Una Ley que retira a los Agentes Forestales/Medioambientales de la investigación de delitos ambientales, dando vía libre a que furtivos, envenenadores, incendiarios y especuladores campen a sus anchas.
La Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) quiere expresar su indignación por el texto planteado por el PP para modificar la actual Ley de Montes. De modificarse la normativa en los términos planteados por el Partido Popular se volvería a la "despolítica" forestal rancia del pasado, donde los montes podrían gestionarse sin ningún tipo de documento de ordenación –sino a gusto y disfrute del gestor de turno-, los terrenos forestales podrían recalificarse tras ser incendiados sin tener que esperar 30 años como marca la Ley actual –lo que propicia la especulación y que se disparen el número de incendios por intereses urbanísticos y económicos-, y los Agentes forestales/Medioambientales tendrían el papel de meras comparsas en la investigación de delitos ambientales.
La ley de las tres ies: irresponsable, innecesaria e injustificable.
Lo más preocupante del nuevo articulado es la exclusión de los Agentes Forestales/Medioambientales de las tareas de investigación de delitos ambientales. Somos funcionarios públicos formados y plenamente capacitados para investigar cualquier delito en el medio natural, conocemos a la población rural y el día a día y la problemática de las zonas forestales, y la persecución de delitos no es nada nuevo para nuestro colectivo pues la llevamos realizando desde hace 140 años de forma satisfactoria. Eliminar a más de 6000 funcionarios públicos de la investigación de delitos contra el medio ambiente no hace sino favorecer la impunidad de los delincuentes, es irresponsable, innecesario e injustificable.
Impacto especialmente negativo para Andalucía.
La aprobación de la Ley en los términos planteados por el PP es especialmente preocupante en el caso de Andalucía, dado que esta Comunidad Autónoma tiene el mayor número de Agentes de Medio Ambiente del Estado (por encima de los 900), a la vez que reúne uno de los mayores y más ricos patrimonios forestales. La retirada de las competencias en investigación de delitos a los Agentes de Medio Ambiente andaluces es un duro golpe a la conservación del medio natural de la región.
La futura Ley “aparta” a los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía y a los del resto del Estado de cualquier investigación de ilícitos penales, que pasa a depender de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con el nuevo texto, los Agentes de Medio Ambiente al encontrarse con un delito ambiental no podrían realizar las tareas que vienen desarrollando habitualmente tales como proceder a la toma de muestras, fotografías, videos, o al levantamiento de medios de prueba para ser puestos a disposición judicial.
Los Agentes de Medio Ambiente andaluces especializados en la investigación de delitos ambientales de las Brigadas de Investigación de causas de incendios Forestales (BIIF), de las Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Fauna (BIEF) y de la Unidad Forense de apoyo (UFOA) vienen trabajando en régimen de colaboración con efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este trabajo coordinado ha hecho que se incrementen las condenas judiciales a incendiarios y envenenadores, por lo que no se entiende la ruptura de una colaboración que viene siendo exitosa, pasando los Agentes de Medio Ambiente con la nueva Ley de Montes a ser meros auxiliares en la averiguación de delitos. La única explicación es que se vaya buscando un modelo de investigación "teledirigida" sin funcionarios de carrera civiles que no funcionan ni van a funcionar por el esquema militar del taconazo y firmes.
Con la nueva Ley se defrauda al ciudadano y al interés público.
Se ha invertido dinero público en la formación y especialización de los Agentes de Medio Ambiente andaluces y de los del resto de Comunidades Autónomas, si nuestra labor se limita a llamar al 112 como haría cualquier particular y esperar sentados debajo de un pino a la llegada de Guardia Civil o Policía Adscrita que serían los responsables de la investigación, estaríamos defraudando al ciudadano.
El que los Agentes de Medio Ambiente no pueden iniciar una investigación de forma inmediata tras detectar un delito ambiental, teniendo que dejar todo "en pausa" hasta la llegada de otros colectivos, va en claro perjuicio de los resultados pues a medida que pasa el tiempo las huellas e indicios se borran, la escena del delito se modifica y las manifestaciones que los testigos pueden plantear inicialmente pueden contaminarse durante la espera. Se cumple a rajatabla la cita del criminalista Edmond Locard: "El tiempo que pasa es la verdad que huye".
