Ni siquiera la reciente imputación por un delito de prevaricación del
Director General, Javier Madrid, por parte de la magistrada del Juzgado
nº 20 de Instrucción de Sevilla, atendiendo a la denuncia de la propia
Fiscalía y de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía
por anteriores autorizaciones, ha sido impedimento para que en 2014
se vuelva a las andadas con la caza ilegal de pajaritos a partir del
próximo 7 de septiembre y hasta el 15 de noviembre.
Ecologistas en Acción también recurrirá en alzada ante la consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la Resolución del
Director General del Medio Natural, Javier Madrid, que ha autorizado la
captura de más de 122.000 aves en las próximas 9 semanas.
Ni siquiera la reciente imputación por un delito de prevaricación del
Director General, Javier Madrid, por parte de la magistrada del
Juzgado nº 20 de Instrucción de Sevilla, atendiendo a la denuncia de la
propia Fiscalía y de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de
Andalucía por anteriores autorizaciones, ha sido impedimento para que
en 2014 se vuelva a las andadas con la caza ilegal de pajaritos a
partir del próximo 7 de septiembre y hasta el 15 de noviembre.
La connivencia del gobierno andaluz con el colectivo de cazadores, al
que se pliega año tras año por miedo a perder un puñado de votos y al
chantaje de protestas organizadas por la federación andaluza de caza
con objetivos contrarios a la legalidad internacional, ha pasado de
nuevo factura y este año volverán a ser capturadas más de 122.000
pequeñas aves para su supuesto adiestramiento en el canto. De esta
forma el gobierno regional del PSOE (como el principal partido de la
oposición, PP) parece apostar por un colectivo compuesto por sólo
14.000 cazadores en detrimento del interés general de los andaluces y
pasando por encima de las leyes o sentencias ambientales que están más
que obligados a cumplir.
Los tribunales europeos ya se han pronunciado reiteradamente sobre
esta cuestión. Argumentan que existe una solución válida para disponer
de aves cantoras sin necesidad de extraerlas de la naturaleza: la cría
en cautividad. Por tanto, no está permitida la caza de especies
protegidas que tienen una función ecológica muy importante en los
ecosistemas europeos y cuyas poblaciones, además, se enfrentan a un
declive generalizado. No obstante, el gobierno español a través del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en acuerdo mantenido
con regiones como la andaluza, ha intentado mediante subterfugios ganar
tiempo hasta 2018 para que los silvestristas se adapten a la cría.
Ecologistas en Acción considera que dicho acuerdo sectorial no está
justificado en absoluto ya que la cría cautiva se viene realizando desde
hace años en nuestro país y en otros estados del entorno, en los que
el intercambio y venta de estas mascotas está ampliamente consolidado.
Los aficionados al silvestrismo sólo tendrían que contactar con
criadores legales para obtener aves nacidas en jaulas y adiestrarlas o,
si así lo desean, criarlas ellos mismos a partir de esos ejemplares.
Por ésta y otras razones legales (hasta doce alegadas en el recurso),
la organización ecologista ha procedido a recurrir en alzada la
resolución firmada por Javier Madrid, solicitando a la consejera su
anulación y elevará una Queja Europea en los próximos días tanto por
las autorizaciones de capturas de los últimos años en Andalucía, como
por el acuerdo del supuesto periodo de adaptación llevado a efecto por
el gobierno central.
El silvestrismo encierra una lacra constante en su historial, la del
furtivismo para consumo de “pajaritos fritos” o las muertes de aves
por accidentes en las redes, por la manipulación o el propio cautiverio
de aves nacidas en libertad. Informes de inspecciones de la propia
Junta de Andalucía indican, por ejemplo, que en la provincia de Cádiz
existen al menos un 30% de irregularidades en los controles que
realizan a los silvestristas, entre ellos exceder el cupo autorizado o
el destino culinario.
Según datos de los propios silvestristas, en los últimos ocho años
han causado con su actividad la baja por muerte de 205.671 aves sólo en
Andalucía. Son 205.671 razones para que de una vez por todas se
reconsidere la relación que los políticos quieren mantener con los
millones de andaluces que rechazan la caza de animales libres,
condenados de por vida al cautiverio en caso de sobrevivir y que no es
justificable ni legal ni éticamente por razones de afición o tradición
cultural.
Fuente: ecoticias.com
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