Agentes de Medio Ambiente forman a alumnos agroforestales en el esclarecimiento del origen y causas de los incendios

Agentes de la Delegación Provincial de Medio Ambiente adscritos a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) han trasladado a los alumnos de la Granja-Escuela Agroforestal de la Diputación Provincial de Huelva su experiencia en unas charlas que han cerrado la aportación de Medio Ambiente al curso 2011-12. Con ella, la Delegación colabora en la formación de futuros técnicos en gestión de recursos naturales.

Los especialistas han detallado durante las conferencias los métodos que utilizan para identificar el lugar de inicio de los incendios y relacionarlo con la causa que lo ha provocado. Los Agentes también han destacado los efectos disuasorios que tienen las sentencias judiciales, cada vez más frecuentes. En la misma línea, se trataron asuntos como la inclusión del Delito de Incendio en el Código Penal.

La Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) está compuesta por 10 Agentes especializados cuyo objetivo principal es el esclarecimiento de la causa de cada uno de los incendios que se producen en la provincia de Huelva a partir de la elaboración de un informe técnico que sirve de apoyo a la investigación policial que pueda generarse.

Estas charlas refuerzan la colaboración de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva con la dirección de la Escuela Agroforestal situada en San Juan del Puerto, que se afana en ofrecer a sus alumnos una formación de calidad que sea valorada positivamente por las empresas del sector. Precisamente, un elemento diferencial de la granja-escuela onubense y la mayoría de institutos de Andalucía que expiden la titulación de Técnico Superior en Gestión de Recursos Naturales y Paisajísticos es la divulgación de estos conocimientos en el esclarecimiento de incendios. En Huelva se lleva a cabo desde 1983 y solo en la escuela de Vadillo, en Jaén, se ofrece también este contenido.

Algunos de los Agentes de Medio Ambiente que han colaborado en las charlas son antiguos alumnos de la granja-escuela de la Diputación de Huelva y esta circunstancia ha facilitado la comunicación con el alumnado, que ha demostrado su interés con una participación muy activa durante las jornadas.

Fuente: elperiodicodehuelva.es

Derriban construcción ilegal denunciada por Agentes de Medio Ambiente en el Parque Natural Sierra de Grazalema

La demolición de la casa rural ubicada en Tavizna, objeto de polémica en los últimos meses por su situación ilegal en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema, se ha hecho efectiva. En esta ocasión se pudo cumplir la orden de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, después de que a finales del mes de diciembre una concentración de vecinos colocase numerosos vehículos frente al acceso a la construcción e impidiese así el paso de las máquinas. 

Para evitar que se repitiera una situación similar, los Agentes de Medio Ambiente asistieron a la ejecución del derribo acompañados por una treintena de efectivos de la Policía Autonómica. La vivienda, planteada en un principio con fines turísticos, como alojamiento rural, constaba de dos plantas y estaba construida en espacio protegido, en el término municipal de Benaocaz, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema e invadiendo una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.

Ese fue el motivo que llevó a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a ordenar el derribo de la construcción, un proceso que comenzó en septiembre de 2001, fecha en la que fue denunciada por los Agentes de Medio Ambiente.

Sin embargo, la demora se debe al inicio de un proceso penal contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio. Este proceso suspendió el procedimiento administrativo en 2002, hasta que en 2004 el juzgado de lo penal dictó una sentencia en la que absolvía al dueño de la finca del delito de ordenación del territorio.

Continuó entonces el procedimiento administrativo, cuya resolución definitiva en marzo de 2006 impuso al propietario la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido. Así, al no haberse cumplido, es cuando la Consejería ha actuado de forma subsidiaria para restaurar la legalidad, cuyos costes, cercanos a 98.000 euros, deberá ahora pagar el infractor.

Sin embargo el asunto no queda ahí, ya que al comunicarse al Ayuntamiento de Benaocaz a principios de diciembre que se iba a proceder a dicha demolición, surgieron nuevas trabas, pues el ente local alegaba la necesidad de contar con licencia de obra. Desde Medio Ambiente, por su parte, aseguraron que por el principio de lealtad institucional entre administraciones, la Consejería no necesitaba licencia de obra.

Con todo, para este nuevo intento de demolición hecho efectivo ayer, la Delegación Provincial contaba con una autorización judicial, así como la resolución administrativa firme del expediente sancionador por infracción a Ley de Espacios Protegidos.

Una vez llevado a cabo el derribo, la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, ha señalado que con actuaciones como esta “nuestro objetivo es hacer cumplir la legalidad medioambiental, actuando contra todas aquellas construcciones y ocupaciones ilícitas en los montes públicos, zonas de servidumbre de protección y espacios naturales protegidos”. Asimismo ha subrayado que “esa es la política que estamos siguiendo y en la que vamos a ser tajantes”.

De hecho, con el derribo de esta vivienda son ya siete las demoliciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz desde principios de 2008. Dos de ellas se refieren a casas del municipio de Tarifa ubicadas en espacio protegido del parque de los Alcornocales, otras tres construcciones en El Palmar (Vejer) por ocupar zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre y una última en Chipiona por esta misma razón.

