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24 de junio de 2015

Tras investigación de Agentes de Medio Ambiente se piden 7 meses de carcel y 3500 euros por provocar incendio forestal #AAMM #AAFF #IIFF

El acusado de originar un gran incendio se niega a declarar.
 
Fatigado y con dificultades, Emilio M. P. entró a la sala de vistas del Penal 3 y llegó hasta el banquillo. Se sentó con parsimonia, mientras el agente le ajustaba el micrófono. A continuación, su señoría Erika Ávila le leyó sus derechos. Una retahíla a la que este vecino de Jódar, de 84 años, respondió: “No me encuentro en condiciones de declarar. Estoy muy mayor. No estoy bien”. Después, el acusado de originar un gigantesco incendio forestal que arrasó unas 800 hectáreas en las inmediaciones del Parque Natural de Sierra Mágina miró a su abogado y ya no habló más.

Se limitó a escuchar cómo los Agentes de Medio Ambiente ratificaron que el incendio se debió a la falta de mantenimiento de una línea eléctrica que abastecía un olivar de regadío, propiedad de Emilio M. P. y ubicado en el paraje “Las Ventillas de Neira”. El Ministerio Público sostiene que esa infraestructura presentaba deficiencias. En concreto, que tenía unos fusibles que no eran del calibre adecuado para protegerse de cualquier sobrecarga. Aquel 11 de julio de 2009, se produjo “un sobrecalentamiento en la caseta de bombeo”, lo que causó un cortocircuito. Se quemó el material aislante de los cables y se fundió el aluminio, que cayó en el suelo a una temperatura aproximada de 660 grados, según siempre la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que el acusado no había limpiado la zona de malezas, tal y como exige la normativa. “Un fuego siempre deja marcas. En este caso, se veían los goterones del aluminio en el suelo”, sostuvo uno de los Agentes de Medio Ambiente. “En la caseta de bombeo tendría que haberse construido una plataforma de hormigón”, añadió su compañero, citando la normativa.

Para el fiscal, hay pruebas más que suficientes para condenar a Emilio M. P. como autor de un delito de incendio por imprudencia. Se le piden 7 meses de cárcel y una multa de 3.500 euros. Sin embargo, no es eso lo más llamativo del caso, sino la cuantiosa indemnización que solicita la Fiscalía. De hecho, reclama que el acusado pague más de dos millones de euros a la Junta por los trabajos de reforestación realizados en las zonas arrasadas, en concreto en los montes públicos de Los Pinares y las Altarillas. Para fijar esa cuantía, el Ministerio Público se apoya en un informe encargado por el Juzgado instructor. La defensa de Emilio M. P. presentó un “contrainforme” que rebajó considerablemente la compensación.

Será su señoría Erika Ávila la que tendrá que dictaminar si procede el pago de una compensación, cuál es su cuantía y si debe pagarla el procesado, que carecía de seguro de responsabilidad civil. El caso quedó visto para sentencia.

Fuente: diariojaen.es

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