Un año más, la Dirección General del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha resuelto autorizar la captura de aves fringílidas jilguero, verderón y pardillo.
Desde nuestra asociación profesional creemos firmemente que se está consintiendo una actividad más que irregular, vistiéndola de legalidad sobre el papel pero que no convence a la sociedad, siendo inadmisible tanto en su justificación, tramitación, control y en los resultados que se pretenden mostrar.
Mientras que las obligaciones legales hacen descender el número de capturas anuales, la Federación Andaluza de Caza y sociedades silvestristas, siguen tratando de formar nuevos practicantes y mantener los antiguos.
Todo este panorama no encaja en la adaptación a la Directiva Europea, lo cual ha desembocado tras varios avisos serios en la apertura de un expediente sancionador a España. La Comisión Europea así lo comunicó al Gobierno de nuestro país el pasado 29 de septiembre mediante una carta de emplazamiento. Y es que los números hablan por sí solos: las autorizaciones que vienen dando las comunidades autónomas en España –bajo las directrices del Ministerio de Medio Ambiente– contemplan un volumen de capturas que habría superado el millón en cuatro años. Con esas cifras, las autoridades europeas ven claro el incumplimiento de los requisitos legales de prudencia y control por lo que se solicita la paralización de esta actividad. Ahora el Ejecutivo español tiene dos meses para responder a este emplazamiento antes de que el proceso continúe.
Ya hay comunidades autónomas que han dejado de emitir estas autorizaciones como es el caso de Cataluña, no sin antes saldarse con la condena a tres años y medio de inhabilitación para ocupar un cargo públicoa ex directora general de Medio Natural de la Generalitat y ex diputada de ICV en el Congreso, Núria Buenaventura, por permitir este tipo de capturas de aves. Va siendo hora que comunidades como la andaluza afronten el marco legal sin medias tintas.
Si bien ha seguido descendiendo el cupo de capturas autorizados, en consonancia con los compromisos adquiridos con la Unión Europea (para este año por un total de casi 72.000 aves), este descenso es solamente sobre el papel, pues la realidad de la actividad, de la que somos conocedores de primera mano, es otra bien distinta. Teniendo en cuenta el total de aves que se autoriza capturar y el total de practicantes con autorización, resultaría que cada silvestrista, hablando en cifras medias, no podría capturar ni siquiera 4 aves en total, considerando el número de salidas que son hasta 15 en periodo otoñal y 4 u 8 en periodo estival, según especies… ¿alguien cree que estas cifras se corresponden con la realidad? La realidad es que estas cifras se multiplican ampliamente en el campo. Mientras el número de silvestristas autorizados a capturar se mantenga en Andalucía en 13 o 14 mil, con municipios con cientos de personas autorizadas, el número de capturas reales poco va a descender.
Por otra parte, la finalidad de esta actividad, que supone una EXCEPCION al régimen de protección general de estas aves, se justifica por su necesidad para el adiestramiento en el canto y participación en concursos deportivos, pero no cabe duda, considerando el elevado número de capturas que cada año son autorizadas, existen lo que podríamos denominar sobrantes o ejemplares que finalmente no van a participar en concursos y que se ceden cuando no se venden, lo que está totalmente prohibido por la normativa de conservación, tanto estatal como autonómica.
Si la aplicación de la normativa es tendente a que esta actividad solo se realice cuando el intercambio genético entre criadores no sea suficiente para prevenir los efectos negativos o degenerativos de la consanguinidad, nos preguntamos, ¿dónde están estos criadores?, ¿quiénes son?, ¿quizá los cerca de 14.000 autorizados a capturar aves?, ¿dónde está el control estricto sobre estas capturas? ¿quién realiza el control sobre las especies que permanecen en jaula en domicilios, garajes, casas de campo, etc? ¿cuántas mueren y en qué condiciones se encuentran?
Resulta paradójico que, tratándose de aves que no son especies cinegéticas, sea la Federación Andaluza de Caza y las sociedades pajariles o silvestristas las que proporcionen la información y documentación sobre el número de aves capturadas, el remanente de aves que se liberan vía sueltas, etc. a la propia Administración en vez de que ésta ejerza directamente sus competencias, dándose la paradoja de que en esa situación carece de opción alguna de verificar la realidad de estos datos. Se deja la gestión en manos de entidades colaboradoras que son las implicadas directamente en que la actividad siga desarrollándose, unas por interés directo y otra además por incrementar su recaudación y número de federados. Y siendo estas entidades las que finalmente certifican a la Administración que todo se ha cumplido acorde a las normas.
