Hola, Bienvenid@ a nuestro blog!

Puedes seguirnos en las redes sociales o suscribirte al feed.

¡Suscríbete a nuestro blog!

Recibe en tu correo las últimas noticias del blog. Sólo ingresa tu correo para suscribirte.

Mostrando entradas con la etiqueta externalización de servicios. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta externalización de servicios. Mostrar todas las entradas

21 de noviembre de 2013

Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF critican su discriminación respecto a Egmasa

Los funcionarios del Plan Infoca cuentan cuentan con trajes caducados y vehículos anticuados.

Agentes de medio ambiente de la Junta, funcionarios que han superado unas oposiciones y que tienen estatus de agentes de la autoridad, han puesto sobre la mesa la discriminación que sufren respecto al personal de la agencia pública que trabaja en el mismo área. Aparte de que en buena medida han podido haber entrado en la casa por la puerta de atrás, sin superar en muchos casos un proceso selectivo y gracias a sus relaciones con partidos y sindicatos, disponen de mejores y más adecuados medios para desarrollar su trabajo.

Son, como plantean los agentes, enchufados de primera frente a funcionarios de segunda, al menos desde la perspectiva que parece mantener la propia Administración.

Aunque la situación también es diferente en cada provincia, el malestar entre los agentes es palpable desde hace años por la alarmante falta de medios materiales. Para empezar, la antigüedad media de sus vehículos ronda los 15 años además de carecer en su mayoría de medidas de seguridad al margen del cinturón.
 
Los de la agencia pública –la antigua Egmasa, hoy integrados en la Agencia de Medio Ambiente y Agua– disponen de un moderno parque móvil que se renueva cada pocos años por un sistema de renting. Cuentan con airbags, frenos Abs y otras modernas medidas de seguridad.
 
«Aunque parezca de perogrullo, el asunto es muy grave, porque la diferencia entre los trabajadores de la agencia y nosotros es que ellos tienen muchas más posibilidades de salvarse en un accidente, así de sencillo», dice un agente a EL MUNDO.

Los funcionarios informan además de que en provincias como Almería se han visto obligados a trabajar este año en el Plan Infoca con el Equipo de Protección Individual (EPI) caducado, puesto que la últimas prendas que les entregaron datan de 2008 y expiran a los cinco años. Esto implica, alertan, un grave riesgo, pues se trata de un material especial contra incendios y descargas eléctricas que con el tiempo ve reducidas sus prestaciones, de ahí a su caducidad.
 
Aunque los funcionarios han reclamado la reposición de las prendas no se les ha concedido, y algunos incluso han tenido que pasar el Infoca este año sin algunas de las prendas incluidas en el equipo básico, porque las últimas se han deteriorado o son inservibles.

En provincias como Córdoba, los agentes que han solicitado la renovación de sus equipos han visto cómo les han entregado material «procedente de restos de la agencia», con lo que su vestimenta es ahora idéntica a la de los retenes del Infoca, el personal que apaga los incendios, como ha denunciado la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía. Los agentes son los encargados de coordinar las labores de extinción y no actúan directamente en ella, como sí hacen los retenes, personal de la agencia pública, cuyos equipos individuales sí se reponen periódicamente.

«Aunque los equipos que nos han entregado son de calidad, esto nos ha traído problemas, sobre todo de cara a los ciudadanos, porque nosotros, como agentes de la autoridad, podemos exigir, por ejemplo, la identificación de cualquier persona, que ahora puede tomarnos por un intruso. Es como si alguien vestido de bombero nos pide la documentación diciendo ser guardia civil. ¿Quién le creería?», dice un agente. 

La diferencia de trato de la agencia respecto a los funcionarios se extiende a todo lo referente al material, «puesto que la agencia parece disponer de mucho más dinero, al no contar con el extricto control de los fondos destinados a los funcionarios », exponen fuentes de la asociación.

Así, por ejemplo, los agentes destacan que en la actualidad cuentan con botiquines caducados desde hace muchos años, y la mayoría de los vehículos ni siquiera disponen de extintor antiicendios.
 
Los Agentes de Medio Ambiente consultados han querido dejar claro que no tienen nada contra de los trabajadores de las agencias, pero sí piden que al menos no se les discrimine y puedan contar con los mínimos medios necesarios para desarrollar sus trabajo con garantías.

Fuente: Diario El Mundo

¿Escuchará la Junta de Andalucía a sus Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF?

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha informado este lunes que espera reunirse "en breve" con los Agentes de Medio Ambiente del Gobierno andaluz para "ver cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas que desde la Consejería se pueden aplicar".

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha informado este lunes que espera reunirse "en breve" con los Agentes de Medio Ambiente del Gobierno andaluz para "ver cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas que desde la Consejería se pueden aplicar".

Así lo ha manifestado la consejera a los periodistas tras ser preguntada por las críticas de dichos agentes que se quejan del trato "discriminatorio" que reciben por parte de la Junta respecto a los trabajadores de la antigua Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), hoy integrados en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, según ha adelantado 'El Mundo'. 

En este sentido, la consejera comenta que tienen "una conversación pendiente" con los Agentes de Medio Ambiente, "donde queremos contar con su opinión y reconocer la labor que hacen tan fundamental", ha subrayado Serrano. 

De este modo, elogia el trabajo que realizan "en el monte como vigilantes y agentes que detectan cualquier tipo de anomalía, incluso la problemática de los incendios forestales", y ante ello, asegura que quiere "establecer una línea de diálogo" con los agentes y "ver cuáles son sus demandas y cuáles son las respuestas que desde la Consejería se pueden aplicar". 

En concreto, los agentes critican que dichos empleados de la agencia pública disponen de mejores y más adecuados medios para desarrollar su trabajo y "aunque la situación es diferente en cada provincia, el malestar entre los agentes es palpable desde hace años por la falta de medios materiales", en relación a los vehículos, vestimentas o equipos, entre otros. 

Fuente: 20minutos.es

26 de junio de 2013

UPyD pide el Cuerpo Especial para los Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF andaluces

UPyD pide una Ley que regule las competencias de los Agentes de Medio Ambiente y les otorgue carácter de cuerpo especial.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que apruebe una Ley que regule las competencias de los Agentes de Medio Ambiente en la comunidad, de modo que se les atribuya carácter de cuerpo especial como poseen en Cataluña o Madrid, algo que contempla la ley básica nacional y que el Grupo Parlamentario de esta formación exigió en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2012 a través de una proposición no de ley.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la formación magenta en la comunidad, el colectivo de Agentes de Medio Ambiente agrupa en la actualidad "a menos de mil efectivos, casi un centenar menos que los que tenía hace cinco años", por lo que se requiere una regulación específica que permita establecer, en el marco de la legislación básica del Estado y del ordenamiento jurídico de Andalucía, la naturaleza jurídica, potestades y funciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Andalucía.

Sobre todo, según detallan desde UPyD, porque "las funciones y competencias de estos funcionarios en Andalucía se ven enfrentadas permanentemente con la actuación del ente instrumental, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que con mejores medios y dotación, y de una forma mucho más dócil, asumen responsabilidades que podrían ser cubiertas más eficientemente y con mayor independencia por los agentes de medio ambiente".

