La Fiscalía interpone una querella por la apertura de una pista forestal en un paraje protegido de Sierra Morena, tras hechos denunciados por Agentes de Medio Ambiente.

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha emitido un decreto por el que propone interponer una querella ante el Juzgado de Instrucción Decano de Posadas por posibles delitos cometidos en la apertura de una pista forestal en un paraje de especial protección ubicado en Sierra Morena, en el término municipal de Hornachuelos.
El Ministerio Fiscal aprecia, tras analizar los informes de las diligencias ordenadas tras recibir denuncia por estos hechos, que la actuación puede conllevar posibles delitos contra la Ordenación del Territorio y contra el Medio Ambiente.

En un decreto fechado el pasado 13 de diciembre -al que ha tenido acceso Cordópolis-, la fiscal da cuenta de las actuaciones realizadas tras recibir el pasado verano la denuncia de Ecologistas en Acción de Córdoba sobre la apertura de una pista forestal presuntamente ilegal en una finca privada -Los Corrales-, ubicada en una paraje de especial protección en plena Sierra Morena. La pista forestal denunciada se encuentra en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar, junto al río Guadalvacarejo, afectando a la vegetación natural, a la fauna silvestre protegida y al paisaje del lugar. Buitres leonados y búhos reales, entre otros, nidifican en zonas rocosas del entorno. Y, además, se denunció la posible obstrucción a la labor inspectora de los Agentes de Medio Ambiente y desobediencia al requerimiento legal de paralización de la obra.

La Fiscalía expone los resultados de tres expedientes administrativos por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, que ponen de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo en el paraje protegido, desde 2022 hasta la denuncia del pasado verano por parte de Ecologistas.

“Eliminación total de la cubierta vegetal”

En primer lugar, Agentes de Medio Ambiente denunciaron el 15 de marzo de 2023 la realización de una pista forestal de 3,5 metros de ancho por 202 metros de longitud, además de movimientos de tierras para la ejecución de taludes de una balsa de riego agrícola con capacidad de 30.000 m3 en terreno forestal, así como un cambio de uso forestal a agrícola sin autorizar.

“La ejecución del camino supone la eliminación total de la cubierta vegetal ocupada por encina, acebuche, algarrobo, palmito y otro matorral mediterráneo. Al camino se le ha aportado grava y se ha explanado el terreno”, detalla el informe. Mientras, la balsa de riego se encuentra en una parcela hasta ahora dedicada al cultivo de naranjos bajo pies de encinas diseminados. En la excavación de la balsa se ha eliminado también por completo la cubierta vegetal, incluyendo tres encinas. Se han hecho taludes de siete metros de altura y 214 de longitud, utilizando elementos metálicos y cimentación de hormigón, para construir una balsa de unos 30 metros de diámetro y 4,24 metros de altura. Según el Catastro, la superficie donde se ha ejecutado esta actuación está catalogada como terreno forestal de pastos con encinas.

El Ministerio Fiscal aprecia que esta actuación “está directamente relacionada con la siguiente”, una denuncia anterior, de 23 marzo 2022, por “desbroce, decapado y despedregado”. “El desbroce se ha realizado con maquinaria pesada de manera que se han arrancado bastonera y arbustos de especies como algarrobo, lentisco, latierna y palmitos fundamentalmente, y también trituración de monte bajo como olivilla, coscoja, jaras y aulaga”. Asimismo, entonces de colocó un tramo de 1.300 metros lineales de cerca para cuya colocación se han arrancado también especies vegetales de arbustos, así como corte y poda de otros. También se ha realizado un despedregado en la zona de actuación, suponiendo un movimiento de tierras.

“Obras no autorizables” en una Zona de Especial Conservación

Además, se halla plantación de naranjos, rompiendo el horizonte rocoso del suelo, en una superficie afectada de cuatro hectáreas aproximadamente, para lo que se han hecho aterramientos para plantación en terrazas de los cítricos.

Un tercer expediente administrativo consta por la denuncia interpuesta el 12 de junio de 2023 por la apertura de un camino en un espacio natural protegido. Se trata de una “actuación sujeta a Autorización Ambiental Unificada que no se ha solicitado”, consta en el escrito de Fiscalía. El camino abierto mide 350 metros de largo y 6 de ancho. Además, en la apertura del camino se han generado taludes de alturas variables, en una superficie dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar.

“Se ha visto afectado un hábitat de interés comunitario (...) Las obras se localizan a menos de 200 metros de lugar de cría de buitre leonado”, especie inscrita en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su homólogo de Andalucía.

Continuación de las obras pese a las denuncias

La fiscal constata que, en fecha 7 de julio, hubo una nueva inspección por parte de los Agentes de Medio Ambiente y “se comprueba que las obras han continuado ladera abajo hasta llegar al arroyo Guadalvacarejo”. Con ello, se han sumado 60 metros más de longitud de la pista abierta, hasta hacer un total de 410 metros de camino en este paraje protegido.

En el informe se describe con detalle la afección a la vegetación de este paraje, tanto matorrales termomediterráneos como galerías de matorrales ribereños al llegar al arroyo en la continuación de la pista.

