La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio
Histórico de la Fiscalía Provincial de Huelva, integrada durante el año
2015 por el fiscal delegado, Alfredo Flores Prada, y por la fiscal Ana
Isabel Laso Mota, destaca, en su memoria anual, a la que ha tenido
acceso Europa Press, la problemática del agua en la provincia que supone
"el mayor reto de futuro".
Así, subrayan de nuevo las
extracciones ilegales de agua pero no solo en las zonas próximas a
Doñana sino también en la Sierra de Aracena. Concretamente, sobre los
casos de extracciones en Doñana, por los pozos y balsas para el riego de
las plantaciones agrícolas con afectación del acuífero, destacan en la
memoria que las nueve causas penales tramitadas ante los juzgados de
Moguer, incoadas en 2013 y 2014, se han visto afectadas por la reforma
penal y procesal de 2015 y transformadas en delitos leves.
En
su mayor parte las denuncias interpuestas se referían a vertidos de
aguas sin depurar, a casos de contaminación acústica con afectación de
la salud de los ciudadanos, a cambios de uso de forestal a agrícola,
maltrato animal y lo relacionado con los depósitos de residuos mineros.
Del mismo modo, subrayan la reiteración de casos donde
las denuncias recibidas también se habían presentado ante otras
instituciones como el Seprona, Fiscalía de Sala Coordinadora, Delegación
de Medio Ambiente, Defensor del Pueblo, de tal forma que "se generaba
una situación de confusión y duplicidad de actuaciones muy
perturbadora", por tanto solicitan que la investigación realizada la
Fiscalía de Sala de hechos acaecidos en la provincia sea "comunicada
desde el primer momento para una actuación más eficaz".
Por
otro lado, esta sección ha elaborado 32 escritos de acusación, aunque
subrayan que "continúa vigente la problemática de los medios
informáticos y de personal auxiliar, con especial incidencia en la
tramitación de las diligencias de investigación y en los datos
estadísticos" e insisten en la prioridad de que la Sección cuente con un
espacio físico, peritos en las materias propias y al menos un
funcionario adscrito, considerando que es "la única manera de cumplir de
forma rápida y eficaz con las funciones encomendadas y demandadas por
los ciudadanos".
PLAZOS RAZONABLES
Los
principales retos de esta sección, según precisa esta memoria, no han
cambiado y radican en "la necesidad de ejecutar en plazos razonables y
con eficacia las sentencias, que presentan graves dificultades en
comparación con otros tipos penales y además se alargan notoriamente en
el tiempo, no sólo por la falta de colaboración de las defensas, sino
por requerir muchas veces la elaboración de complejos informes por parte
de la Administración". En este punto, destacan la colaboración esencial
de los letrados de la Administración de Justicia y funcionarios
encargados de ejecutorias de las secciones penales de la Audiencia y de
los Juzgados de lo Penal.
A su vez, subrayan "la
íntima conexión" de la especialidad con los delitos contra la
Administración Pública y en general con la lucha contra la corrupción,
lo que genera un efecto "atrayente" en este trabajo al no existir en
esta Fiscalía ninguna Sección de Delincuencia Económica ni Delegado
'Anticorrupción'.
Por último, las relaciones con el
Seprona, la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la
comunidad autónoma, las distintas policías locales y los Agentes de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han sido un año más "fluidas,
cordiales y fructíferas", aunque afirman desde esta sección el hecho de
que el área de Medio Ambiente de la Unidad Adscrita del CNP "tiene
escaso personal, lo que pese a la profesionalidad y empeño de sus
integrantes, limita su capacidad de actuación, teniendo además en cuenta
que han dedicado muchas jornadas a la lucha contra el marisqueo ilegal,
en coordinación con la Inspección Pesquera Autonómica".
Fuente: lainformacion.com
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