Apoyo total de la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente a las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).
Los
hechos ocurrieron el 9 de abril de 2011 en un paraje del Parque Natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Se declaró un
incendio que afectó a terreno forestal y, siguiendo el protocolo
habitual, la Brigada de Investigación de Incendios (BIIF), formada por
Agentes de Medio Ambiente, funcionarios públicos con el carácter de
Agentes de la autoridad, así como Policía Judicial, investiga los hechos
para determinar las causas del mismo.
Tras la determinación de la causa del siniestro, cuatro personas fueron imputadas por delito de incendio forestal (negligencia al no contemplar las medidas de prevención adecuadas para evitar incendios en los trabajos forestales): 3 trabajadores de una empresa privada y un funcionario de la Administración que ejercía como director de obra de la misma. Los trabajos eran realizados por la propia Junta de Andalucía en monte público de su propiedad.
Ahora, celebrado el juicio en 2016, las cuatro personas imputadas han sido absueltas, basándose en dos informes realizados varios años después de ocurrido el incendio, que contradicen las investigaciones e informes periciales de la BIIF.
Para "desmontar" el informe de estos profesionales, por un lado, la parte imputada encarga dos años después del incendio la redacción de un informe externo a un conocido profesor de la Universidad de Córdoba, que contradice los resultados de las investigaciones realizadas por la BIIF de Jaén en los momentos inmediatamente posteriores al siniestro. Técnico que, recordemos, ha estado ocupando puestos de libre designación de alto nivel en la Consejería de Medio Ambiente.
Ante la disparidad de opiniones de los dos informes, posteriormente la Consejería aporta un tercer informe de investigación de las causas del incendio llevado a cabo por el Director del Centro Operativo Provincial (COP) de Jaén, en el que concluye que el origen del incendio no es el indicado por la BIIF, sino otro lugar distinto. No hay que pasar por alto que esta persona no nos consta que tenga formación en investigación de incendios forestales y ostenta un puesto otorgado a dedo por la Consejería como Director del COP.
Independientemente del resultado de la sentencia judicial, que respetamos, la pregunta que nos hacemos desde la Asociación de Agentes es sencilla ¿cuántos incendios ha investigado el Director del COP, el profesor de la Universidad de Córdoba, y cuantos la BIIF? Para esta asociación, más allá del corporativismo, la experiencia demostrada día a día por los Agentes de las BIIF de toda Andalucía y, concretamente, de la de Jaén, está fuera de toda duda y consideramos que en ningún caso es comparable ni puede tener menor validez que informes realizados por personas sin experiencia en la investigación y, lo más grave, habiéndose llevado a cabo dos años después del incendio.
También nos preguntamos por qué la propia Junta de Andalucía pone en duda la veracidad de su brigada de investigación encargando contrainformes, dejando en entredicho y desacreditando el trabajo de estos profesionales cuando les interesa. ¿Porqué no defendió la Consejería en el juicio el informe realizado por sus Agentes de la BIIF? ¿Porqué los informes de la BIIF son perfectamente válidos para el común de la ciudadanía, pero no para los responsables de trabajos gestionados por la propia Consejería de Medio Ambiente? La normativa es y debe ser igual para todos, y se debe emplear la misma "vara de medir", no usar distintos raseros en función de la conveniencia o no de ciertos intereses. Las consecuencias de un incendio pueden ser muy graves independientemente de quien sea el responsable, eso lo sabemos muy bien los Agentes de Medio Ambiente y todos los medios que participan en la extinción cada día. Las pérdidas en el monte, e incluso las vidas que se llevan por delante a veces los incendios durante la extinción son algo muy serio (hace escasos días conocimos un nuevo caso de muerte de un Agente Forestal en el incendio de Jedey en La Palma, que se suma a la de otros tantos bomberos forestales, técnicos, pilotos, etc.).
Por otra parte, nos resultan llamativas (por absurdas) las declaraciones durante el juicio, que achacan a la BIIF que "trabajó en caliente y sobre el terreno", algo que evidentemente es lo correcto y deseable en cualquier investigación de carácter policial: actuar lo antes posible ante la posibilidad de pérdida o deterioro de los indicios o evidencias. La actuación rápida de la BIIF permitió determinar in situ, cual fue el origen del fuego. A nadie se le pasa por la cabeza que para la investigación de un homicidio o una violación, la policía llegue al lugar de los hechos dos años más tarde a buscar indicios del delito. Desde luego, no es lo deseable.
Desde la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía-AAMAA, denunciamos este ataque e intento de desprestigio, consentido y fomentado por la propia Junta de Andalucía, a los profesionales que forman las brigadas de investigación de incendios forestales (BIIF) y con ellos a todo el colectivo, y apoyamos al 100% su labor y profesionalidad demostrada a lo largo de muchos años con un intenso y reconocido trabajo en todos los ámbitos judiciales, con amplios elogios a su trayectoria y trabajo realizado en la investigación de incendios forestales.
Como asociación profesional y como compañeros, mostramos nuestro respeto y apoyo a todos los trabajadores que se arriesgan cada día en la prevención, extinción e investigación de los incendios forestales en Andalucía y en todo el territorio. Flaco favor se les hace y qué poco se valora su trabajo si los informes periciales de los investigadores de estos delitos, los elegimos "a la carta". Respetamos la presunción de inocencia, por supuesto, pero respeten también el trabajo honesto de las BIIF en Andalucía.