La Fiscalía ha recabado información del Ayuntamiento de Hornachuelos sobre la calificación del suelo y usos autorizables, constando que se trata de Suelo Rústico Preservado, además de constar como Zona de Especial Conservación Guadiato-Bembézar como recoge también la Junta de Andalucía. También consta que esta actuación se ha hecho fuera de los límites del Parque Natural.


Con todo ello, el decreto de la fiscal recoge en sus fundamentos que de la denuncia parten indicios de delito contra la Ordenación del Territorio y que el informe de Urbanismo del Ayuntamiento de Hornachuelos “explicita que las obras no son autorizables además de estar en suelo no urbanizable”. De este modo, aprecia “conductas constitutivas de un delito contra el Medio Ambiente” y precisa que los hechos son de “gravedad sufiente para integrar un delito ecológico”.

Por todo esto, la Fiscalía acuerda proponer la interposición de una querella por si los hechos analizados fueran efectivamente constitutivos de delito.

Fuente: Cordopolis

Agentes de Medio Ambiente contolaran que las obras en la Laguna de la Mujer no afecten a su fauna o flora

Medio Ambiente pide a los agricultores de Huelva que respeten los cauces públicos.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una actuación urgente de mantenimiento y conservación de cauces en la Laguna de la Mujer, un humedal incluido en el Paraje Natural Lagunas de Palos y Las Madres, en los términos municipales de Palos de la Frontera y Moguer.

Los técnicos habían detectado que la desembocadura de los arroyos se estaba comenzando a colmatar y el perfil de las orillas se estaba alterando como consecuencia de la proximidad de terrenos agrícolas de cultivos intensivos bajo plástico. En concreto, las modificaciones en el ciclo del agua en la cuenca vertiente se traducen en un incremento de los caudales máximos en las grandes avenidas, con el consiguiente aumento de la capacidad erosiva y de transporte de sólidos.

“Es necesario que los agricultores que desarrollan su actividad en la cercanía de los cauces públicos y, en especial, en los que alimentan nuestros espacios naturales protegidos implanten técnicas de cultivo que aseguren el terreno. Así se evitan pérdidas por erosión. Debemos respetar los márgenes de los arroyos para conseguir entre todos un desarrollo sostenible de nuestros campos”, ha declarado el delegado territorial, José Antonio Cortés.

 Estas transformaciones también afectan a la red hidrológica y a la composición química del agua vertiente a la Laguna, de ahí que la colmatación de áridos a la salida de los arroyos hacia la Laguna estuvieran poniendo en peligro sus valores ambientales.

“Desde la administración hidráulica de la Junta de Andalucía hacemos un llamamiento a todos los implicados para consolidar nuestra red fluvial y compatibilizar las explotaciones agrarias con la funcionalidad de nuestros cauces. Deben estar preparados para albergar las avenidas recurrentes de las lluvias”, ha explicado Cortés.

La actuación ha consistido en la extracción de la arena depositada en el vaso y en la propia desembocadura de los arroyos con una retroexcavadora de oruga y tres tractores con traíllas. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recuperado la topografía natural para facilitar el desarrollo de macrófitos y avifauna asociada.

La obra se completa con la construcción de tres areneros para reducir la llegada de más sedimentos al vaso de la Laguna de la Mujer y mejorar la calidad del agua que la alimenta, actuando como filtros. Esta medida beneficia a las poblaciones de plancton y macroinvertebrados al disminuir la eutrofización. También mejorará el desarrollo de la flora asociada a estos sistemas como lirios o plantas acuáticas (Ceratophyllum) e incentivará la alimentación, el descanso y la reproducción de la avifauna asociada. Detacan el calamón, la espátula, la garza y las aves limícolas.

Los areneros están fuera de la Laguna pero en el interior del dominio público hidráulico de los cauces, lo que permitirá realizar futuras retiradas de áridos de forma ordenada sin afectar al espacio protegido y minimizando su afección a los cauces implicados. El impacto sobre los fondos de la laguna y su flora y fauna asociadas será mínimo. En este sentido, podrán se objeto de inspecciones periódicas por el personal técnico y por los Agentes de Medio Ambiente de la Delegación Territorial, que podrán determinar la necesidad o no de su vaciado en época de estio antes de la época de lluvia.

Fuente: agrodiariohuelva.es

Agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Junta analizan la posible afección al río Odiel tras una fuga de una corta minera con agua de lluvia en La Zarza

Agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Junta de Andalucía están analizando la posible afección al río Odiel tras producirse una fuga en una corta minera, ubicada en una zona privada de La Zarza, que ya no estaba en funcionamiento y que acumulaba agua de lluvia.

En declaraciones a los periodistas, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco Romero, ha explicado que se trata de "una corta minera situada en La Zarza, que tenía una galería que evacuaba agua de lluvia a través de bombeo, pero cuando dejó esta explotación se dejó de hacer".

