvieron lugar el pasado año contra el Decreto de Reordenación del Sector Público aprobado por el Gobierno de esta comunidad y como consecuencia del recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 10 de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, en base a la cual se invalida mediante auto la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), estableciendo como medida cautelar que se retorne a la situación anterior, hecho que ya no es posible, dado que EGMASA ha dejado de existir como empresa pública.

La plataforma de empleados públicos que interpuso el recurso, volvió a presentar ante este órgano judicial una petición para que se adopte dicha medida cautelar, denunciando que diferentes trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA, antigua EGMASA) siguen realizando las mismas funciones que venían desempeñando, muchas de las cuales se consideran exclusivas para el personal funcionario. Al no existir ya EGMASA cuando se presentó el recurso, el titular del Juzgado considera que no cabe la posibilidad de retrotraer al personal de la AMAYA a tal situación, por lo que no debe ser de aplicación la medida cautelar que inicialmente se adoptó. Sin embargo, en un nuevo auto éste advierte de la imposibilidad de que el personal de la AMAYA realice funciones reservadas a funcionarios, porque podrían estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

Como consecuencia de esto, recientemente los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (antigua Consejería de Medio Ambiente) han recibido instrucciones directas de la Secretaria General Técnica, Macarena Bazán Sánchez, para que “ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones”. Mediante esta orden, los Delegados Provinciales tienen la misión de detectar y analizar las taréas que vienen siendo realizadas por personal externo contratado por la Agencia (antigua EGMASA)  y asegurarse de que no conllevan la realización de potestades públicas reservadas a los funcionarios, así como que éstas se desarrollen con sus medios, materiales y en sus centros de trabajo.

Desde la AAMAA esperamos que esto no quede en un simple papel para que alguien se cubra las espaldas ante posibles responsabilidades penales y se efectúe realmente esta devolución de competencias a los funcionarios públicos y, en el caso que nos ocupa, a los Agentes de Medio Ambiente que diariamente vemos cómo nuestras funciones van desapareciendo para ser realizadas por personal contratado, con la consiguiente duplicación de funciones y de presupuesto. Son multitud de tareas las que, poco a poco, hemos visto como se desvanecen: censos de especies silvestres de flora y fauna, gestión de la caza en montes públicos, supervisión de trabajos forestales en montes públicos, manejo de especies amenazadas en diversos programas de recuperación, reintroducción o conservación (traslados, recogidas de pollos o huevos, capturas para controles veterinarios, capturas para traslocación o para traslado al CREA, levantamiento de actas para mantener la “cadena de custodia” de estos animales y evitar expolios, etc), información sensible que no se facilita a los Agentes de la autoridad pero que sí está en manos de personal externo ajeno a la Administración y un largo etcétera. 

Especial mención merece también la usurpación de funciones en incendios forestales, donde actualmente y desde hace varios años nos encontramos inmersos en una total falta de responsabilidad por parte de la Administración de cara a la campaña del INFOCA. La antigua EGMASA ya se hizo en su día con la extinción, desplazando al Cuerpo de Agentes. La prevención, coordinación e investigación de incendios están ahora en juego y con ella nuestros montes y la seguridad del personal que participa en los mismos. Ahora nos encontramos con zonas en las que los  incendios son dirigidos por personal no funcionario (totalmente ilegal) o por los directores de extinción de los Centros Operativos Provinciales sin personarse en el incendio, desde un despacho, cuando hay muchos fuegos que apagar y más de 1000 Agentes de Medio Ambiente entre cuyas funciones está la prevención, dirección de extinción e investigación de los incendios forestales. No existe la necesidad de pagar a nadie más para hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde.

Del mismo modo, la dotación de medios de la que carecemos los Agentes de Medio Ambiente, que siempre ha sido escasa y agravada por la situación económica actual, parece no afectar a la antigua EGMASA que disfruta de vehículos nuevos, perfectamente rotulados, cámaras fotográficas, dispositivos GPS, PDA, teléfonos sin restricción de llamadas y diverso material para desarrollar el trabajo que nos corresponde a los funcionarios con dinero público, todo ello bajo el paragüas de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que sí se elaboró para la empresa pública y sus empleados  y que seguimos sin tener los Agentes de Medio Ambiente, algo totalmente ilegal que hemos denunciado en multitud de ocasiones.

El ciudadano debe saberlo, se está malgastando el dinero de sus impuestos en pro de empresas públicas y Agencias que no hacen más que duplicar funciones y doblar los presupuestos, además usurpando funciones propias de los funcionarios públicos.

Fuente: elaboración propia.