El
Juzgado de lo Penal de Granada ha condenado a un hombre por envenenar a
dos ejemplares de quebrantahuesos en el parque natural Sierra de
Castril, en Granada. Tendrá que indemnizar con la cantidad de 6.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por un delito contra la flora y la fauna, en virtud de una condena que incluye pena privativa de libertad de seis meses. También ha sido inhabilitado para cazar o pescar por un periodo de quince meses.
Los
hechos se remontan a mayo de 2011 cuando se localizaron los cadáveres
de dos de los quebrantahuesos liberados a través del proyecto de la
Junta de Andalucía para la reintroducción del quebrantahuesos, una
especie de ave rapaz carroñera en peligro de extinción. Eran Pontones, un macho liberado en 2007, y Cata, una hembra soltada en 2009. Los resultados de las analíticas realizadas revelaron que la causa de ambas muertas fue el envenenamiento por la ingestión de cebos de carne de oveja, impregnados en Aldicarb, una sustancia tóxica muy potente que
no solo causa efectos letales sobre la fauna amenazada y los
ecosistemas sino que además puede representar un riesgo grave para la
salud pública.
Ante estos hechos, que provocaron que la Consejería
de Medio Ambiente paralizara de forma temporal la liberación de
ejemplares durante más de un año, se inició una investigación policial
en la que participó el Seprona de la Guardia Civil, el centro de
análisis y diagnóstico de fauna silvestre y la unidad forense de apoyo
de los Agentes de Medio Ambiente. En el transcurso de la misma se pudo
rastrear el ADN de la carne de dichos cebos, procedente del contenido
digestivo de los cadáveres, y cotejarlo con el obtenido a partir de muestras de sangre de las ovejas de varios ganaderos del parque natural de la Sierra de Castril.
Tras varios meses de investigación se pudo conocer que la carne de
los cebos procedía de una explotación de la zona, cuyo titular fue
acusado de un delito medioambiental. La novedosa técnica utilizada en la
investigación policial, que se caracteriza por aplicarse por primera
vez en Europa como la de un delito medioambiental, no solo ha permitido
aportar al juzgado las pruebas del envenenamiento sino que también ha
supuesto una lucha sin precedentes en la lucha contra el veneno, según
ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.
La colocación de cebos envenenados en el medio natural es un delito tipificado en el Código Penal
y en la normativa administrativa que puede ser sancionado con fuertes
multas, incluso con la privación de libertad hasta dos años.
Todos
los quebrantahuesos del proyecto de reintroducción que han muerto
envenenados, cuatro en total, fueron localizados en la Sierra de
Castril. En este mismo espacio natural también se encontraron muertos otros tres ejemplares.
En
2010 ya fue condenado otro ganadero de la zona a 18 meses de cárcel por
colocar cebos envenenados con Aldicarb, a raíz de las investigaciones
desarrolladas por otro quebrantahuesos muerto en abril de 2008.
Fuente: sevilla.abc.es
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