Por tanto, y tras producirse en la misma "una acumulación por desprendimiento de tierra, en la propia galería se ha producido un tapón en el desagüe, que ha provocado que la propia corta esté llenándose de agua de lluvia que en contacto con la zona minera, que contiene metales como la pirita, ha obtenido influencia de minerales".

"Al parecer ese tapón ha tenido que romperse y el desagüe ha sido más grande por este taponamiento", ha remarcado Romero, quien ha destacado que la Junta ha abierto expedientes por estos hechos ante la posible afección al medio ambiente y en términos de industria.

No obstante, ha asegurado que se trata de "una corta que acumula agua de lluvia y no vertidos, pero puede tener una incorporación de metales pero propios de la naturaleza", indicando además que "el río Odiel contiene minerales de mina desde hace siglos, pero evidentemente la aportación que se hace de esta acumulación es extraordinaria y hay que estudiar la afección que ha podido tener sobre el agua".

Para ello se están analizando distintos puntos del río Odiel, ha concluido el delegado, "para ver la diferencia entre aportes o niveles de minerales obtenidos en días anteriores y los obtenidos hoy o en días sucesivos".

Fuente: http://www.lavanguardia.com

Agentes de Medio Ambiente de Almería inspeccionan 4178 hectáreas del entorno del Río Aguas, abriéndose 13 nuevos expedientes sancionadores

Evalúan los avances de la gestión hidrológico-ambiental de los Molinos del río Aguas. Durante la reunión se puso de manifiesto que los nuevos recursos en la zona solo tienen una procedencia real posible, el uso racional de los recursos hídricos existentes o futuros.

 

Evaluar los avances de la gestión hidrológico-ambiental en el territorio en el que se localiza el manantial de los Molinos del río Aguas, ha sido el objetivo del segundo encuentro mantenido en la Delegación territorial de Medio Ambiente con los representantes de la Plataforma en Defensa del Acuífero del Río Aguas. Durante la reunión se han abordado aspectos relacionados con la planificación, regulación, inspección, sanción y sensibilización en dicho territorio.

La reunión, presidida por el delegado territorial de medio Ambiente, Antonio Martínez, ha permitido el intercambio de información y la evaluación de los avances de los trabajos de gestión desarrollados para iniciar la reversión de los negativos efectos hidrológico-ambientales y sociales que han generado los cultivos intensivos e hiperintesivos de olivar de regadío que hoy cubren el corredor Tabernas-Sorbas.

En ese sentido, durante la reunión se ha informado sobre la ausencia de autorizaciones de nuevos cambios de uso de forestal a agrícola de regadío en este territorio y la total paralización de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas y su registro en las masas de aguas subterráneas asociadas, con arreglo a la normativa forestal y de aguas vigente.

En cuanto a la evaluación del programa de inspecciones desarrollado, se ha informado que, desde junio de 2016, los Agentes de Medio Ambiente ha inspeccionado en campo 37 de las 42 fincas previstas. En total 4.178 hectáreas (81,4%) de las 5.130 hectáreas previstas, de las que 3.820 son de regadío. En las inspecciones se han detectado 181 sondeos, que tras los correspondientes informes de los servicio técnicos (ya se han realizado 18, lo que equivale a un tercio del total previsto) han dado pie a la confirmación de numerosos derechos acreditados por la errónea pero legal sobretitulación generada por la hoy desaparecida Confederación Hidrografica del Sur y a la apertura de expedientes sancionadores a aquellas fincas con extracciones no autorizadas. En total, 13 nuevos expedientes instruidos desde julio, mayoritariamente calificados como infracciones graves, con alguna muy grave y alguna leve.

En la reunión también se ha abordado la reciente declaración como Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 del Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas, así como la aprobación de su Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que garantiza legalmente la conservación del espacio natural en el que se localizan las surgencias del manantial de los Molinos del río Aguas, “autentica joya ecológica andaluza, española y europea”, como reconoce el delegado de Medio Ambiente.

Del mismo modo, se ha dado a conocer la creación de la Plataforma Provincial de Asociaciones de Defensa del Agua, vinculada a los aspectos de carácter social y ambiental, que deben ser considerados para alcanzar un uso racional del agua en Almería. Según ha explicado en la reunión una plataforma que no nace para enfrentarse a la defensa de intereses económicos que caracteriza el uso del agua que defiende la también recientemente constituida Mesa del Agua, sino para complementar la visión circular sobre la nueva cultura del agua que una provincia semiárida como Almería precisa.

Junto a toda esta información expuesta durante la reunión, los miembros de la Plataforma y técnicos de Medio Ambiente han reflexionado sobre las soluciones a implementar más allá de la inspección y sanción, evitando de esta manera conducir a la comarca y a su economía social asociada a una crisis imparable. Según se puso de manifiesto en el encuentro celebrado ayer en la Delegación territorial de Medio Ambiente,”estas soluciones pasan inevitablemente por dejar de extraer en los pozos no autorizados y como consecuencia, dejar de regar en las fincas sin derechos hasta tanto no se obtengan nuevos recursos complementarios que en este territorio han de ser necesariamente importados”, ha señalado el delegado.

