Tras las intensas movilizaciones de los funcionarios andaluces que
tuvieron lugar el pasado año contra el Decreto de Reordenación del
Sector Público aprobado por el Gobierno de esta comunidad y como
consecuencia del recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Nº 10 de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, en base a la cual se invalida mediante
auto la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), estableciendo
como medida cautelar que se retorne a la situación anterior, hecho que
ya no es posible, dado que EGMASA ha dejado de existir como empresa
pública.
La plataforma de empleados públicos que interpuso el recurso, volvió a
presentar ante este órgano judicial una petición para que se adopte
dicha medida cautelar, denunciando que diferentes trabajadores de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA, antigua EGMASA) siguen
realizando las mismas funciones que venían desempeñando, muchas de las
cuales se consideran exclusivas para el personal funcionario. Al no
existir ya EGMASA cuando se presentó el recurso, el titular del Juzgado
considera que no cabe la posibilidad de retrotraer al personal de la
AMAYA a tal situación, por lo que no debe ser de aplicación la medida
cautelar que inicialmente se adoptó. Sin embargo, en un nuevo auto éste
advierte de la imposibilidad de que el personal de la AMAYA realice
funciones reservadas a funcionarios, porque podrían estar incurriendo en
un delito de usurpación de funciones.
Como consecuencia de esto, recientemente los Delegados Provinciales de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (antigua Consejería
de Medio Ambiente) han recibido instrucciones directas de la Secretaria
General Técnica, Macarena Bazán Sánchez, para que “ninguna potestad o
función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda
ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so
pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones”. Mediante
esta orden, los Delegados Provinciales tienen la misión de detectar y
analizar las taréas que vienen siendo realizadas por personal externo
contratado por la Agencia (antigua EGMASA) y asegurarse de que no
conllevan la realización de potestades públicas reservadas a los
funcionarios, así como que éstas se desarrollen con sus medios,
materiales y en sus centros de trabajo.
Desde la AAMAA esperamos que esto no quede en un simple papel para que
alguien se cubra las espaldas ante posibles responsabilidades penales y
se efectúe realmente esta devolución de competencias a los funcionarios
públicos y, en el caso que nos ocupa, a los Agentes de Medio Ambiente
que diariamente vemos cómo nuestras funciones van desapareciendo para
ser realizadas por personal contratado, con la consiguiente duplicación
de funciones y de presupuesto. Son multitud de tareas las que, poco a
poco, hemos visto como se desvanecen: censos de especies silvestres de
flora y fauna, gestión de la caza en montes públicos, supervisión de
trabajos forestales en montes públicos, manejo de especies amenazadas en
diversos programas de recuperación, reintroducción o conservación
(traslados, recogidas de pollos o huevos, capturas para controles
veterinarios, capturas para traslocación o para traslado al CREA,
levantamiento de actas para mantener la “cadena de custodia” de estos
animales y evitar expolios, etc), información sensible que no se
facilita a los Agentes de la autoridad pero que sí está en manos de
personal externo ajeno a la Administración y un largo etcétera.
Especial
mención merece también la usurpación de funciones en incendios
forestales, donde actualmente y desde hace varios años nos encontramos
inmersos en una total falta de responsabilidad por parte de la
Administración de cara a la campaña del INFOCA. La antigua EGMASA ya se
hizo en su día con la extinción, desplazando al Cuerpo de Agentes. La
prevención, coordinación e investigación de incendios están ahora en
juego y con ella nuestros montes y la seguridad del personal que
participa en los mismos. Ahora nos encontramos con zonas en las que los
incendios son dirigidos por personal no funcionario (totalmente ilegal)
o por los directores de extinción de los Centros Operativos
Provinciales sin personarse en el incendio, desde un despacho, cuando
hay muchos fuegos que apagar y más de 1000 Agentes de Medio Ambiente
entre cuyas funciones está la prevención, dirección de extinción e
investigación de los incendios forestales. No existe la necesidad de
pagar a nadie más para hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde.
Del mismo modo, la dotación de medios de la que carecemos los Agentes de Medio Ambiente, que siempre ha sido escasa y agravada por la situación económica actual, parece no afectar a la antigua EGMASA que disfruta de vehículos nuevos, perfectamente rotulados, cámaras fotográficas, dispositivos GPS, PDA, teléfonos sin restricción de llamadas y diverso material para desarrollar el trabajo que nos corresponde a los funcionarios con dinero público, todo ello bajo el paragüas de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que sí se elaboró para la empresa pública y sus empleados y que seguimos sin tener los Agentes de Medio Ambiente, algo totalmente ilegal que hemos denunciado en multitud de ocasiones.
El ciudadano debe saberlo, se está malgastando el dinero de sus
impuestos en pro de empresas públicas y Agencias que no hacen más que
duplicar funciones y doblar los presupuestos, además usurpando funciones
propias de los funcionarios públicos.
Fuente: elaboración propia.
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