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23 de enero de 2015

La nueva Ley de Montes del PP será negativa para los terrenos forestales de Andalucía #StopLeyMontesPP

Una Ley que retira a los Agentes Forestales/Medioambientales de la investigación de delitos ambientales, dando vía libre a que furtivos, envenenadores, incendiarios y especuladores campen a sus anchas.

La Asociación Profesional de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA) quiere expresar su indignación por el texto planteado por el PP para modificar la actual Ley de Montes. De modificarse la normativa en los términos planteados por el Partido Popular se volvería a la "despolítica" forestal rancia del pasado, donde los montes podrían gestionarse sin ningún tipo de documento de ordenación –sino a gusto y disfrute del gestor de turno-, los terrenos forestales podrían recalificarse tras ser incendiados sin tener que esperar 30 años como marca la Ley actual –lo que propicia la especulación y que se disparen el número de incendios por intereses urbanísticos y económicos-, y los Agentes forestales/Medioambientales tendrían el papel de meras comparsas en la investigación de delitos ambientales.

La ley de las tres ies: irresponsable, innecesaria e injustificable.


Lo más preocupante del nuevo articulado es la exclusión de los Agentes Forestales/Medioambientales de las tareas de investigación de delitos ambientales. Somos funcionarios públicos formados y plenamente capacitados para investigar cualquier delito en el medio natural, conocemos a la población rural y el día a día y la problemática de las zonas forestales, y la persecución de delitos no es nada nuevo para nuestro colectivo pues la llevamos realizando desde hace 140 años de forma satisfactoria. Eliminar a más de 6000 funcionarios públicos de la investigación de delitos contra el medio ambiente no hace sino favorecer la impunidad de los delincuentes, es irresponsable, innecesario e injustificable.

Impacto especialmente negativo para Andalucía.

La aprobación de la Ley en los términos planteados por el PP es especialmente preocupante en el caso de Andalucía, dado que esta Comunidad Autónoma tiene el mayor número de Agentes de Medio Ambiente del Estado (por encima de los 900), a la vez que reúne uno de los mayores y más ricos patrimonios forestales. La retirada de las competencias en investigación de delitos a los Agentes de Medio Ambiente andaluces es un duro golpe a la conservación del medio natural de la región.

La futura Ley “aparta” a los Agentes de Medio Ambiente de Andalucía y a los del resto del Estado de cualquier investigación de ilícitos penales, que pasa a depender de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con el nuevo texto, los Agentes de Medio Ambiente al encontrarse con un delito ambiental no podrían realizar las tareas que vienen desarrollando habitualmente tales como proceder a la toma de muestras, fotografías, videos, o al levantamiento de medios de prueba para ser puestos a disposición judicial.

Los Agentes de Medio Ambiente andaluces especializados en la investigación de delitos ambientales de las Brigadas de Investigación de causas de incendios Forestales (BIIF), de las Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Fauna (BIEF) y de la Unidad Forense de apoyo (UFOA) vienen trabajando en régimen de colaboración con efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este trabajo coordinado ha hecho que se incrementen las condenas judiciales a incendiarios y envenenadores, por lo que no se entiende la ruptura de una colaboración que viene siendo exitosa, pasando los Agentes de Medio Ambiente con la nueva Ley de Montes a ser meros auxiliares en la averiguación de delitos. La única explicación es que se vaya buscando un modelo de investigación "teledirigida" sin funcionarios de carrera civiles que no funcionan ni van a funcionar por el esquema militar del taconazo y firmes.

Con la nueva Ley se defrauda al ciudadano y al interés público.

Se ha invertido dinero público en la formación y especialización de los Agentes de Medio Ambiente andaluces y de los del resto de Comunidades Autónomas, si nuestra labor se limita a llamar al 112 como haría cualquier particular y esperar sentados debajo de un pino a la llegada de Guardia Civil o Policía Adscrita que serían los responsables de la investigación, estaríamos defraudando al ciudadano.