Por último se ha informado sobre la presentación del último documental sobre el Manantial de los Molinos del Río Aguas en el foro de Derechos de la Naturaleza, celebrado en Ginebra bajo el paraguas de la UNESCO.

Agua desalada
 

Los nuevos recursos en la zona solo tienen una procedencia real posible, el agua desalada, y en ese sentido se ha concluido que, tal y como queda perfectamente detallado en el programa de medidas del Plan Hidrológico 2015-2021, ello pasa por la puesta en marcha el 2º grupo de las desaladora de Carboneras y realizar las conducciones necesarias para el traslado del agua desalada desde los depósitos reguladores ya existentes en la Venta del Pobre, hasta el corredor Tabernas-Uleila-Lucainena-Sorbas. Unas actuaciones que, según han recordado los técnicos, corresponde ejecutar a la Administración General del Estado.

A esta conclusión se han sumado otras iniciativas de interés como la dotación de una estación automática de aforo del manantial, que asumiría la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y la necesidad de profundizar vía proyecto de I+D+i en el conocimiento y manejo responsable y sostenible de la masa de aguas subterráneas 060008 Aguas.

El Delegado Territorial ha recordado que “ las importantes precipitaciones recientes no tienen efecto sobre la recuperación de la masa de agua en mal estado afectadas por la sobreexplotación asociada a las extracciones, y solo generaran una mínima mejora estacional de la humedad superficial” y ha subrayado por ello la necesidad de reclamar a la administración estatal su obligatoria intervención en la solución de la problemática existente”.

Antonio Martínez ha valorado el nivel de participación y el rigor del trabajo realizado por los servicios de técnicos y de agentes de la autoridad de la Delegación Territorial, del que se ha dado detallado traslado a la Plataforma, y ha mostrado su voluntad de de desarrollar nuevos encuentros informativos con la Plataforma de Defensa del Acuífero del Río Aguas, con un único objetivo, la defensa de los ciudadanos residentes y los valores ambientales vinculados al río Aguas.

Fuente: lavozdealmeria.es

Agentes de Medio Ambiente controlan las nuevas obras realizadas en las pistas de Sierra Nevada

La Junta defiende que las obras en la estación de Sierra Nevada cuentan con “todos los informes favorables”. Así lo ha señalado la delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio después de que la Agrupación Granadina de Defensa de la Naturaleza haya denunciado el impacto ambiental de las obras.

La Junta ha defendido este miércoles que las obras para la adecuación de pistas en la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, con motivo de los Campeonatos del Mundo Snowboard y Freestyle cuentan con “todos los informes favorables” del espacio natural y están siendo objeto de un “exhaustivo seguimiento” de los técnicos para minimizar la afección a la biodiversidad.

Así lo ha señalado la delegada de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Inmaculada Oria, a preguntas de los periodistas después de que la Agrupación Granadina de Naturalistas para la Defensa de la Naturaleza haya denunciado el impacto ambiental de las obras por estar afectando a un enebral centenario protegido.

La delegada ha querido lanzar un “mensaje de tranquilidad”, subrayando que las actuaciones se están desarrollando en la zona asignada al dominio esquiable dentro del Parque Natural de Sierra Nevada y no suponen la creación de nuevas pistas, sino que se trabaja sobre las que ya existen.

Según ha detallado, el proyecto ha sido analizado en profundidad por parte de las Comisiones de Trabajo del Consejo de Participación del Espacio Natural Sierra Nevada y en la última sesión se informó favorablemente sobre el mismo, con el único voto en contra de Ecologistas en Acción.

La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada resolvió, el 28 de enero de 2016, el no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada del proyecto de actuación, que por tanto ha estado sometido al procedimiento de licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Monachil y al informe previo preceptivo y vinculante del Espacio Natural Sierra Nevada.

La delegada ha detallado que se está realizando “un seguimiento exhaustivo de las actuación por parte de los Agentes de Medio ambiente y de los técnicos del Espacio Natural Sierra Nevada” que ha incluido un replanteo de precisión de la zona de actuación directa, accesos, acopios y movimientos de maquinaria para minimizar la afección a la biodiversidad.

Como consecuencia se han delimitado en la pista ‘Slope Style’, en la zona de Montebajo, varias áreas de exclusión para salvaguardar una pequeña agrupación de enebros y para preservar un borreguil de reducidas dimensiones.

La pista de ‘Baches’ se emplaza por su parte sobre la pista de esquí existente, denominada ‘Visera’, donde las actuaciones inciden sobre materiales provenientes en su día de la construcción del Radiotelescopio y no presentan afecciones sobre vegetación de interés.

Fuente: granadadigital.es

Agentes de Medio Ambiente condenados judicialmente mantienen su sueldo casi un año después de su inhabilitación

La Junta mantiene en nómina a personal condenado por corrupción. Los agentes han mantenido su sueldo casi un año después de su inhabilitación.

Cuatro Agentes de Medio Ambiente que diseñaron «una red de corrupción» en el entorno de Doñana, permitiendo cambios de uso del suelo para cultivos en beneficio de algunos empresarios de la zona, y fueron inhabilitados por los tribunales, han estado en nómina de la Junta hasta casi un año después del fallo judicial sin que la Administración andaluza ejecutara la sentencia.