Enfrentamiento político

La demolición de esta construcción en Tavizna despertó incluso la polémica política a nivel provincial. Así, los dirigentes socialistas llegaron a solicitar el cese de manera inmediata del alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana (PP), mientras los populares negaron que el mismo se opusiera al derrumbe de esta vivienda rural.
Al mismo tiempo pidieron coherencia al PSOE, reclamando el mismo trato para los ayuntamientos gobernados por socialistas, haciendo referencia así a la orden de derribo del Hotel El Algarrobico, ubicado en Carboneras, en el Cabo de Gata.

Por su parte, Mangana se defendió reiterando la necesidad de que la Delegación de Medio Ambiente solicitara un permiso de demolición, remitiéndose para ello a sendos decretos de Alcaldía. Finalmente el derribo se ha hecho efectivo sin necesidad de autorización municipal. 

Fuente: andaluciainformacion.es

Exigimos a la Junta parar la usurpación de funciones de los Agentes de Medio Ambiente y devolver las competencias ya robadas

Tras las intensas movilizaciones de los funcionarios andaluces que tuvieron lugar el pasado año contra el Decreto de Reordenación del Sector Público aprobado por el Gobierno de esta comunidad y como consecuencia del recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 10 de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, en base a la cual se invalida mediante auto la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), estableciendo como medida cautelar que se retorne a la situación anterior, hecho que ya no es posible, dado que EGMASA ha dejado de existir como empresa pública.

La plataforma de empleados públicos que interpuso el recurso, volvió a presentar ante este órgano judicial una petición para que se adopte dicha medida cautelar, denunciando que diferentes trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA, antigua EGMASA) siguen realizando las mismas funciones que venían desempeñando, muchas de las cuales se consideran exclusivas para el personal funcionario. Al no existir ya EGMASA cuando se presentó el recurso, el titular del Juzgado considera que no cabe la posibilidad de retrotraer al personal de la AMAYA a tal situación, por lo que no debe ser de aplicación la medida cautelar que inicialmente se adoptó. Sin embargo, en un nuevo auto éste advierte de la imposibilidad de que el personal de la AMAYA realice funciones reservadas a funcionarios, porque podrían estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

Como consecuencia de esto, recientemente los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (antigua Consejería de Medio Ambiente) han recibido instrucciones directas de la Secretaria General Técnica, Macarena Bazán Sánchez, para que “ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones”. Mediante esta orden, los Delegados Provinciales tienen la misión de detectar y analizar las taréas que vienen siendo realizadas por personal externo contratado por la Agencia (antigua EGMASA)  y asegurarse de que no conllevan la realización de potestades públicas reservadas a los funcionarios, así como que éstas se desarrollen con sus medios, materiales y en sus centros de trabajo.

Desde la AAMAA esperamos que esto no quede en un simple papel para que alguien se cubra las espaldas ante posibles responsabilidades penales y se efectúe realmente esta devolución de competencias a los funcionarios públicos y, en el caso que nos ocupa, a los Agentes de Medio Ambiente que diariamente vemos cómo nuestras funciones van desapareciendo para ser realizadas por personal contratado, con la consiguiente duplicación de funciones y de presupuesto. Son multitud de tareas las que, poco a poco, hemos visto como se desvanecen: censos de especies silvestres de flora y fauna, gestión de la caza en montes públicos, supervisión de trabajos forestales en montes públicos, manejo de especies amenazadas en diversos programas de recuperación, reintroducción o conservación (traslados, recogidas de pollos o huevos, capturas para controles veterinarios, capturas para traslocación o para traslado al CREA, levantamiento de actas para mantener la “cadena de custodia” de estos animales y evitar expolios, etc), información sensible que no se facilita a los Agentes de la autoridad pero que sí está en manos de personal externo ajeno a la Administración y un largo etcétera. 

Especial mención merece también la usurpación de funciones en incendios forestales, donde actualmente y desde hace varios años nos encontramos inmersos en una total falta de responsabilidad por parte de la Administración de cara a la campaña del INFOCA. La antigua EGMASA ya se hizo en su día con la extinción, desplazando al Cuerpo de Agentes. La prevención, coordinación e investigación de incendios están ahora en juego y con ella nuestros montes y la seguridad del personal que participa en los mismos. Ahora nos encontramos con zonas en las que los  incendios son dirigidos por personal no funcionario (totalmente ilegal) o por los directores de extinción de los Centros Operativos Provinciales sin personarse en el incendio, desde un despacho, cuando hay muchos fuegos que apagar y más de 1000 Agentes de Medio Ambiente entre cuyas funciones está la prevención, dirección de extinción e investigación de los incendios forestales. No existe la necesidad de pagar a nadie más para hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde.