A su juicio, por tanto, la norma que permita la creación de este cuerpo especial dentro de la función pública andaluza "no sólo es necesaria para dotar de una carrera profesional al colectivo, sino sobre todo para garantizar su independencia y capacidad de acción, algo que en la actualidad no está garantizado".

"Es un hecho que las funciones específicas que, como agente de la autoridad y policía judicial en materia medioambiental están reconocidas, no pueden desarrollarse de facto plenamente en la medida en que se ven sujetos a la dirección política de la Junta, cuya práctica habitual implica indicaciones para que sus denuncias no se produzcan directamente a la fiscalía y en ocasiones ni siquiera se registren administrativamente en la delegaciones provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente", explica la formación.

Este 'modus operandi', según UPyD, "permite el filtro previo y la discrecionalidad de actuación ante determinados hechos potencialmente constitutivos de delito contra el medio ambiente", por lo que se hace más necesaria si cabe la nueva Ley que reclama.

27 de enero de 2013

Filtro político para las denuncias de los Agentes de Medio Ambiente

La Consejería les impide presentar las irregularidades por registro y les obliga a dárselas al coordinador provincial.

Las denuncias de los funcionarios sobre usurpación de potestades públicas en el seno de la Junta de Andalucía es un ejemplo de cómo la Administración prima a trabajadores que no han pasado por un proceso público y de libre concurrencia en beneficio de un mayor control político. El último ejemplo lo protagoniza la Consejería de Medio Ambiente, que mediante una instrucción ha prohibido a los Agentes de Medio Ambiente la presentación de denuncias por registro y les obliga ahora a trasladárselas al coordinador provincial para su análisis. Será éste el que decida si se las envía a la Sección de Informes y Sanciones dependiente de la Secretaría General para determinar «la oportunidad de acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de acuerdo a la normativa especializada». 

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía recuerda que ellos actúan como Policía Judicial Genérica y que, entre sus obligaciones está «comunicar a los órganos oportunos el conocimiento de infracciones y/o delitos medioambientales en el momento de tener constancia de los mismos». Al no pasar por registro oficial y entregárselas al coordinador provincial, no hay constancia documental, lo que, a su juicio, les provoca «inseguridad jurídica».

La Consejería se escuda en el «gran número de competencias» que posee «dentro de la actuación administrativa de la Junta de Andalucía» y la existencia «de muchas leyes y normas» lo que explica «el notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores que se inician». La instrucción señala que «estos procedimientos presentan una gran complejidad tanto jurídica como técnica» y que, «para optimizar los escasos recursos humanos disponibles» es mejor implantar un filtro. 

Para la portavoz de Medio Ambiente del PP-A Carolina González Vigo, esta decisión es «un auténtico atropello al Estado de Derecho» ya que «un político no puede decidir qué es denunciable y qué no cuando un técnico funcionario de carrera hace un informe sobre un posible delito medioambiental».

Fuente: larazon.es
 

8 de julio de 2012

¿Ajuste de cuentas con los que preparan oposiciones, al estilo de la mafia siciliana con tufillo del más cutre de los western americanos?

¿Se está produciendo un ajuste de cuentas ambientado en la mafia siciliana, con tufillo del más cutre de los Western americanos?. Podríamos hacer esta pregunta si queremos resolver la incógnita de si la Administración de la Junta de Andalucía, con la escusa de la crisis, ha saldado cuentas pendientes con los que vienen preparando oposiciones para acceder a la función pública andaluza. No olvidemos que estos han participado de forma activa en las movidas y manifestaciones que se vienen celebrando contra la “desordenación del sector público” promovida por la Junta y sus sindicatos “simpatizantes”.

Desde el año 2007 hasta la fecha no se ha producido la incorporación de ningún miembro de nuevo ingreso en el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta falta de apuesta de la Administración hacia nuestro colectivo profesional solo puede achacarse a la crisis desde hace dos años, pero la situación de abandono viene, como venimos exponiendo de forma reiterada, de bastante tiempo atrás. En estos últimos años, el número de Agentes ha descendido paulatinamente en más de un centenar de efectivos pues no se ha procedido a la reposición de ninguna de las plazas perdidas por jubilaciones, defunciones o por haber quedado vacantes por algun@s compañer@s que desesperad@s ante la ausencia de carrera profesional y empujad@s por las múltiples dificultades que diariamente nuestra propia Administración nos plantea para poder trabajar con una mediana dignidad han abandonado el barco de los Agentes al haber sacado plaza por Concurso-Oposición en otros Cuerpos de la Junta.

La apuesta de la Junta de Andalucía parece clara: eliminar el acceso de nuev@s trabajador@s a través de la vía del Concurso-Oposición, potenciando hasta el extremo una Administración paralela (representada a las mil maravillas por la antigua Egmasa) insostenible en el momento actual (y a la cual se accede por mecanismos que en ningún caso van de la mano del cumplimiento de unos requisitos académicos indispensables, la valoración de méritos, la capacidad y la igualdad de oportunidades). 

Este conflicto entre la distinta forma de acceso a la Administración de los futuros funcionarios y el que vienen utilizando los empleados de las nuevas Agencias también ha generado “daños colaterales” en otros colectivos que han optado por preparar su futuro profesional dentro de la Administración de la Junta de Andalucía por la vía legal del Concurso-Oposición libre.

Valga esta nota como reconocimiento al mérito de los opositores. Siguen invirtiendo tiempo y dinero para comprar temarios, pagar a Academias de formación o preparadores y realizar cursos y jornadas baremables en las Oposiciones, compatibilizan trabajos precarios para poder subsistir con la preparación de oposiciones, y sobre todo: ven como se cachondean en su cara muchos de los que entran en la Administración por la puerta falsa de las Agencias. El malestar, y sobre todo la preocupación y la frustración de los Opositores, se deja claro en el documento que hemos recibido y que adjuntamos (tras haber eliminar los datos personales del remitente).


Fuente: Elaboración propia


1 de junio de 2012

Exigimos a la Junta parar la usurpación de funciones de los Agentes de Medio Ambiente y devolver las competencias ya robadas

Tras las intensas movilizaciones de los funcionarios andaluces que tuvieron lugar el pasado año contra el Decreto de Reordenación del Sector Público aprobado por el Gobierno de esta comunidad y como consecuencia del recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 10 de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, en base a la cual se invalida mediante auto la creación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), estableciendo como medida cautelar que se retorne a la situación anterior, hecho que ya no es posible, dado que EGMASA ha dejado de existir como empresa pública.

La plataforma de empleados públicos que interpuso el recurso, volvió a presentar ante este órgano judicial una petición para que se adopte dicha medida cautelar, denunciando que diferentes trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA, antigua EGMASA) siguen realizando las mismas funciones que venían desempeñando, muchas de las cuales se consideran exclusivas para el personal funcionario. Al no existir ya EGMASA cuando se presentó el recurso, el titular del Juzgado considera que no cabe la posibilidad de retrotraer al personal de la AMAYA a tal situación, por lo que no debe ser de aplicación la medida cautelar que inicialmente se adoptó. Sin embargo, en un nuevo auto éste advierte de la imposibilidad de que el personal de la AMAYA realice funciones reservadas a funcionarios, porque podrían estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

Como consecuencia de esto, recientemente los Delegados Provinciales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (antigua Consejería de Medio Ambiente) han recibido instrucciones directas de la Secretaria General Técnica, Macarena Bazán Sánchez, para que “ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario de la extinta EGMASA, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones”. Mediante esta orden, los Delegados Provinciales tienen la misión de detectar y analizar las taréas que vienen siendo realizadas por personal externo contratado por la Agencia (antigua EGMASA)  y asegurarse de que no conllevan la realización de potestades públicas reservadas a los funcionarios, así como que éstas se desarrollen con sus medios, materiales y en sus centros de trabajo.

