Medio Ambiente supervisó en 2013 cinco derribos de construcciones ilegales. La última demolición, el pasado diciembre, fue la de una vivienda de madera en El Palmar.
La delegación territorial de Medio Ambiente de Cádiz supervisó el año
pasado cinco demoliciones de construcciones que habían sido levantadas
de manera ilegal en zonas de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre o en espacios naturales protegidos. El último
derribo se produjo el pasado diciembre: el de una vivienda de madera
instalada sin autorización alguna en El Palmar, perteneciente al
municipio de Vejer.
Una sentencia de un Juzgado de lo Penal
ordenó demoler la vivienda y la operación fue realizada voluntariamente
por el propietario. Agentes de Medio Ambiente comprobaron el
cumplimiento de la orden, que incluía el desmantelamiento de la casa y
también la demolición de la plataforma de hormigón sobre la que se
hallaba anclada.
También fueron supervisadas por Agentes de
Medio Ambiente las otras cuatro demoliciones del año pasado ordenadas
por sentencias de Juzgados de lo Penal, según la información
proporcionada por el gabinete de prensa de la delegación territorial de
Medio Ambiente.
Una de ellas se produjo también el pasado mes de
diciembre. En este caso, se trataba del derribo de una edificación de
25 metros cuadrados y de la ampliación de la caseta de un pozo en la
zona de Los Alamillos, en el municipio de Grazalema. La construcción fue
levantada ilegalmente en terrenos del Parque Natural Sierra de
Grazalema. La orden de demolición figuraba en una sentencia dictada por
el Juzgado de lo Penal número 2 de Jerez.
En abril de 2013 hubo
dos demoliciones. En la zona de El Calvario, en el municipio de Zahara
de la Sierra, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, fue derribada
una edificación de 50 metros cuadrados. Fue cumplida así la orden de una
sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez.
La segunda
demolición de ese mes remite de nuevo a El Palmar, en Vejer. Allí fue
derribada una edificación de 98 metros cuadrados que se encontraba en
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo
terrestre. La orden figuraba en una sentencia dictada por el Juzgado de
lo Penal número 1 de Cádiz.
La quinta demolición se produjo en
enero de 2013 en una vía pecuaria, la Colada de Bornos, en el municipio
de Arcos: una placa de hormigón de una edificación construida
ilegalmente. Fue demolida en cumplimiento de una sentencia del Juzgado
de lo Penal número 1 de Jerez.
Desde el año 2000, la lucha de la
Consejería de Medio Ambiente contra las viviendas ilegales se ha
traducido en 23 demoliciones de construcciones levantadas de manera
ilegal en zonas de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre o en espacios naturales protegidos. Muchas de las
denuncias realizadas por los Agentes de Medio Ambiente están
relacionadas con obras que carecían de autorización ambiental o licencia
de obras, o que incluso no es posible autorizarlas porque están
enclavadas en suelos con una protección especial o en terrenos de
propiedad pública.
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