La nueva Ley de Montes planteada por el Partido Popular nos pone en el papel de "mal funcionarios", donde deberíamos hacer una fiesta pues "vamos a seguir cobrando lo mismo pero nuestro trabajo lo harán otros". La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía no quiere que se defraude al contribuyente haciendo que se prostituya el servicio público por el que se paga a nuestro colectivo profesional, con una nueva externalización de servicios o "regalando" las tareas de investigación a otros Cuerpos.
Con la nueva Ley se defrauda al ciudadano y al interés público.
Se ha invertido dinero público en la formación y especialización de los Agentes de Medio Ambiente andaluces y de los del resto de Comunidades Autónomas, si nuestra labor se limita a llamar al 112 como haría cualquier particular y esperar sentados debajo de un pino a la llegada de Guardia Civil o Policía Adscrita que serían los responsables de la investigación, estaríamos defraudando al ciudadano.
El que los Agentes de Medio Ambiente no pueden iniciar una investigación de forma inmediata tras detectar un delito ambiental, teniendo que dejar todo "en pausa" hasta la llegada de otros colectivos, va en claro perjuicio de los resultados pues a medida que pasa el tiempo las huellas e indicios se borran, la escena del delito se modifica y las manifestaciones que los testigos pueden plantear inicialmente pueden contaminarse durante la espera. Se cumple a rajatabla la cita del criminalista Edmond Locard: "El tiempo que pasa es la verdad que huye".
La nueva Ley de Montes planteada por el Partido Popular nos pone en el papel de "mal funcionarios", donde deberíamos hacer una fiesta pues "vamos a seguir cobrando lo mismo pero nuestro trabajo lo harán otros". La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía no quiere que se defraude al contribuyente haciendo que se prostituya el servicio público por el que se paga a nuestro colectivo profesional, con una nueva externalización de servicios o "regalando" las tareas de investigación a otros Cuerpos.
Desde la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía esperamos que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se pronuncie a favor de la continuidad de los Agentes Forestales/Medioambientales en la investigación de ilícitos penales ambientales. No entenderíamos que la Fiscalía reitere en sus memorias anuales la necesidad de contar con un incremento de medios humanos y materiales para funcionar de forma adecuada, y ahora se quede al margen y no exprese malestar alguno por un proyecto de modificación de la Ley de Montes donde se plantea la retirada de 6000 funcionarios que hasta ahora están a disposición del Ministerio Fiscal para las investigaciones de delitos en el medio natural.
El PP elimina el término funcionario, colocando una alfombra roja para la privatización de lo público.
Actualmente, los Agentes Forestales/Medioambientales de las distintas Comunidades Autónomas, en calidad de funcionarios públicos de carrera, han accedido al puesto tras reunir una serie de requisitos previos y pasar una fase de oposición libre y abierta a cualquier ciudadano. Resulta indignante que en la nueva definición de "Agente Forestal" del texto modificado por el Partido Popular se haya eliminado de forma intencionada que tal puesto será desempeñado por "funcionarios". Esto es especialmente importante pues hace que por la "gatera" puedan acceder a la condición de Agente Forestal/Medioambiental empresas de seguridad privada sin requisitos de titulación y la obligatoriedad de pasar por un proceso selectivo de oposición a la función pública como viene siendo requerido hasta ahora.
Una futura agresión sobre lo público: sustituir los Agentes Forestales/Medioambientales funcionarios por seguridad privada. Esto daría a la Administración el control total sobre lo que se puede o no denunciar o investigar, a la vez que el fomentar a empresas de seguridad privada podría esconder intereses económicos encubiertos. Ya se está privatizando la vigilancia exterior de las prisiones y se ha atribuido a la vigilancia privada la facultad de cachear e identificar en la vía pública, ¿no seremos los Agentes Forestales/Medioambientales los siguientes en ser "privatizados"?.
Finalmente, hay que indicar que el proyecto de modificación de la Ley de Montes nace sin consenso social y con falta de transparencia y oscurantismo dado que la modificación se tramita por la vía de urgencia –sin haber premura para usar esta opción- y el texto registrado por el Partido Popular en el Congreso es sustancialmente distinto del que se sometió a exposición pública. Este último punto es una burla al ciudadano, al hacer que las alegaciones planteadas por los afectados vayan a ir directamente a la papelera y no se hayan tenido en consideración la opinión de los expertos en gestión.
Fuente: elaboración propia
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