Desde la AAMAA esperamos que esto no quede en un simple papel para que alguien se cubra las espaldas ante posibles responsabilidades penales y se efectúe realmente esta devolución de competencias a los funcionarios públicos y, en el caso que nos ocupa, a los Agentes de Medio Ambiente que diariamente vemos cómo nuestras funciones van desapareciendo para ser realizadas por personal contratado, con la consiguiente duplicación de funciones y de presupuesto. Son multitud de tareas las que, poco a poco, hemos visto como se desvanecen: censos de especies silvestres de flora y fauna, gestión de la caza en montes públicos, supervisión de trabajos forestales en montes públicos, manejo de especies amenazadas en diversos programas de recuperación, reintroducción o conservación (traslados, recogidas de pollos o huevos, capturas para controles veterinarios, capturas para traslocación o para traslado al CREA, levantamiento de actas para mantener la “cadena de custodia” de estos animales y evitar expolios, etc), información sensible que no se facilita a los Agentes de la autoridad pero que sí está en manos de personal externo ajeno a la Administración y un largo etcétera. 

Especial mención merece también la usurpación de funciones en incendios forestales, donde actualmente y desde hace varios años nos encontramos inmersos en una total falta de responsabilidad por parte de la Administración de cara a la campaña del INFOCA. La antigua EGMASA ya se hizo en su día con la extinción, desplazando al Cuerpo de Agentes. La prevención, coordinación e investigación de incendios están ahora en juego y con ella nuestros montes y la seguridad del personal que participa en los mismos. Ahora nos encontramos con zonas en las que los  incendios son dirigidos por personal no funcionario (totalmente ilegal) o por los directores de extinción de los Centros Operativos Provinciales sin personarse en el incendio, desde un despacho, cuando hay muchos fuegos que apagar y más de 1000 Agentes de Medio Ambiente entre cuyas funciones está la prevención, dirección de extinción e investigación de los incendios forestales. No existe la necesidad de pagar a nadie más para hacer nuestro trabajo, lo que nos corresponde.

Del mismo modo, la dotación de medios de la que carecemos los Agentes de Medio Ambiente, que siempre ha sido escasa y agravada por la situación económica actual, parece no afectar a la antigua EGMASA que disfruta de vehículos nuevos, perfectamente rotulados, cámaras fotográficas, dispositivos GPS, PDA, teléfonos sin restricción de llamadas y diverso material para desarrollar el trabajo que nos corresponde a los funcionarios con dinero público, todo ello bajo el paragüas de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que sí se elaboró para la empresa pública y sus empleados  y que seguimos sin tener los Agentes de Medio Ambiente, algo totalmente ilegal que hemos denunciado en multitud de ocasiones.
El ciudadano debe saberlo, se está malgastando el dinero de sus impuestos en pro de empresas públicas y Agencias que no hacen más que duplicar funciones y doblar los presupuestos, además usurpando funciones propias de los funcionarios públicos.

Fuente: elaboración propia.

INFOCA 2012 en Andalucía: "crónica de una chapuza anunciada"

Se repite la penosa situación de incertidumbre vivida estos últimos años para los Agentes de Medio Ambiente encargados de la prevención, coordinación e investigación de los incendios de Andalucía en el Plan INFOCA. De nuevo la Junta de Andalucía pretende prescindir de nosotros en pro de no sabemos qué. 

Poco a poco, paso a paso, la antigua EGMASA se fue haciendo con la extinción en incendios y relegando a los Agentes de Medio Ambiente a la coordinación e investigación. Hace ya varias campañas que estas dos funciones, especialmente la coordinación de incendios forestales, están en juego también. La Administración pretende excluirnos mediante la aplicación de unos reconocimientos médicos que no ampara ningún Plan de Prevención de Riesgos Laborales, ya que no disponemos de él, que nadie sabe qué parámetros mide ni cuales son los requisitos a cumplir, ni las consecuencias de sus resultados; pero se está llegando más allá de la campaña de incendios, incluso provocando la inhabilitación de hecho para todo nuestro trabajo cotidiano, según se desprende de los primeros resultados de los Agentes que sí se han presentado al reconocimiento médico. 

Si el año pasado muchos de los Agentes de Medio Ambiente se quedaron fuera de la Dirección de extinción y de la investigación, este año suena la misma canción y la Consejería no ha arreglado el desastre que provocó en la pasada campaña en la que unidades enteras estaban sin ningún director de extinción a pie de campo. Han sido numerosos los casos en los que los incendios han sido “dirigidos” desde otro lugar, no en el campo, por los técnicos de extinción de los Centros Operativos Provinciales e incluso por personal no funcionario de la antigua EGMASA. 

Este año nos proponen la misma receta. En una reunión mantenida el 23 de mayo, a 7 días del inicio de la campaña, por el Director General de Gestión del Medio Natural y el recién incorporado Secretario General Técnico con los sindicatos, se ha anunciado que esta campaña transcurrirá con los mismos criterios de la anterior, o lo que es lo mismo: sin Directores de Extinción suficientes, sin realizar el nombramiento de los Agentes como Coordinador de Demarcación (algo a lo que obliga la normativa andaluza), sin Plan de Prevención de Riesgos Laborales y con la novedad de que el próximo año se pretende reducir el número de Directores de Extinción a 400 (de los más de 1000 Agentes de Medio Ambiente que hay). Agárrense, que vienen curvas… 

Fuente: elaboración propia.

19 de marzo de 2012

No hay dinero para proteger el Medio Ambiente en Andalucía. Se acabó el presupuesto para combustible

Fue el pasado lunes 12 de marzo cuando los Agentes de Medio Ambiente de varias provincias andaluzas se encontraron en el momento de ir a repostar combustible con que no había crédito en las tarjetas que usan para los vehículos oficiales de la Junta de Andalucía. Tras varios días, en otras provincias se han solucionado los problemas, pero no en Jaén, donde a día de hoy no hay dinero para que los Agentes puedan hacer su servicio con normalidad.

En Jaén, la provincia con más espacios protegidos de Andalucía, los vehículos oficiales de los encargados de la vigilancia y custodia del medio natural, están parados en las oficinas. Se han dado ya casos de no poder asistir a incendios forestales por la falta de combustible y si esta situación persiste, en un año tan seco que ha dado lugar a la prohibición de quemas forestales y agrícolas a partir del 30 de marzo, las consecuencias podrían ser fatales.

Los Agentes de Medio Ambiente están en las oficinas o realizando servicios a pie, lo cual no es muy eficiente dada la gran superficie que se debe vigilar (más de 20.000-25.000 hectáreas por Agente) y la carencia en muchos casos de medios de comunicación adecuados, pues no todos los Agentes disponen de teléfono móvil corporativo o emisora portátil para comunicar cualquier incidencia. Mientras persista esta falta de combustible, no se pueden atender las solicitudes del ciudadano, realizar las visitas para la realización de informes, hacer inspecciones para controlar trabajos forestales, quemas, vertidos, ocupaciones de vías pecuarias, caza furtiva, etc. Es decir, el medio ambiente está sin protección por la mala gestión del dinero público.