Los agentes tenían el encargo expreso de Medio Ambiente de vigilar los límites y extensiones de las fincas de la comarca para constatar que se estaba respetando el contenido del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Sin embargo, toleraron ampliaciones de superficie cultivable, ocupaciones de monte público o construcciones sin licencia y otras prácticas ilegales, por lo que fueron enjuiciados y en abril de 2014 la Audiencia Provincial de Huelva los condenó por omisión del deber de denunciar delitos, quedando inhabilitados para empleo público. El procedimiento se alargó un año más, después de que los acusados recurrieran la decisión de la Audiencia onubense. En junio de 2015, el Tribunal Supremo desechaba sus argumentos y ratificaba sin modificación alguna la sentencia condenatoria.

Después de varios meses y algunas diligencias de requerimiento a la Delegación de Medio Ambiente en Huelva, la Fiscalía dio un ultimátum tras comprobar que el personal (funcionario y laboral) continuaba trabajando para la Administración autonómica. «Resulta inadmisible que a día de hoy los penados continúen en servicio activo y hayan cobrado del erario público» pese a tener condenas en firme y liquidadas (octubre de 2015), subrayaba la Fiscalía en un duro escrito -con fecha de 30 de marzo de 2016- al que ha tenido acceso ABC. Sugería la acusación pública incluso que si la intención de la Junta era que dos de los agentes alcanzaran la edad de la jubilación, como justamente ocurrió con los otros dos agentes condenados, cuando debían haber perdido la condición de funcionario o la posibilidad de ejercer funciones públicas desde la firmeza de la sentencia, y estuvieron trabajando hasta que les llegó la jubilación.

En el escrito, el fiscal interesaba a la sala que se abriera una investigación sobre la actuación de la delegada de Medio Ambiente en la provincia, Rocío Jiménez Garrochena, por posible delito de desobediencia grave al tribunal, y que se requiriera con «la máxima urgencia» al delegado del Gobierno andaluz en Huelva el inmediato cumplimiento de las penas de inhabilitación para los cuatro agentes condenados, «con el apercibimiento expreso de que, en caso contrario, poder incurrir en delito de desobediencia grave al tribunal».

Según la Junta, los agentes fueron cesados justamente en la misma fecha en la que está datado el escrito de Fiscalía, 30 de marzo de 2016. Fuentes de la Delegación de Medio Ambiente en Huelva señalaron que la sentencia del Supremo avalando la condena no llegó a sus manos hasta cinco meses después de que el tribunal la dictara e hiciera pública (en noviembre de 2015), situación que afirman no es anómala ya que «los tribunales notifican las resoluciones a la central y, desde ese momento, hasta su recepción en el departamento del que depende, pasa un tiempo». En paralelo, añaden desde la Junta, tuvo que llevar a cabo algunas aclaraciones por cuestiones con carácter retroactivo que había que encajar hasta que se cesó a los agentes, admitiendo que sí se produjo una demora pero que achaca al procedimiento administrativo. «Qué interés va tener Medio Ambiente en no cesarlos cuando fue la Delegación la que denunció el caso», afirmaron las mismas fuentes.

Los cuatro Agentes de Medio Ambiente, entre los que se encontraba el ex responsable de la Unidad, fueron detenidos por la Policía Nacional adscrita a la Junta en junio de 2008 y tenían montada una «red de corrupción» en su área de influencia que estuvo operativa entre 2006 y 2008.

Fuente: sevilla.abc.es

Agentes de Medio Ambiente denuncian obras ilegales en chiringuito ubicado en dominio público de costas

Vecinos sospechan que la concesión del chiringuito denunciado es de un edil. Aseguran que fue él mismo quien pidió la autorización para abrir una zanja que "afectó a varias especies de arbustos" La documentación "adolece de los requisitos técnicos exigibles".

Vecinos de Urbasur afirman que al tercer teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Isla Cristina, el independiente José Pérez Canto, "algo muy firme le une al chiringuito" Carocho, un negocio ubicado en la playa de Urbasur y denunciado ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Huelva el pasado martes por los mismos vecinos, por presuntas "irregularidades" en su instalación y gestión.

Así lo han señalado los propios afectados, que se han hecho con un documento -al que también ha tenido acceso Huelva Información- emitido el pasado día dos de agosto por el Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación de Medio Ambiente, donde se informa de que, con fecha 17 de junio de 2016, Agentes de Medio Ambiente adscritos a la Unidad Biogeográfica 3 de dicha Delegación Territorial, "denuncian a D. José Pérez Canto por la apertura mecanizada de una zanja de unos 150 metros sin autorización administrativa, afectando al sistema radicular del estrato arbóreo del monte (Pinus pinea y Eucaliptus camaldulensis) y estrato arbustivo (Retama monosperma) en los terrenos adyacentes a la zanja abierta".

