UPyD pide una Ley que regule las competencias de los Agentes de Medio Ambiente y les otorgue carácter de cuerpo especial.
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en
Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que apruebe una Ley que
regule las competencias de los Agentes de Medio Ambiente en la
comunidad, de modo que se les atribuya carácter de cuerpo especial como
poseen en Cataluña o Madrid, algo que contempla la ley básica nacional y
que el Grupo Parlamentario de esta formación exigió en el Congreso de
los Diputados en noviembre de 2012 a través de una proposición no de
ley.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la formación magenta
en la comunidad, el colectivo de Agentes de Medio Ambiente agrupa en la
actualidad "a menos de mil efectivos, casi un centenar menos que los
que tenía hace cinco años", por lo que se requiere una regulación
específica que permita establecer, en el marco de la legislación básica
del Estado y del ordenamiento jurídico de Andalucía, la naturaleza
jurídica, potestades y funciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales
de Andalucía.
Sobre todo, según detallan desde UPyD, porque "las funciones y
competencias de estos funcionarios en Andalucía se ven enfrentadas
permanentemente con la actuación del ente instrumental, la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que con mejores medios y dotación, y
de una forma mucho más dócil, asumen responsabilidades que podrían ser
cubiertas más eficientemente y con mayor independencia por los agentes
de medio ambiente".
A su juicio, por tanto, la norma que permita la creación de este
cuerpo especial dentro de la función pública andaluza "no sólo es
necesaria para dotar de una carrera profesional al colectivo, sino sobre
todo para garantizar su independencia y capacidad de acción, algo que
en la actualidad no está garantizado".
"Es un hecho que las funciones específicas que, como agente de la
autoridad y policía judicial en materia medioambiental están
reconocidas, no pueden desarrollarse de facto plenamente en la medida en
que se ven sujetos a la dirección política de la Junta, cuya práctica
habitual implica indicaciones para que sus denuncias no se produzcan
directamente a la fiscalía y en ocasiones ni siquiera se registren
administrativamente en la delegaciones provinciales de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente", explica la formación.
Este 'modus operandi', según UPyD, "permite el filtro previo y la
discrecionalidad de actuación ante determinados hechos potencialmente
constitutivos de delito contra el medio ambiente", por lo que se hace
más necesaria si cabe la nueva Ley que reclama.
Fuente: europapress.es
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