La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) no entiende cómo se ha llegado a esta situación en la provincia de Jaén y, sobre todo, cómo a estas alturas no se han recibido instrucciones de la Delegación Provincial de Medio Ambiente acerca de cómo proceder ante los cortes de combustible: no se ha informado a los Agentes de cuánto puede durar el problema, ni si deben dejar los vehículos parados para prever una posible emergencia, si hay algunos vehículos “de reserva” para realizar algún servicio urgente, qué servicios son prioritarios, cómo se debe organizar el trabajo ante esta situación inusual, etc.

Mientras tanto, algo a lo que estamos ya acostumbrados: los vehículos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua circulan con normalidad con un solo ocupante, sin restricciones ni cortes de combustible, con teléfonos móviles, gps, cámara de fotos, herramientas y materiales mucho mejores que los que se proporcionan a los funcionarios encargados de velar por el medio natural andaluz.

15 de enero de 2012

El parlamento "solo" responde a la pregunta de iniciativa ciudadana de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía

El Parlamento andaluz ha cerrado la VIII legislatura con apenas cinco preguntas de iniciativa ciudadana registradas por vecinos residentes en la comunidad autónoma, de las que sólo una de ellas ha recibido contestación por parte del Consejo de Gobierno, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Las preguntas de iniciativa ciudadana, reguladas en el artículo 165 del Reglamento de la Cámara, permiten a los andaluces y al resto de ciudadanos residentes en Andalucía, o a las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la comunidad, formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros, siempre que dichas cuestiones sean asumidas por algún diputado.

En concreto, las cinco preguntas de iniciativa ciudadana registradas en esta legislatura se refieren a la emisión de una tarjeta personal para discapacitados y la Ley de Autonomía Local, que no han llegado a ser asumidas por ningún diputado; la participación de los agentes de Medio Ambiente en tareas de extinción e investigación de incendios forestales, asumida por el diputado de IULV-CA José Antonio Castro; y dos relativas al cierre de una vaqueriza ilegal en Fuente Palmera (Córdoba), asumidas por el diputado de IULV-CA José Manuel Mariscal.

CONTESTADA SEIS MESES DESPUÉS

La única pregunta que ha sido contestada fue formulada por Antonio González Pérez, presidente de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, que se interesaba por conocer si “las funciones que en materia de incendios forestales siempre han sido ejercidas por los agentes de Medio Ambiente serán mantenidas por estos funcionarios de carrera o irán siendo privatizadas o externalizadas hacia entidades mercantiles como Egmasa”. La pregunta fue asumida por el diputado de IULV-CA José Antonio Castro, conocida por la Mesa de la Cámara el pasado mes de marzo y contestada por el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, en comisión el pasado 8 de septiembre, seis meses después.

Por contra, la cuestión formulada por Francisco Adame Rodríguez relativa a los motivos por los que no se ha procedido al cierre de una “vaqueriza ilegal” en Fuente Palmera (Córdoba) no ha sido contestada a pesar de que su asunción por parte del diputado José Manuel Mariscal fue conocida por la Mesa de la Cámara en noviembre de 2008, según la información oficial recogida en la web del Parlamento andaluz.

Esta pregunta, junto a la relativa a la emisión de una tarjeta personal para discapacitados, llegaron a caducar a efectos parlamentarios, ya que se formularon durante 2008 y el artículo 191 del Reglamento establece que “al final de cada primer período de sesiones, caducarán todos los trámites pendientes de examen y de resolución correspondientes a iniciativas parlamentarias no legislativas de las que deba responder o informar el Consejo de Gobierno, excepto aquellas que deban sustanciarse por escrito”.

Por este motivo, se registró una nueva pregunta de iniciativa ciudadana, que no llegó a ser asumida por ningún diputado, en la que se volvía a cuestionar sobre las causas que provocan que no se haya cerrado una “vaqueriza ilegal” en Fuente Palmera “a pesar de haber una sentencia firme a favor del cierre desde junio del 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”.

CUATRO POR PLENO COMO MÁXIMO

Las preguntas de iniciativa ciudadana son computables a efectos del cupo correspondiente a cada grupo parlamentario y sólo podrán formularse un máximo de cuatro en cada sesión plenaria. Deberán presentarse por escrito en el Registro General del Parlamento y contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa. Si fueran varios los diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primero que manifieste su intención de hacerlo.

La decisión de formularla en Pleno o en comisión corresponderá al diputado a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.

Fuente: lacronicadeandalucia.com

27 de septiembre de 2011

El 70% de los incendios son evitables según los Agentes de Medio Ambiente

Según trabajos de investigación de los Agentes de Medio Ambiente. El 70% de los incendios  forestales son evitables.
  
La principal conclusión que se extrae del trabajo realizado por los Agentes de Medio Ambiente de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales de Andalucía (BIIF) es que el 70 por ciento de los incendios forestales son "evitables".

La investigación material de los incendios en la comunidad autónoma es tarea de este grupo de Agentes de Medio Ambiente especialistas, siendo "clave" su labor para conocer el origen, las causas y la motivación de los siniestros. De sus investigaciones, según ha informado a Europa Press la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, se desprende que "detrás de siete de cada diez de los fuegos está la mano del hombre, ya sean originados por negligencias --el 33 por ciento--, en trabajos agrícolas o por fumadores; o de forma intencionada --el 37 por ciento--, con motivaciones ligadas a vandalismo, rencillas entre vecinos, o eliminación de vegetación molesta, ambas causas susceptibles de constituir delitos en virtud del vigente Código Penal".

El resto de siniestros de deben, según las investigaciones de las BIIF, a las tormentas secas como principal causa natural, siendo éstos el tres por ciento; a incendios accidentales, el nuevo por ciento; o causas desconocidas, los que alcanzan el 19 por ciento.

Según el presidente de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente, Antonio González, "el trabajo de estos agentes es poco conocido, se encargan de reproducir hacia atrás el camino andado por el fuego mediante las huellas que han ido dejando las llamas y, una vez que llegan al punto de inicio, estudiar las cenizas en la 'zona 0' del incendio".

"Estos sabuesos del fuego, balizan y rastrean el lugar donde se inició el incendio en busca de la cerilla, la colilla o las limaduras metálicas de corte con una radial que pudieran haber originado el siniestro, para poner estas pruebas a disposición judicial", ha explicado.

Las conclusiones de este 'CSI forestal', según González, son "fundamentales" para detener a los autores, si los hubiera, así como para prevenir nuevos incendios. "En un par de días, son capaces de descubrir, a costa de tener la 'nariz negra y la espalda al sol', el motor de arranque de un fuego activando el 'botón de rebobinado'", ha indicado.

En este línea, ha resaltado que el índice de efectividad de estas Brigadas es "muy elevado", ya que "entre el 90 y el 95 por ciento de los incendios queda esclarecido y se encuentra al responsable, aunque para ello sean necesarios varios años".