El documento en cuestión, según reza el mismo, responde a la solicitud de informe realizada el pasado día 26 de julio por el propio edil isleño sobre la ocupación temporal en el monte público denominado Dunas de Isla Cristina, con objeto de instalar una línea eléctrica subterránea de suministro a un chiringuito de playa ubicado en el Dominio Público Marítimo-Terrestre.

En el mismo documento se especifica que José Pérez Canto "solicita autorización para la apertura de una zanja para instalar un tendido eléctrico subterráneo de baja tensión que discurriría desde la calle Pinar (Urbasur) hasta el antedicho chiringuito, sin especificar suficientemente las características técnicas de la actuación".

En otro de los puntos del documento se señala que "la documentación recibida adolece de los mínimos requisitos técnicos exigibles para su evaluación, toda vez que no aporta datos geométricos de la zanja y su trazado, planos de situación y detalle, características del cableado eléctrico y sistemas de protección para las personas".

Respecto a la viabilidad de la autorización, el informe señala que "habría que considerar la temporalidad de la instalación de playa (periodo estival) -donde sería más adecuado suministro por generador eléctrico-, y la duración de su concesión, anual o plurianual".

Por otra parte, y según han explicado los vecinos, dicho chiringuito es de nueva instalación y está contemplado en al plan de playas del Consistorio isleño para el presente verano 2016, el cual lo adjudicó al actual concesionario antes del verano.

Igualmente señalan que el Ayuntamiento isleño, gobernado por la alcaldesa del Partido Independiente la Figuereta (PIF) Antonia Grao gracias a una coalición entre esta formación, el Partido Popular y Ciudadanos por Isla Cristina "no informa para nada de la concesión de este equipamiento, derivando al portal de transparencia, donde no hay nada".

Fuente: huelvainformacion.es

Agentes de Medio Ambiente intensifican el control de tomas de agua ilegales en el Río Aguas

Más inspecciones y control exhaustivo de las tomas ilegales en el río Aguas. La Plataforma en Defensa del Acuífero se reúne con el delegado en busca de soluciones.

De “cordial” ha sido calificada la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Plataforma en Defensa del Acuífero del Río Aguas con el delegado de Medio Ambiente. “Ha sido una toma de contacto con el nuevo delegado y su equipo”, ha explicado Enrique Ruiz, de Ecologistas en Acción, y una de las personas que acudieron a la cita.

A lo largo de la reunión, la Plataforma explicó la crítica situación en que se encuentra el acuífero y el altísimo riesgo de que colapse lo que  pone en serio peligro el abastecimiento humano de todos los pueblos del valle de Sorbas y Tabernas.

Según ha explicado Ruiz, el delegado de Medio Ambiente, Antonio Martínez, ha asegurado que se han incrementado las inspecciones sobre el terreno para detectar las tomas ilegales de agua y que, mediante el trabajo de los Agentes de Medio Ambiente se pretende realizar un control exhaustivo de estas prácticas.

De momento, según los datos ofrecidos por la administración andaluza, ya se han abierto 80 expedientes disciplinarios por este motivo.

Precisamente, el incremento de las inspecciones es una de las demandas planteadas por la Plataforma, a la que se suma el diseño de in plan de recuperación del acuífero y modificar el estatus que actualmente tiene, declarándolo sobreexplotado. “Si el acuífero pasase de considerarse ‘en riesgo’ a declararse ‘sobreexplotado’ la administración tendría más fácil hacer el catálogo de aguas privadas, ya que actualmente, Medio Ambiente desconoce cómo son las mayoría de las explotaciones”. El abogado de Ecologistas en Acción recuerda que en 1986 se otorgaron derechos de agua a las personas que tenían un pozo en su finca, derechos que se consideran adquiridos y que, en caso de que se les retiren para la supervivencia del acuífero, hay que compensarles, lo que podría hacerse con agua de la desaladora de Carboneras, ha apuntado Ruiz.

Fuente: lavozdealmeria.es

Paralizadas obras ilegales en Paraje Natural, tras denuncia de Agentes de Medio Ambiente

La Junta paraliza obras en el entorno del estero Domingo Rubio en Moguer e inicia sanción.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva ha paralizado cautelarmente las obras que se estaban llevado a cabo en el conocido como paraje 'Don Sancho-Entorno del Dehesa del Estero', en el término municipal de Moguer, por carecer de la autorización correspondiente. Agentes de Medio Ambiente han denunciado los hechos y la Delegación Territorial ha abierto de inmediato un procedimiento sancionador. 

Los agentes consideran que los movimientos de tierra que se realizaban podían afectar al Paraje Natural Estero Domingo Rubio, un espacio protegido catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC), ha informado la Junta en un comunicado. 

La Junta estudia una posible infracción administrativa por el uso del dominio público marítimo-terrestre. La vegetación de ribera y las praderas de juncal se han visto alteradas y, además, ha habido afección a un pequeño cauce recientemente remodelado, según el informe. 

Las obras consistían en el aplanado de un antiguo cultivo de caquis con tierras de aterrazados de un cabezo. Según la empresa denunciada y según se recoge en el expediente, el propósito era hacer mejoras en la finca para plantar almendros y fresas. 

