La nueva Ley de Montes establece que no podrán denunciar ante la fiscalía o el juez posibles delitos.
Son los notarios de los bosques, quienes perciben si la noche
anterior han estado merodeando cazadores furtivos, si se están
levantando construcciones sin permiso o dan la voz de alarma ante
envenenamientos, incendios o cualquier otro abuso a la naturaleza. Hasta
ahora, los agentes forestales podían acudir directamente a la fiscalía o
los juzgados a denunciar posibles delitos. Con la nueva Ley de Montes,
que modifica la de 2003 y acaba de terminar su periodo de exposición
pública, tendrán que reportarlo a las Administraciones de las que
dependen, de carácter regional, y serán ellas quienes los tramiten.
El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que
muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están
cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido
genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la
estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta
lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en
que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de
un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía
y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor
coordinación”, añade.
Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma
de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los
órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales
quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a
la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en
que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.
El Gobierno asegura que la reforma consigue mayor coordinación.
“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a
la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran
fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.
En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o
Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus
agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente,
publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados
representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar
las denuncias directamente en Fiscalía.
El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya
que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las
Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de
Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG
y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como
los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro
para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar,
coinciden varias fuentes.
La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren
cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José
Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo
independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus
Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas
internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias
que se interpongan”, cuenta.
Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC
OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que
se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es
extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.
La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el
“loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la
fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran
fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un
plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión
sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.
Fuente: sociedad.elpais.com
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