Por otro lado y en referencia a la actual campaña de prevención de incendios, el presidente de la Asociación ha afirmado que para el colectivo laboral de los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía es "una temporada especialmente triste, pues hemos visto como la Consejería de Medio Ambiente ha intensificado su estrategia de reducir el número de Agentes que realizan funciones de Dirección de Extinción de los incendios, relegando a los mismos a tareas menores de segunda división".

"Nuestra Administración prescinde de la experiencia y capacidad de los Agentes, y sigue potenciando la externalización de los servicios del Cuerpo de Agentes a favor de la antigua Egmasa; solo esperamos que este error no lo acabe pagando el medio natural", ha advertido.

"SE JUEGA LA VIDA DE PERSONAS"

De otro lado, y a la espera de hacer balance, González ha solicitado que "se extreme la prudencia en nuestros montes"; y ha recordado que "en un incendio forestal no solo arde la vegetación, sino que se juega con la vida de los participantes en la extinción y con el patrimonio de muchas familias que dependen de la caza, el turismo rural y los aprovechamientos forestales como medio de vida".

A juicio del presidente de la Asociación, entre los incendios que han tenido lugar esta campaña en Andalucía, uno de los de mayor riesgo fue el que se originó el pasado mes de Julio en el paraje de Los Riscos de Vera en Villaviciosa de Córdoba, donde tuvieron que ser evacuadas dos centenares de personas, siete miembros de un retén sufrieron quemaduras al verse rodeados por el fuego y el propio director del incendio tuvo que ser rescatado en helicóptero tras tener que abandonar su vehículo.

La investigación de los Agentes de Medio Ambiente, según ha indicado en declaraciones a Europa Press, ha hecho posible la detención del responsable de originar el incendio, un maquinista que de forma temeraria trabajaba con una retroexcavadora. Según González, "si la suerte no nos hubiera sido favorable, la tragedia habría estado servida".

18 de agosto de 2011

CCOO valora la participación de los agentes de Medio Ambiente en la recuperación de especies

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba considera básico el control sobre las poblaciones de especies protegidas, siendo muy importante el trabajo continuado del colectivo de los más de 80 agentes de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba y más de 900 en Andalucía. El sindicato entiende que no deberían autorizarse determinadas acciones como la retirada de pollos vivos y cadáveres de los nidos, censos de nidificantes y visitas de seguimiento del éxito reproductivo, sin la presencia de un agente de la autoridad para dar fe pública de que se está haciendo un manejo adecuado y que los datos obedecen, estrictamente, a la realidad. 

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha valorado los programas de cría en cautividad de especies protegidas que realiza la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en los que colaboran los más de 80 agentes de Medio Ambiente de Córdoba, más de 900 agentes en Andalucía.

El secretario General de la Federación, Luis Mena, considera que es "fundamental" la presencia de personal de la Administración en el desarrollo de los programas de especies protegidas, no sólo desde las instancias administrativas en el seguimiento de los expedientes sino también en los trabajos de campo en los que se manejan ejemplares de fauna en peligro de extinción, seguimiento de los procesos de reproducción, etc. Por ello, la existencia, dentro del organigrama de la Consejería, de un colectivo profesional de personas, como son los agentes de Medio Ambiente, constituye un activo valioso que tiene  normalizada presencia dentro de estos programas, ha reseñado Mena.

Para CCOO, la Consejería de Medio Ambiente debería hacer más uso de este colectivo como garantía de legalidad en las actuaciones que tengan por objeto, al menos, a especies a la que nuestra legislación concede un plus de protección por su escaso número y alto valor natural. Este sindicato entiende que no deberían autorizarse determinadas acciones (retirada de pollos vivos y cadáveres de los nidos, censos de nidificantes y visitas de seguimiento del éxito reproductivo) sin la presencia de un agente de la autoridad para dar fe pública de que se está haciendo un manejo adecuado y que los datos obedecen, estrictamente, a la realidad.

El sindicato ha querido destacar la labor realizada por los agentes de Medio Ambiente en el seguimiento y gestión del espacio protegido, la vigilancia y control de espacios naturales, la gestión forestal o el control de la caza. Según CCOO, el colectivo de agentes realiza una importantísima labor debido al contacto directo que mantienen con los usuarios y usuarias del medio natural, principalmente para informar al habitante y visitante sobre aspectos como los equipamientos públicos del parque, senderos y acampadas o sobre asuntos relacionados, todo ello, en beneficio de la conservación del patrimonio natural, ha apostillado Mena.

13 de agosto de 2011

CCOO reclama mayor participación de los Agentes de Medio Ambiente en los programas de recuperación de especies en peligro de extinción

El sindicato, a raíz de los últimos sucesos investigados por la Guardia Civil en la cría del águila imperial, demanda mayor control sobre estas poblaciones, pudiendo hacerse uso de un colectivo que representa un activo muy valioso dentro de la Consejería.

Las investigaciones realizadas por las unidades del SEPRONA de la Guardia Civil en la llamada Operación ‘Horus’ han puesto de manifiesto la existencia de graves irregularidades en el Programa de Cría en Cautividad del Águila Imperial, habiéndose descubierto una trama que sigue de la que aún no se conoce todo su alcance. Se han realizado detenciones y se ha tomado declaración a numerosas personas relacionadas con los ambientes cetreros y del citado Programa de Cría en Cautividad.

Las prácticas investigadas se refieren a los presuntos expolios de nidos en el medio natural y manejo fraudulento de datos del Centro de cría, radicado en Sevilla, en relación a los resultados que servían para enmascarar las cifras que se utilizaban en los informes periódicos del Programa.

Dando por sentada nuestra convicción de que la Consejería de Medio Ambiente ha podido ser objeto, caso que se confirmen los datos, de un engaño, esto no quita que deban revisarse unos procedimientos que no han logrado impedir que estos hechos se produzcan.

Queda pues evidenciada la laxitud en el control de las actividades de personal ajeno a la Administración, a los que se les ha permitido el manejo de unas especies en peligro de extinción para un presunto lucro personal y, lo que es peor, para lo contrario que se pretendía en el citado centro, esto es, la recuperación de las escasas poblaciones de Águila Imperial.

Desde CCOO queremos reivindicar una mayor y mejor presencia de personal de la Administración en el desarrollo de estos Programas, no solo desde las instancias administrativas en el seguimiento de los expedientes (trabajo que, aunque imprescindible, los hechos han demostrado como insuficiente) sino también en los trabajos de campo en los que se manejan ejemplares de fauna en peligro de extinción, seguimiento de los procesos de reproducción, etc.

La existencia, dentro del organigrama de la Consejería, de un colectivo profesional de casi 1000 personas, como son los Agentes de Medio Ambiente, constituye un activo valioso que podría, y debería, tener una mayor y más normalizada presencia dentro de estos Programas.

La Consejería de Medio Ambiente debería hacer uso de este colectivo como garantía de legalidad de actuaciones que tengan por objeto, al menos, a especies a la que nuestra legislación concede un plus de protección por su escaso número y alto valor natural. Este sindicato considera que no deberían autorizarse determinadas acciones (retirada de pollos vivos y cadáveres de los nidos, censos de nidificantes y visitas de seguimiento del éxito reproductivo) sin la presencia de un Agente de la autoridad para dar fe pública de que se está haciendo un manejo adecuado y que los datos obedecen, estrictamente, a la realidad.