Fuente: europapress.es

Agentes de Medio Ambiente en la Tasación del Algarrobico

"Total normalidad" en la visita de la Junta para tasar El Algarrobico. Los técnicos entraron al hotel pasadas las 11:45, tras mostrar la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Empleados de la promotora también estuvieron presentes.

Desde las once de la mañana de ayer martes se esperaba la llegada de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al hotel construido en El Algarrobico, con el fin de redactar el informe pericial de contestación a la demanda presentada por la propietaria contra el Gobierno andaluz y el ayuntamiento carbonero por daños y perjuicios.

Sin embargo, a esa hora reinaba la tranquilidad en el paraje carbonero. Solo algunos turistas paseaban con su perro por la playa, a escasos metros de la mole de hormigón a medio acabar. Las gaviotas sobrevolaban las grandes grúas, inmóviles desde hace una década. Al lado de la entrada al hotel, vallada y cerrada con cadenas, esperaban dos vigilantes de seguridad y el aparejador del proyecto de Azata del Sol, que también realiza las labores de director de seguridad.

Pasadas las 11:45 llegaban dos vehículos, uno de ellos de la Consejería de Medio Ambiente. Se detenían frente al hotel y bajaban un par de Agentes de Medio Ambiente de la Junta, dos técnicos y un letrado. Al otro lado de la valla les recibía el aparejador del inmueble. "Venimos para entrar al hotel", le comunicaba el letrado. "No tenemos constancia de ello, excepto por los medios de comunicación", aseguraba el director de seguridad.

Tras mostrar la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los documentos de identidad de los peritos, los vigilantes de seguridad permitían el acceso, tras abrir la cadena que cerraba la valla perimetral.

Fuentes de la administración autonómica han confirmado que la visita al interior de la finca del sector ST-1 y del establecimiento se ha llevado a cabo con "total normalidad", pese a que la promotora solicitó al Alto Tribunal que impidiese el acceso a los funcionarios públicos.

La sala de lo Contencioso-administrativo de Granada accedió a la petición que cursó la Junta en abril y en la que, apelando al artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pidió que se les permitiera el acceso para "la preparación de un informe pericial" con el acompañar la contestación a la demanda de Azata del Sol.

En el recorrido por las instalaciones participaron los dos técnicos de la Junta de Andalucía, llegados desde Sevilla, el letrado de los servicios jurídicos que lleva este procedimiento por responsabilidad patrimonial, y dos agentes de Medio Ambiente, acompañados por los empleados de la promotora Azata del Sol.

Durante algo más de una hora y media recorrieron el hotel, tomando notas y fotografías para documentar el estado actual del inmueble. A las 13:30, aproximadamente, abandonaron las instalaciones.

La Junta ha podido acceder al hotel ya que el Tribunal Superior no se ha pronunciado sobre la petición de Azata del Sol para que no se le dejará entrar, ya que la administración autonómica ha solicitado a la sala que tramita este procedimiento por responsabilidad patrimonial que suspenda el citado proceso hasta que se resuelvan otros dos en el mismo sentido que se siguen ante la Audiencia Nacional.

"Esta parte debe oponerse a dicha visita habida la prejudicialidad que supone la preexistencia de un recurso que se sigue ante la Audiencia Nacional y solicita que se admita este escrito a fin de desestimar el acceso a la finca peticionado por la Junta, habida cuenta la suspensión de autos que solicita la propia administración", trasladaba Azata del Sol. 

Fuente: elalmeria.es

Paralizadas obras sin autorización, tras denuncia de Agentes de Medio Ambiente

La Junta paraliza unas obras en el entorno del estero Domingo Rubio y prepara sanciones.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva ha paralizado cautelarmente las obras que se estaban llevado a cabo en el conocido como paraje Don Sancho-Entorno del Dehesa del Estero, en el término municipal de Moguer, por carecer de la autorización correspondiente.

Agentes de Medio Ambiente fueron quienes denunciaron los hechos y lo trasladaron a la Delegación Territorial, que ha abierto de inmediato un procedimiento sancionador.

Los agentes consideran que los movimientos de tierra que se realizaban podían afectar al Paraje Natural Estero Domingo Rubio, un espacio protegido catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC).

La Junta estudia que se haya producido una posible infracción administrativa por el uso del dominio público marítimo-terrestre.

La vegetación de ribera y las praderas de juncal se han visto alteradas. Además, ha habido afección a un pequeño cauce recientemente remodelado, según el informe.

Las obras consistían en el aplanado de un antiguo cultivo de caquis con tierras de aterrazados de un cabezo. Según la empresa denunciada y según se recoge en el expediente, el propósito era hacer mejoras en la finca para plantar almendros y fresas. 

Fuente: huelvainformacion.es

Agentes de Medio Ambiente denuncian al chiringuito de Urbasur por obras sin autorización

Medio Ambiente sancionará al chiringuito de Urbasur por realizar obras sin permiso. El propietario ha abierto una zanja para las acometidas de agua y luz, que invade el monte protegido y el dominio marítimo terrestre.