El que los Agentes de Medio Ambiente no pueden iniciar una investigación de forma inmediata tras detectar un delito ambiental, teniendo que dejar todo "en pausa" hasta la llegada de otros colectivos, va en claro perjuicio de los resultados pues a medida que pasa el tiempo las huellas e indicios se borran, la escena del delito se modifica y las manifestaciones que los testigos pueden plantear inicialmente pueden contaminarse durante la espera. Se cumple a rajatabla la cita del criminalista Edmond Locard: "El tiempo que pasa es la verdad que huye".

La nueva Ley de Montes planteada por el Partido Popular nos pone en el papel de "mal funcionarios", donde deberíamos hacer una fiesta pues "vamos a seguir cobrando lo mismo pero nuestro trabajo lo harán otros". La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía no quiere que se defraude al contribuyente haciendo que se prostituya el servicio público por el que se paga a nuestro colectivo profesional, con una nueva externalización de servicios o "regalando" las tareas de investigación a otros Cuerpos. 

Desde la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía esperamos que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se pronuncie a favor de la continuidad de los Agentes Forestales/Medioambientales en la investigación de ilícitos penales ambientales. No entenderíamos que la Fiscalía reitere en sus memorias anuales la necesidad de contar con un incremento de medios humanos y materiales para funcionar de forma adecuada, y ahora se quede al margen y no exprese malestar alguno por un proyecto de modificación de la Ley de Montes donde se plantea la retirada de 6000 funcionarios que hasta ahora están a disposición del Ministerio Fiscal para las investigaciones de delitos en el medio natural.

El PP elimina el término funcionario, colocando una alfombra roja para la privatización de lo público.

Actualmente, los Agentes Forestales/Medioambientales de las distintas Comunidades Autónomas, en calidad de funcionarios públicos de carrera, han accedido al puesto tras reunir una serie de requisitos previos y pasar una fase de oposición libre y abierta a cualquier ciudadano. Resulta indignante que en la nueva definición de "Agente Forestal" del texto modificado por el Partido Popular se haya eliminado de forma intencionada que tal puesto será desempeñado por "funcionarios". Esto es especialmente importante pues hace que por la "gatera" puedan acceder a la condición de Agente Forestal/Medioambiental empresas de seguridad privada sin requisitos de titulación y la obligatoriedad de pasar por un proceso selectivo de oposición a la función pública como viene siendo requerido hasta ahora.

Una futura agresión sobre lo público: sustituir los Agentes Forestales/Medioambientales funcionarios por seguridad privada. Esto daría a la Administración el control total sobre lo que se puede o no denunciar o investigar, a la vez que el fomentar a empresas de seguridad privada podría esconder intereses económicos encubiertos. Ya se está privatizando la vigilancia exterior de las prisiones y se ha atribuido a la vigilancia privada la facultad de cachear e identificar en la vía pública, ¿no seremos los Agentes Forestales/Medioambientales los siguientes en ser "privatizados"?.

Finalmente, hay que indicar que el proyecto de modificación de la Ley de Montes nace sin consenso social y con falta de transparencia y oscurantismo dado que la modificación se tramita por la vía de urgencia –sin haber premura para usar esta opción- y el texto registrado por el Partido Popular en el Congreso es sustancialmente distinto del que se sometió a exposición pública. Este último punto es una burla al ciudadano, al hacer que las alegaciones planteadas por los afectados vayan a ir directamente a la papelera y no se hayan tenido en consideración la opinión de los expertos en gestión.

Fuente: elaboración propia

22 de enero de 2015

Paso importante en la renovación de la flota de vehículos de los Agentes de Medio Ambiente andaluces #AAMM #AAFF

Agentes de Medio Ambiente valoran la llegada de una treintena de nuevos vehículos pero avisan de que hacen falta más. 

El sector de agentes forestales andaluces ha valorado el hecho de que la Junta de Andalucía haya tenido un "gesto en positivo" respecto a las críticas de estos profesionales por el estado obsoleto de su flota de vehículos --con una edad media por encima de los diez años--, congratulándose en este sentido de la llegada de hasta 33 nuevos automóviles, pendientes solo de matriculación. 