De esta manera podrían haberse evitado los mencionados sucesos y debe tomarse esta información, por parte de la Administración competente, como una aportación que este sindicato realiza en beneficio de la conservación de nuestro patrimonio natural.

19 de julio de 2011

CCOO exige a la Junta saber cómo ha dirigido la extinción de los incendios de las sierras del Arca y Carboneras

El sindicato afirma que la situación creada por la Consejería de Medio Ambiente al no haber adscrito a los agentes a los puestos que habilitan para dirigir en primera instancia los medios de extinción utilizados en las actuaciones sobre los incendios de las sierras del Arca y de Carboneras "genera serias dudas". Por eso CCOO ha pedido información al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre el operativo de extinción desplegado en ambos siniestros y, concretamente, sobre el desempeño de las labores de dirección técnica de la extinción.

Los incendios forestales tuvieron lugar los pasados 3 y 7 de julio en las sierras del Arca y Carboneras, en los términos municipales de San Roque y La Línea, en Cádiz. El total de hectáreas quemadas se sitúa en torno a las 350 y fue necesaria la evacuación preventiva de un camping y dos urbanizaciones.

La petición realizada por CCOO obedece "a la situación del escalón del dispositivo encargado de estas tareas que, en primera instancia y, hasta la personación del técnico de extinción del Centro Operativo Provincial, recae en la figura del coordinador de demarcación, puesto funcional del catálogo de medios del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, al que es adscrito el colectivo de agentes de medio ambiente y celadores forestales".

Según explica el sindicato, esta figura, "básica y de gran importancia en las primeras fases del incendio", ya que en estas se dirime la pronta extinción o su desfavorable evolución, "ha estado suprimida en la provincia de Cádiz, en virtud de una resolución del director general de Gestión del Medio Natural, Francisco Javier Madrid, en la que se adscribía a la totalidad de la plantilla de agentes de medio ambiente y celadores forestales a la categoría de "Otros puestos" y privando, por tanto, al dispositivo de la única figura que está investida con las atribuciones legales, recogidas tanto en la Ley de Montes estatal como en la legislación autonómica, que habilitan para la dirección técnica de la extinción en estas primeras fases".

En al menos uno de los incendios sobre los que se recaba información, CCOO tiene "serias dudas" sobre la presencia física en el mismo de personal con la habilitación legal necesaria para desempeñar estas tareas. De ser así, la efectiva dirección de los medios intervinientes "ha podido carecer de un mando único con la capacidad legal para la toma de decisiones, que pueden resultar trascendentales, tanto para la máxima efectividad en la lucha contra el fuego como para la seguridad de las personas".

Por tanto, según CCOO, "quedaría fuera de cualquier lógica el desempeño de las tareas de dirección técnica de la extinción desde la distancia a través de una emisora desde el Centro Operativo Provincial situado en Cádiz, por la inexistencia de agentes de medio ambiente con la adscripción de coordinadores de demarcación". En caso que esto fuera así, continúa el sindicato, "estaríamos ante un acto de grave irresponsabilidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que es la que, por atribución legal, tiene el deber de implementar un dispositivo de lucha contra los incendios forestales que sea eficaz y acorde con las leyes, extremos ambos que quedarían, a juicio de este sindicato, claramente en entredicho".

Por otro lado, CCOO afirma no saber "cómo puede influir en el proceso de investigación y en sus conclusiones la inexistencia de personal adscrito a las brigadas de investigación de incendios forestales (otro de los puestos del Catálogo de medios del Plan de Emergencias), dada la consideración judicial de peritos que sus miembros reciben y que, en los incendios sobre los que se solicita información, no se encontraban ni constituidas, ni había agentes de medio ambiente con adscripción a este puesto".

26 de junio de 2011

SAFJA felicita a los miles de funcionarios que han conseguido frenar la integración del personal de Egmasa a la Agencia

Alfredo Pérez, Presidente del Sindicato, exalta el valor de la lucha que los funcionarios públicos están llevando a cabo contra la Ley 1/2011 y da su enhorabuena a las asociaciones que han conseguido paralizar la integración de Egmasa en la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, muestra su satisfacción y felicita a los miles de compañeros funcionarios que forman Al-Andaluz de Córdoba y Defiendo mi derecho de Sevilla por lograir que la Justicia paralice la funcionarización del personal laboral de Egmasa, en el marco de la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz.

Según ha publicado hoy El Mundo Andalucía, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, en un Auto del 16 de junio, ha suspendido cautelarmente el protocolo de integración del personal de Egmasa a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Las citas del juez recogidas son especialmente esperanzadoras cuando afirma que “las denuncias de los actores sobre la funcionarización encubierta no pueden tener más acogida en esta sede que la de su razonable probabilidad”. Y continúa afirmando que el protocolo impugnado, “obvia por completo cualquiera de los controles de acceso al empleo público determinados legal y constitucionalmente”.

SAFJA considera que la Justicia ha dado un importante paso adelante hacia la lucha contra la polémica Ley del enchufismo. El Auto afirma que el protocolo de integración, similar al del resto de Agencias, no está sujeto a “las exigencias y garantías constitucionales que a cualquier ciudadano se imponen para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública”.

El demoledor Auto hace crecer, aún más si cabe, las expectativas del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía para acabar contra una Ley que pretende colar por la puerta de atrás a decenas de miles de empleados, el número oscila entre los 20.000 y los 40.000, de las empresas públicas cuyos méritos serán tomados en la medida de su proximidad con el partido gobernante.

El éxito de los 5.000 funcionarios que han promovido esta denuncia es extensible a todos los funcionarios de la Administración General de la Junta y, concretamente, a este Sindicato que
agradece el esfuerzo y la lucha de estos compañeros.

Por su parte, SAFJA tiene recurridos los estatutos y protocolos de integración de todas las Agencias. Todos estos procedimientos judiciales siguen también adelante tras la admisión a trámite concedida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Alfredo Pérez Martínez, Presidente y Coordinador General de SAFJA, felicita “a los compañeros funcionarios por la buena noticia recibida, fruto de su tesón y trabajo en una lucha que es de todos. Estos funcionarios han conseguido que sea la Justicia la que frene en seco la integración por la puerta de atrás de una empresa pública". “Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía esperamos que esta nueva puerta que la Justicia deja abierta, junto a las admisiones a trámite de los recursos que SAFJA ha interpuesto ante el TSJA, sea el principio del fin de la cuestionable y subjetiva reordenación del sector público andaluz”.

Pérez Martínez finaliza sus declaraciones alabando la “valentía de los funcionarios públicos que se oponen públicamente, en los medios de comunicación, en la calle o en los juzgados, a las imposiciones y al amiguismo político del Gobierno andaluz. Y es que como trabajadores al servicio de los ciudadanos, no estamos dispuestos a ver deterioradas las prestaciones públicas por una descarada, interesada y caprichosa privatización encubierta y gravemente peligrosa para los derechos de todos".