Tras la determinación de la causa del siniestro, cuatro personas fueron imputadas por delito de incendio forestal (negligencia al no contemplar las medidas de prevención adecuadas para evitar incendios en los trabajos forestales): 3 trabajadores de una empresa privada y un funcionario de la Administración que ejercía como director de obra de la misma. Los trabajos eran realizados por la propia Junta de Andalucía en monte público de su propiedad.
Ahora, celebrado el juicio en 2016, las cuatro personas imputadas han sido absueltas, basándose en dos informes realizados varios años después de ocurrido el incendio, que contradicen las investigaciones e informes periciales de la BIIF.
Para "desmontar" el informe de estos profesionales, por un lado, la parte imputada encarga dos años después del incendio la redacción de un informe externo a un conocido profesor de la Universidad de Córdoba, que contradice los resultados de las investigaciones realizadas por la BIIF de Jaén en los momentos inmediatamente posteriores al siniestro. Técnico que, recordemos, ha estado ocupando puestos de libre designación de alto nivel en la Consejería de Medio Ambiente.
Ante la disparidad de opiniones de los dos informes, posteriormente la Consejería aporta un tercer informe de investigación de las causas del incendio llevado a cabo por el Director del Centro Operativo Provincial (COP) de Jaén, en el que concluye que el origen del incendio no es el indicado por la BIIF, sino otro lugar distinto. No hay que pasar por alto que esta persona no nos consta que tenga formación en investigación de incendios forestales y ostenta un puesto otorgado a dedo por la Consejería como Director del COP.
Independientemente del resultado de la sentencia judicial, que respetamos, la pregunta que nos hacemos desde la Asociación de Agentes es sencilla ¿cuántos incendios ha investigado el Director del COP, el profesor de la Universidad de Córdoba, y cuantos la BIIF? Para esta asociación, más allá del corporativismo, la experiencia demostrada día a día por los Agentes de las BIIF de toda Andalucía y, concretamente, de la de Jaén, está fuera de toda duda y consideramos que en ningún caso es comparable ni puede tener menor validez que informes realizados por personas sin experiencia en la investigación y, lo más grave, habiéndose llevado a cabo dos años después del incendio.
También nos preguntamos por qué la propia Junta de Andalucía pone en duda la veracidad de su brigada de investigación encargando contrainformes, dejando en entredicho y desacreditando el trabajo de estos profesionales cuando les interesa. ¿Porqué no defendió la Consejería en el juicio el informe realizado por sus Agentes de la BIIF? ¿Porqué los informes de la BIIF son perfectamente válidos para el común de la ciudadanía, pero no para los responsables de trabajos gestionados por la propia Consejería de Medio Ambiente? La normativa es y debe ser igual para todos, y se debe emplear la misma "vara de medir", no usar distintos raseros en función de la conveniencia o no de ciertos intereses. Las consecuencias de un incendio pueden ser muy graves independientemente de quien sea el responsable, eso lo sabemos muy bien los Agentes de Medio Ambiente y todos los medios que participan en la extinción cada día. Las pérdidas en el monte, e incluso las vidas que se llevan por delante a veces los incendios durante la extinción son algo muy serio (hace escasos días conocimos un nuevo caso de muerte de un Agente Forestal en el incendio de Jedey en La Palma, que se suma a la de otros tantos bomberos forestales, técnicos, pilotos, etc.).
Por otra parte, nos resultan llamativas (por absurdas) las declaraciones durante el juicio, que achacan a la BIIF que "trabajó en caliente y sobre el terreno", algo que evidentemente es lo correcto y deseable en cualquier investigación de carácter policial: actuar lo antes posible ante la posibilidad de pérdida o deterioro de los indicios o evidencias. La actuación rápida de la BIIF permitió determinar in situ, cual fue el origen del fuego. A nadie se le pasa por la cabeza que para la investigación de un homicidio o una violación, la policía llegue al lugar de los hechos dos años más tarde a buscar indicios del delito. Desde luego, no es lo deseable.
Desde la Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía-AAMAA, denunciamos este ataque e intento de desprestigio, consentido y fomentado por la propia Junta de Andalucía, a los profesionales que forman las brigadas de investigación de incendios forestales (BIIF) y con ellos a todo el colectivo, y apoyamos al 100% su labor y profesionalidad demostrada a lo largo de muchos años con un intenso y reconocido trabajo en todos los ámbitos judiciales, con amplios elogios a su trayectoria y trabajo realizado en la investigación de incendios forestales.
Como asociación profesional y como compañeros, mostramos nuestro respeto y apoyo a todos los trabajadores que se arriesgan cada día en la prevención, extinción e investigación de los incendios forestales en Andalucía y en todo el territorio. Flaco favor se les hace y qué poco se valora su trabajo si los informes periciales de los investigadores de estos delitos, los elegimos "a la carta". Respetamos la presunción de inocencia, por supuesto, pero respeten también el trabajo honesto de las BIIF en Andalucía.
Fuente: Elaboración propia.
Yo lo que quiero es que ese Doctor y ese Director me den clases para poder investigar los incendios a distancia y a muy posteriori. Lo de cenizas que llevo respiradas en 15 años a lo tonto.
ResponderEliminarA veces dan ganas de dejar que investigue los incendios los nuestro amigo"Curro" que es reincidente en estos casos. Sino para eso tienen a los directores de los COPs. Algunos hacemos más de 30 investigaciones al año, por más de diez,(16) años, a ver cuál de ellos lo iguala.
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