Del mismo modo, la dotación de medios de la que carecemos los Agentes de Medio Ambiente, que siempre ha sido escasa y agravada por la situación económica actual, parece no afectar a la antigua EGMASA que disfruta de vehículos nuevos, perfectamente rotulados, cámaras fotográficas, dispositivos GPS, PDA, teléfonos sin restricción de llamadas y diverso material para desarrollar el trabajo que nos corresponde a los funcionarios con dinero público, todo ello bajo el paragüas de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que sí se elaboró para la empresa pública y sus empleados  y que seguimos sin tener los Agentes de Medio Ambiente, algo totalmente ilegal que hemos denunciado en multitud de ocasiones.

El ciudadano debe saberlo, se está malgastando el dinero de sus impuestos en pro de empresas públicas y Agencias que no hacen más que duplicar funciones y doblar los presupuestos, además usurpando funciones propias de los funcionarios públicos.

Fuente: elaboración propia.

INFOCA 2012 en Andalucía: "crónica de una chapuza anunciada"

Se repite la penosa situación de incertidumbre vivida estos últimos años para los Agentes de Medio Ambiente encargados de la prevención, coordinación e investigación de los incendios de Andalucía en el Plan INFOCA. De nuevo la Junta de Andalucía pretende prescindir de nosotros en pro de no sabemos qué. 

Poco a poco, paso a paso, la antigua EGMASA se fue haciendo con la extinción en incendios y relegando a los Agentes de Medio Ambiente a la coordinación e investigación. Hace ya varias campañas que estas dos funciones, especialmente la coordinación de incendios forestales, están en juego también. La Administración pretende excluirnos mediante la aplicación de unos reconocimientos médicos que no ampara ningún Plan de Prevención de Riesgos Laborales, ya que no disponemos de él, que nadie sabe qué parámetros mide ni cuales son los requisitos a cumplir, ni las consecuencias de sus resultados; pero se está llegando más allá de la campaña de incendios, incluso provocando la inhabilitación de hecho para todo nuestro trabajo cotidiano, según se desprende de los primeros resultados de los Agentes que sí se han presentado al reconocimiento médico. 

Si el año pasado muchos de los Agentes de Medio Ambiente se quedaron fuera de la Dirección de extinción y de la investigación, este año suena la misma canción y la Consejería no ha arreglado el desastre que provocó en la pasada campaña en la que unidades enteras estaban sin ningún director de extinción a pie de campo. Han sido numerosos los casos en los que los incendios han sido “dirigidos” desde otro lugar, no en el campo, por los técnicos de extinción de los Centros Operativos Provinciales e incluso por personal no funcionario de la antigua EGMASA. 

Este año nos proponen la misma receta. En una reunión mantenida el 23 de mayo, a 7 días del inicio de la campaña, por el Director General de Gestión del Medio Natural y el recién incorporado Secretario General Técnico con los sindicatos, se ha anunciado que esta campaña transcurrirá con los mismos criterios de la anterior, o lo que es lo mismo: sin Directores de Extinción suficientes, sin realizar el nombramiento de los Agentes como Coordinador de Demarcación (algo a lo que obliga la normativa andaluza), sin Plan de Prevención de Riesgos Laborales y con la novedad de que el próximo año se pretende reducir el número de Directores de Extinción a 400 (de los más de 1000 Agentes de Medio Ambiente que hay). Agárrense, que vienen curvas… 

Fuente: elaboración propia.

Actuación conjunta de Agentes de Medio Ambiente y Seprona permite imputar a 9 personas por uso de cebos envenenados en Osuna

La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Morón de la Frontera (Sevilla), en colaboración con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han imputado a nueve personas por un supuesto delito contra la Ley de Protección de la Flora y Fauna Silvestre, ya que cazaron utilizando presuntamente cebos venenosos, y a otra por explotar una finca para cacería sin tener autorización para ello.

Los guardias civiles del Seprona iniciaron una investigación tras ser informados por Agentes de Medio Ambiente de la sospecha de que, en una finca de caza, podrían estar usándose cepos envenenados, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa. 

De este modo, los agentes comenzaron a indagar y consiguieron localizar en una finca del término municipal de Osuna varios cepos con restos de carne y sardinas. Los agentes analizaron los restos de comida y hallaron restos de un veneno altamente tóxico. 

Tras una investigación a fondo de la finca, también localizaron jaulas y pinchos, supuestamente para matar a los animales atrapados en los cepos y jaulas. La Guardia Civil descubrió que la finca estaba habilitada para cazar sin tener permiso y que los carteles o las tarjetas de los socios estaban falsificados. 

Además, usaban unas tablilllas con el número de matrícula del coto vecino, al cual hacía años que había dejado de pertenecer la finca en cuestión. Por todo ello, la Guardia Civil ha imputado a nueve personas por un supuesto delito contra la flora y fauna silvestre.

Asimismo, otra persona ha sido imputada por un supuesto delito de falsificación de documento privado y usurpación después de emitir autorizaciones para caza en terrenos libres, donde no está permitida la caza, habiéndose colocado incluso placas en todo su perímetro.

Fuente: lainformacion.com