Fuente: SAFJA

19 de junio de 2011

Agentes de Medio Ambiente denuncian la pérdida de funciones en pleno Plan Infoca

  • La Junta utiliza un reconocimiento médico para dejarlos fuera
  • Hace meses que denuncian el desmantelamiento progresivo del colectivo
  • Su trabajo lo está realizando personal laboral de Egmasa y las nuevas agencias
  • El reconocimiento médico encubre una intención de reducir la plantilla, afirma

Unos quinientos agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía -prácticamente la mitad del colectivo- se han manifestado este lunes en Sevilla en protesta por la situación laboral que desde hace unos años vienen padeciendo y que ha sufrido una vuelta de tuerca con la implantación de un reconocimiento médico que está provocando el desmantelamiento definitivo de sus funciones.

Hace tiempo que los agentes, que son personal funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, vienen denunciando el desmantelamiento progresivo de sus funciones en favor del personal laboral de Egmasa y, ahora, de las nuevas agencias surgidas tras la reordenación del sector público que ha acometido la Junta de Andalucía.

"El reconocimiento médico es la gota que colma el vaso", afirma Antonio González, uno de los portavoces del colectivo. Los agentes, según explica, no se oponen a someterse a un reconocimiento médico, "pero sí a que se utilice éste como criterio para dejarnos fuera del Plan Infoca", justo ahora que, con la llegada del calor, acaba de empezar la campaña de prevención de incendios forestales. En la provincia de Cádiz, todos los agentes de medio ambiente, en torno a un centenar, se han quedado fuera del Plan Infoca por este motivo.

"Nuestro trabajo conlleva unos riesgos y es obvio que debemos someternos a reconocimientos médicos. No nos oponemos a hacernos un reconocimiento médico; nos oponemos a hacernos este reconocimiento", explica González.

"El problema de fondo es la negativa de la Consejería a publicar una Ley que regule y enmarque a los agentes en una Administración Especial, al igual que otros colectivos de funcionarios del sector de la Sanidad y la Docencia, con lo que se solucionarían el 90% de nuestros problemas. No entendemos como puede ser tan fácil sacar una Ley y un sinfín de Decretos para colar en la Administración a más de 20.000 afines externos, y a la vez ser tan difícil regular por Ley Especial a solo 1.100 funcionarios de carrera".

"Si los reconocimientos velaran por nuestra seguridad, no se limitarían al periodo de extinción", afirma, al tiempo que añade que "si se buscara la seguridad laboral tendría que contemplar todo el año, no sólo el periodo de extinción alto, donde parece que los agentes sobramos, mientras el resto del año, como no hay tanto personal de la antigua Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) dedicada a extinciones forestales, ya si interesan los agentes".

Por otro lado, tampoco entiende el "empecinamiento" de la Consejería en evaluar la seguridad "sólo en materia de incendios", cuando el trabajo de los Agentes de Medio Ambiente tiene otras tareas de riesgos que "no se miden de manera alguna por la Junta". Por ejemplo, ha señalado que el departamento de José Juan Díaz Trillo "se niega de forma rotunda a evaluar la flota de vehículos de los agentes, algo que haría si le interesara la seguridad de los trabajadores forestales".

 

Reducción de la plantilla


Antonio González asegura que "que la intención de la Consejería es reducir la plantilla actual de aproximadamente 1.100 agentes a 400, restringiendo sus funciones a tareas de investigación y extinción de incendios". Pero esa reducción de plantilla no se puede hacer por unos reconocimientos médicos, se queja. "Se debería crear una especialidad y seleccionar al personal en función de criterios de formación, experiencia y un examen".

Desde que se transfirieron las competencias en materia de Medio Ambiente del Gobierno a la Junta en 1984 "existe una falta de apoyo de la Consejería a los agentes", rozando, según resalta, "casi el desprecio". "Estamos cansados de las decisiones unilaterales de la Consejería", ha afirmado, al tiempo que ha manifestado que existe "una infinidad de problemas pendientes que se deben tratar, pero estos reconocimientos médicos son un lavado de cara para curarse en salud ante cualquier accidente durante la campaña de incendios del Infoca".

Los agentes que se han manifestado este lunes en Sevilla han participado en una donación colectiva de sangre para llamar la atención sobre la situción del colectivo.

Fuente: elmundo.es

La policía de Griñán también carga contra los Agentes de Medio Ambiente de la Junta

La policía de la Junta de Andalucía cargó breve pero contundentemente según testigos presenciales contra los 500 Agentes de Medio Ambiente que se manifestaron ayer lunes en Sevilla para protestar contra su situación laboral. Además, tras la manifestación la policía autonómica dedicó sus afanes a identificar a los agentes participantes y esperaron a los manifestantes a la salida de la donación de sangre que efectuaron. Como consecuencia han sido denunciados dos de ellos por desórdenes públicos, hasta el momento. VEA MÁS FOTOS

La carga policial se produjo cuando sus efectivos trataron de impedir el paso a una representación de los agentes de medio ambiente para entregar un manifiesto.

El descontento de los AMA (Agentes de Medio Ambiente Andaluces) viene de atrás. Como ya viene siendo habitual, sus funciones han ido siendo usurpadas por la empresa pública EGMASA y desde hac muy poco,, tras el desmantelamiento de ésta, por el personal de la nueva superagencia constituida tras el decretazo.

Según las declaraciones de uno de los responsables, "el problema de fondo es la negativa de la Consejería a publicar una Ley que regule y enmarque a los agentes en una Administración Especial, al igual que otros colectivos de funcionarios del sector de la Sanidad y la Docencia, con lo que se solucionarían el 90% de nuestros problemas. No entendemos como puede ser tan fácil sacar una Ley y un sinfín de Decretos para colar en la Administración a más de 20.000 afines externos, y a la vez ser tan difícil regular por Ley Especial a solo 1.100 funcionarios de carrera".

Además, el objetivo del gobierno Griñán es reducir la plantilla de 1.100 a 400 y restringir sus funciones a tareas de investigación y extinción de incendios". Pero esa reducción de plantilla trata de hacerse mediante unos reconocimientos médicos, gota qu ha colmado el vaso.

Según su manifiesto, "conocidas son ya las reivindicaciones de esta Asociación por parte de la Consejería de Medio Ambiente de las que volvemos hacerles entrega, ya que dichas ausencias son la base de la desastrosa gestión que realiza sobre este colectivo y que una vez más con una decisión inoportuna como es la retirada de la condición como “Directores de Extinción” se ha puesto de manifiesto el más mínimo interés llegando a causar un problema más en vez de ir solucionando los ya creados.

Con la excusa de no pasar o no tener un reconocimiento médico se ha querido hacer ver que se vela por nuestra seguridad a sabiendas de que no disponemos de un PPRL aprobado y de que tal reconocimiento no se realiza al resto de situaciones igual o más peligrosa si cabe que las que realizamos en los incendios, tales como el seguimiento de la caza, vertidos, la conducción reiterada en vehículos no adaptados o inadecuados etc… y que no son más que el fruto de la nula apuesta que se tiene por el colectivo y de una chapuza más que ha sumado una gota más a un vaso ya colmado de por sí, que ha propiciado la respuesta de todo un colectivo con la participación de la AAMAA en representación de sus asociados.