Asimismo, hay presupuesto contemplado para la renovación de otros 70, según ha explicado a Europa Press el presidente de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Antonio González, que no obstante avisa de que aún "falta mucho para poder renovar la flota de forma total". 

"La parte positiva es que solo sería la primera entrega, aunque con esta renovación inmediata, por ejemplo, no se cubriría ni el 10 por ciento del total con lo destinado a Córdoba", ha precisado González, que insta a ir "mucho más allá" y seguir "impulsando" las nuevas adquisiciones en este sentido.

Una de las principales causas de la vejez de sus medios de locomoción obedece al hecho de que los vehículos no se adquieren por el sistema de 'renting', algo que el colectivo ha planteado. Sin embargo, añade el presidente de Aamaa, "mientras haya compromiso de renovación nos da igual la fórmula, pues lo que queremos es un vehículo digno y seguro". 

La renovación supone resolver la problemática de los riesgos laborales que derivan de unos vehículos "viejos". Asimismo, otra de las peticiones atendidas por la Junta es la de dar una identidad visual propia a los mismos, para poder diferenciar a los agentes forestales de otros cuerpos autonómicos y para que "si alguien hace un mal uso del medio se pueda saber". 

Fuente: europapress
 

18 de enero de 2015

Agentes de Medio Ambiente #AAMM #AAFF no podrán investigar delitos ambientales #StopLeyMontesPP

Agentes medioambientales dicen que la ley de Montes atenta contra colectivo.

La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales de España (AEAFMA) ha afirmado hoy que la futura ley de Montes, que ha sido registrada en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, es el "mayor atentado" que ha sufrido este colectivo en sus 140 años de historia.

Luis Díaz, presidente de esta asociación de la que forman parte 6.000 agentes medioambientales y forestales, ha asegurado a Efe que la futura ley "aparta" a estos agentes de cualquier investigación de supuestos ilícitos penales, que pasan a depender de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Según Díaz, los agentes no podrán participar en las investigaciones de delitos como la investigación de incendios forestales, en casos de veneno o en casos de ordenación del territorio, entre otros.

A su juicio, es "desatinado e irracional" que se deje sin competencias en investigación a los agentes medioambientales y forestales en estos supuestos, sobre todo porque las competencias en materias medioambientales están transferidas a las comunidades autónomas.

"Nosotros como colectivo somos los que estamos mejor preparados y capacitados para investigar cualquier delito en el medio natural porque conocemos el territorio, conocemos la problemática, conocemos a la población y llevamos 140 años haciéndolo", ha añadido.

El presidente de los agentes medioambientales de España ha asegurado que este colectivo está "sorprendido" por que la ley se haya tramitado por la vía de urgencia.

Están "defraudados" porque la ley que ha sido registrada en el Congreso, "difiere notablemente del borrador que el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente sometió a información pública", lo que en opinión de Díaz: "solo se puede entender como un engaño a los ciudadanos".

La AEAFMA iniciará una lucha "decidida" contra esta ley en las próximas semanas, en las que se reunirán con partidos políticos y ONG conservacionistas, para pedirles su apoyo contra una Ley que les quita competencias.

Su presidente no ha descartado que los 6.000 agentes medioambientales y forestales de España acaben saliendo a la calle y ha indicado que, "debido a la gravedad de este asunto", han decidido mantener una unidad de acción con CCOO y UGT.

También ha advertido sobre otros aspectos preocupantes de la ley, como que se puedan recalificar los terrenos afectados por incendios forestales, que "abre la posibilidad a la especulación" y a que aumente el número de siniestros "por intereses urbanísticos y económicos".

Fuente: noticiasyahoo

Los Agentes de Medio Ambiente SÍ denunciaron los pozos ilegales de Doñana #AAMM #AAFF

La Junta filtra las denuncias que llegan sobre Doñana. Impide desde 2009 el registro de las actas de los agentes que vigilan el entorno del parque. 