Desde nuestra asociación profesional creemos firmemente que se está consintiendo una actividad más que irregular, vistiéndola de legalidad sobre el papel pero que no convence a la sociedad, siendo inadmisible tanto en su justificación, tramitación, control y en los resultados que se pretenden mostrar.
Mientras que las obligaciones legales hacen descender el número de capturas anuales, la Federación Andaluza de Caza y sociedades silvestristas, siguen tratando de formar nuevos practicantes y mantener los antiguos.
Todo este panorama no encaja en la adaptación a la Directiva Europea, lo cual ha desembocado tras varios avisos serios en la apertura de un expediente sancionador a España. La Comisión Europea así lo comunicó al Gobierno de nuestro país el pasado 29 de septiembre mediante una carta de emplazamiento. Y es que los números hablan por sí solos: las autorizaciones que vienen dando las comunidades autónomas en España –bajo las directrices del Ministerio de Medio Ambiente– contemplan un volumen de capturas que habría superado el millón en cuatro años. Con esas cifras, las autoridades europeas ven claro el incumplimiento de los requisitos legales de prudencia y control por lo que se solicita la paralización de esta actividad. Ahora el Ejecutivo español tiene dos meses para responder a este emplazamiento antes de que el proceso continúe.
Ya hay comunidades autónomas que han dejado de emitir estas autorizaciones como es el caso de Cataluña, no sin antes saldarse con la condena a tres años y medio de inhabilitación para ocupar un cargo públicoa ex directora general de Medio Natural de la Generalitat y ex diputada de ICV en el Congreso, Núria Buenaventura, por permitir este tipo de capturas de aves. Va siendo hora que comunidades como la andaluza afronten el marco legal sin medias tintas.
Si bien ha seguido descendiendo el cupo de capturas autorizados, en consonancia con los compromisos adquiridos con la Unión Europea (para este año por un total de casi 72.000 aves), este descenso es solamente sobre el papel, pues la realidad de la actividad, de la que somos conocedores de primera mano, es otra bien distinta. Teniendo en cuenta el total de aves que se autoriza capturar y el total de practicantes con autorización, resultaría que cada silvestrista, hablando en cifras medias, no podría capturar ni siquiera 4 aves en total, considerando el número de salidas que son hasta 15 en periodo otoñal y 4 u 8 en periodo estival, según especies… ¿alguien cree que estas cifras se corresponden con la realidad? La realidad es que estas cifras se multiplican ampliamente en el campo. Mientras el número de silvestristas autorizados a capturar se mantenga en Andalucía en 13 o 14 mil, con municipios con cientos de personas autorizadas, el número de capturas reales poco va a descender.
Por otra parte, la finalidad de esta actividad, que supone una EXCEPCION al régimen de protección general de estas aves, se justifica por su necesidad para el adiestramiento en el canto y participación en concursos deportivos, pero no cabe duda, considerando el elevado número de capturas que cada año son autorizadas, existen lo que podríamos denominar sobrantes o ejemplares que finalmente no van a participar en concursos y que se ceden cuando no se venden, lo que está totalmente prohibido por la normativa de conservación, tanto estatal como autonómica.
Si la aplicación de la normativa es tendente a que esta actividad solo se realice cuando el intercambio genético entre criadores no sea suficiente para prevenir los efectos negativos o degenerativos de la consanguinidad, nos preguntamos, ¿dónde están estos criadores?, ¿quiénes son?, ¿quizá los cerca de 14.000 autorizados a capturar aves?, ¿dónde está el control estricto sobre estas capturas? ¿quién realiza el control sobre las especies que permanecen en jaula en domicilios, garajes, casas de campo, etc? ¿cuántas mueren y en qué condiciones se encuentran?
Resulta paradójico que, tratándose de aves que no son especies cinegéticas, sea la Federación Andaluza de Caza y las sociedades pajariles o silvestristas las que proporcionen la información y documentación sobre el número de aves capturadas, el remanente de aves que se liberan vía sueltas, etc. a la propia Administración en vez de que ésta ejerza directamente sus competencias, dándose la paradoja de que en esa situación carece de opción alguna de verificar la realidad de estos datos. Se deja la gestión en manos de entidades colaboradoras que son las implicadas directamente en que la actividad siga desarrollándose, unas por interés directo y otra además por incrementar su recaudación y número de federados. Y siendo estas entidades las que finalmente certifican a la Administración que todo se ha cumplido acorde a las normas.
Fuente: elaboración propia
Mas información en: lavanguardia.com / lainformacion.com
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