La precaria situación de la vigilancia en la que se encuentra el patrimonio natural, necesita que estos funcionarios dispongan de una normativa de regulación que contenga cuestiones tan básicas como su uniformidad y acreditación, visualización por los ciudadanos de los vehículos oficiales con imagen propia como Agentes, dotación de prioritarios de emergencia, especialización de funciones, protocolos de actuación, consolidación de competencias, plan de prevención de riesgos laborales, dotación de seguridad, etc. para el desarrollo de sus funciones de custodia y vigilancia del medio natural y de sus recursos.

Por ello este acto de protesta pretende la solución de la citada problemática en base a los siguientes puntos:

1º Ley de Regulación del cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía.

2º Plan de Prevención de Riesgos Laborales propio del colectivo y Protocolo de Vigilancia de la Salud de forma seria, con su cuadro de exclusiones, segunda actividad, posibilidad de reincorporación si se corrigen los requisitos exigidos etc.. y no de la actual forma que no hace más que responder a los objetivos de eliminación que pretende la Consejería, creando una situación de indefensión y no una verdadera protección de la salud.

3º Creación de especialidades por materias (extinción / investigación de incendios, caza, pesca, flora, etc.)

4º Aumento de plantilla, fomento de la promoción vertical y horizontal, movilidad geográfica, conciliación familiar y segunda actividad (embarazadas, minusválidos, problemas de salud, etc.) y oferta de ocupación inmediata de las plazas vacantes para los propios AMA´s (evitando así la perdida actual de plazas)

5º Medios adecuados para una mayor profesionalización y servicio al ciudadano: vehículos adaptados, EPI´s, centros de trabajo, imagen corporativa propia, creación de protocolos de actuación, y centros operativos y emisora exclusivos para Agentes de Medio Ambiente ya que actualmente al no disponer de frecuencia de comunicaciones propia esta es utilizada para todo tipo de tareas por personas de la empresa EGMASA (peones, encargados, etc) y policía autonómica, entre otros.

6º Solución inmediata de los problemas provocados por el cambio de criterio y/o incumplimiento de acuerdos por parte de la Consejería de Medio Ambiente derivados de la falta de Regulación y de la continua rotación de cargos políticos, tales como: problemática de la participación de los Agentes de Medio Ambiente en el Plan Infoca, damnificados en los últimos concursos (Encargados U.T. - niveles 16 a extinguir y niveles 16/18 con las mismas funciones con diferencia salarial), prohibición de registro de denuncias, consolidación de grado base 16, adaptación y revisión de la orden de jornadas y horarios y ausencia de protocolo de actuación en cuanto a nuestras obligaciones como Policía Judicial (hecho este por el cual, la Fiscalía General del Estado ha manifestado su inquietud mediante escrito a esta asociación), entre otros."

Hace tiempo que los agentes, que son personal funcionario de la Consejería de Medio Ambiente, vienen denunciando el desmantelamiento progresivo de sus funciones en favor del personal laboral de Egmasa y, ahora, de las nuevas agencias surgidas tras la reordenación del sector público que ha acometido la Junta de Andalucía.

"El reconocimiento médico es la gota que colma el vaso", afirma Antonio González, uno de los portavoces del colectivo. Los agentes, según explica, no se oponen a someterse a un reconocimiento médico, "pero sí a que se utilice éste como criterio para dejarnos fuera del Plan Infoca", justo ahora que, con la llegada del calor, acaba de empezar la campaña de prevención de incendios forestales. En la provincia de Cádiz, todos los agentes de medio ambiente, en torno a un centenar, se han quedado fuera del Plan Infoca por este motivo.

29 de mayo de 2011

La pesadilla del Infoca continua

Lejos de solucionarse la problemática de los/as Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ya fue denunciada desde CSIF el 20 de Mayo, sobre la incertidumbre de este colectivo ante el comienzo del Plan Infoca, la situación empeora.

El Director General del Medio Natural (Francisco Javier Madrid Rojo) ha decidido a 5 días de empezar el Plan Infoca que todos/as los Agentes de Medio Ambiente deben pasar por un Reconocimiento Medico Obligatorio, sin informar previamente al personal de las pruebas que se van a realizar, el cuadro de exclusiones de las mismas y el mecanismo de resolución de posibles discrepancias. Aquel funcionario/a que resulte no apto/a en el reconocimiento que se plantea no podrá realizar las funciones de Director/a de Extinción, las cuales se llevan ejerciendo por este colectivo desde el comienzo del Plan Infoca con éxito reconocido.

 La Sección Sindical de Agentes de Medio Ambiente de CSIF denuncia que se trata de una estrategia para intentar desplazar poco a poco a los/as AMA (personal funcionario) de sus competencias para “dárselas” a los Técnicos de Operaciones de EGMASA (personal contratado no funcionario), ahora integrados en la nueva Agencia de Medio Ambiente y Agua que se creo tras la Ley de Reordenación del Sector Público.

La decisión tomada por el Director General del Medio Natural, sin tener en cuenta a los Sindicatos y a sólo 5 días del comienzo de la campaña de incendio, con los cuadrantes de trabajo del personal ya elaborados, supone una situación inaceptable y que esperamos sea rectificada por el Consejero de Medio Ambiente a la mayor brevedad posible, el cual manifestó el otro día en prensa que “todo estaba preparado para el Plan Infoca”…pero la cruda y triste realidad es que una pieza clave como son los/as Agentes de Medio Ambiente está aún “colgando de un hilo”.

A día de hoy la Consejería de Medio Ambiente no conoce el número de Agentes que participarán con funciones de “Directores de Extinción” dentro del Operativo contra los Incendios Forestales, escenario que nos tememos se mantendrá durante todo el mes de Junio, ya que  hay compañeros/as citados/as para dicho reconocimiento para el día 16 de Junio. Lo cual supondrá que  podrían actuar en Incendios Forestales  durante dicho mes, y luego ser excluidos/as para el resto de los meses del Plan Infoca al recibir el resultado de las pruebas, sin tiempo ni mecanismos para reclamar o pedir una segunda opinión médica en caso de discrepancias.

Por ultimo hay que recordar que este colectivo sigue “un año más” sin el tan esperado, solicitado y necesario Plan de Prevención de Riesgos Laborales, documento donde debe regularse en todo caso estos Reconocimientos Médicos Obligatorios y Excluyentes para el personal en caso de considerarse necesarios por la Administración, y previo informe de los Representantes de los Trabajadores, según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por tratarse de una medida excepcional respecto a la obligatoriedad de los mismos.

Fuente: Blog CSIF

2 de mayo de 2011

El SAFJA denuncia la tramitación de expedientes sancionadores en la Consejería de Medio Ambiente por "externos" a la Administración

En pro de la transparencia en la tramitación de las denuncias elevadas por los Agentes de Medio Ambiente, no es admisible que personal no funcionario de la Junta de Andalucía tramite expedientes sancionadores. Estos hechos han sido denunciados fechas atrás por el SAFJA, se acompaña extracto de la denuncia:

"(...) Asimismo, dada la gravedad extrema que representa la presencia de este personal externo en la tramitación de expedientes sancionadores como en otros procedimientos administrativos, vulnerando, no solo la normativa básica de la función pública, sino la relativa a la protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo), este sindicato va a poner estos hechos en conocimiento tanto de la Agencia Española de Protección de Datos como del Ministerio Fiscal y los órganos jurisdiccionales del orden penal para, en su caso, depurar las posibles responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse(...)".


Fuente: SAFJA