La Junta de Andalucía lleva desde finales de la pasada década filtrando las actas presentadas por sus Agentes de Medio Ambiente sobre pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional Doñana, de modo que al final es un cargo político de dirección quien decide si los hechos denunciados tienen suficiente relevancia administrativa o penal para ser tramitados... o acaban directamente en la papelera.

En concreto, la Consejería andaluza de Medio Ambiente alteró hace casi seis años el sistema de presentación de las denuncias administrativas, impidiendo así que pudiera quedar rastro alguno en el registro de entrada de la Administración autonómica de muchas de las actas de inspección efectuadas a pie de campo por los agentes medioambientales durante su labor diaria de control y defensa in situ del entorno natural. 

La orden la dio el 5 de marzo de 2009 Juan Manuel López Pérez, antiguo delegado provincial socialista de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en Huelva, mediante una instrucción interna en la que ordenaba que las denuncias se presentasen «mediante comunicación interior» al coordinador provincial del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, «desterrando por tanto la práctica de su presentación directa en el registro o base de datos en el Departamento de Informes y Sanciones».

«El coordinador, tras un primer y somero examen, las remitirá a la Secretaría General a fin de valorar la importancia y gravedad de los hechos denunciados y determinar, por lo tanto, la necesariedad [sic] y oportunidad de acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de acuerdo con la normativa especializada», instruyó el alto cargo andaluz, sin que quede del todo claro si quien tiene legitimidad para descartar es el coordinador o el secretario general de la Delegación.

La justificación esgrimida por López Pérez para rechazar el registro de todas las denuncias no fue política, sino funcional. Concretamente, en su instrucción apeló al «notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores» que se iniciaban y a la necesidad de un «esfuerzo de coordinación de los intervinientes [en el procedimiento administrativo sancionador] y de unificación de criterios, a fin de optimizar los escasos recursos humanos disponibles». Pero lo que consolidó el delegado de la Junta es un sistema mucho más opaco que, de hecho, ha llegado a ser denunciado internamente por los sindicatos.

CSIF exigió en febrero de 2013 a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva que restablecieran «el orden jurídico» revocando la resolución por la que quedaba «vedado» el registro general de la Delegación Provincial para unos agentes a los que, «como policía judicial genérica», les compete llevar a cabo una labor que «colisiona frontalmente» con este tipo de instrucciones, «verbales o escritas», que permiten a fin de cuentas un control político total sobre las actas de denuncia presentadas, incluidas las que recogen indicios penales.

El filtrado de la Junta avala en parte las palabras del titular de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, quien ha asegurado a EL MUNDO que hasta 2011 no abrió diligencias por pozos ilegales en el entorno de Doñana porque desde la Delegación Provincial de la Junta no se le trasladaron ninguna de las actas levantadas por los agentes, dando por ello el Ministerio Público por hecho que el uso de los recursos hídricos debía de contar con alguna autorización o soporte legal.

De entrada, Flores no censura las polémicas instrucciones internas de la Junta. «Que por razones de eficiencia y velocidad las actas se tengan que presentar directamente al coordinador provincial no es en sí un problema, entre otras razones porque el agente siempre se puede guardar una copia del acta y, si ve que sus denuncias no prosperan, puede comunicarlo internamente a la Fiscalía, que nosotros preguntaremos qué es lo que ha hecho exactamente con ellas la Consejería», garantiza el fiscal de Medio Ambiente.

Segunda instrucción para blindarse 

La polémica filtración de las actas de denuncia ordenada internamente por la Junta de Andalucía a partir de 2009 se reforzó tres años más tarde. En concreto, el 4 de mayo de 2012 la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva terminó de blindarse ante la práctica del registro directo de las denuncias por los agentes con una segunda instrucción -arriba reproducida- que determina, en su apartado cuarto, que «la documentación que se intercambie entre cualquiera de los servicios de la Delegación no debe registrarse ni de entrada ni de salida, ya que se trata de un flujo de información interno». En este caso, la instrucción no la firma el delegado provincial de la Junta, sino la secretaria general de este departamento de la Administración andaluza.

Fuente: elmundo.es