 

La Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva va a abrir expediente sancionador al nuevo chiringuito que se ha instalado en la playa de Urbasur, en Isla Cristina, tras haber abierto su propietario una zanja para las acometidas de agua y luz de agua de dicha instalación, la cual se ha realizado sin autorización e invadiendo parte del monte público protegido, así como parte del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Así lo han confirmado a Huelva Información fuentes de la Delegación de Medio Ambiente, que han señalado que dicho expediente se abrirá tras la denuncia realizada por los Agentes de Medio Ambiente que han visitado este mismo lunes la zona para comprobar el estado de las obras una vez conocidas las quejas vecinales, las cuales habían puesto la pasada semana en conocimiento de dicha delegación.

El expediente conllevará, según las fuentes consultadas, una sanción económica al concesionario del chiringuito, así como incluso la retirada de la licencia para la explotación del establecimiento por parte de la Dirección Provincial de Costas, pese a que desde esta administración dependiente del Gobierno de España se ha asegurado a este diario que las autorizaciones para la instalación de chiringuitos en la playa dependen de la Junta de Andalucía, así como que "se está pendiente de las valoraciones que sobre el tema se realicen en los próximos días para determinar la actuación por parte de Costas".

Sobre el lugar que ocupa el chiringuito, en una duna protegida, desde la Delegación de Medio Ambiente se ha asegurado que "es la correcta" ya que fue "el mejor emplazamiento" en dicha zona para una instalación desmontable de este tipo, que no debe exceder los 50 metros cuadrados y que una vez concluido el verano deberá de ser retirada. Igualmente afirma que el chiringuito está contemplado en el plan de playas del Ayuntamiento de Isla Cristina para este verano.

Este nuevo chiringuito en la playa de Urbasur está generando en los últimos días una fuerte polémica ya que, como adelantó ayer este periódico, en el mismo momento en que la pasada semana comenzaron los trabajos para su instalación saltaron las alarmas entre los vecinos y residentes de la zona, los cuales denuncian que para los trabajos ha sido necesario "desmochar" una duna protegida, así como "abrir zanjas" para las acometidas de agua y luz, e "introducir" en el pinar aledaño la maquinaria pesada usada para su montaje y los camiones que transportan los materiales, con el consecuente "destrozo que se ha causado en un pinar protegido".

Así lo indicó a este periódico Alfredo Rodríguez, propietario de una vivienda en la urbanización de Urbasur, muy cerca del lugar concreto donde según sus palabras el pasado miércoles comenzaron a trabajar las máquinas para instalar el nuevo chiringuito.

Rodríguez afirmó que los vecinos "estamos indignados" por esta actuación, a la vez que aseguró que las aproximadamente 20 familias que viven en la zona permanentemente, junto con las "numerosas personas" que pasan allí sus vacaciones, "vamos a intentar constituir una plataforma para iniciar acciones contra esta instalación, tales como una recogida de firmas, con el objeto de que se subsane esta situación".

Según explicó, el problema surge cuando "nos hemos encontrado que maquinaria pesada ha empezado a hacer zanjas en la zona conocida como El Pinar y en las dunas situadas frente a la calle Delfín para la construcción de un chiringuito".

Rodríguez añadió que lo más grave es que dicha instalación se asienta "sobre una duna que delimita con el mar y que está protegida, al igual que el pinar circundante", el cual sostiene "pertenece al monte público y está lleno de carteles donde el Ministerio de Medioambiente avisa sobre actuaciones encaminadas a la protección de las dunas".

Para ello, aseveró, "han metido allí maquinaria pesada y grúas, y han desmochado parte de la arena de la propia duna para obtener la plataforma necesaria que les permita colocar la estructura del chiringuito".

Igualmente señaló que los promotores de la instalación playera "han llegado con una concesión de cuatro años, según nos dicen, algo que estamos indagando". 

Fuente: huelvainformacion.es

 

Tras denuncia de Agentes de Medio Ambiente ingresa en prisión el exalcalde de Cómpeta condenado por delito urbanístico #AAMM #AAFF

Ingresa en prisión el exalcalde de Cómpeta, condenado a dos años por delito urbanístico. El juez toma la decisión al considerar como antecedentes las sentencias por otras causas también contra la ordenación del territorio.

Los delitos urbanísticos siguen pasando factura a algunos cargos públicos en la Axarquía. El exalcalde de Cómpeta entre 1991 y 2007, y de Canillas de Albaida, entre 1979 y 1991, Leovigildo López Cerezo (Cómpeta 1944), se encuentra desde el pasado sábado 9 de enero en la prisión de Alhaurín de la Torre, por orden del Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga, después de que en 2014 fuera condenado a dos años de cárcel por construirse un almacén sin licencia en suelo no urbanizable.

López Cerezo, de 72 años de edad, tuvo que ingresar en la cárcel después de que la Audiencia Provincial rechazara el recurso de ingreso en prisión presentado por su representación legal. Sobre el exregidor pesan 28 años de inhabilitación y multas impuestas por diversos delitos urbanísticos anteriores a dicha condena. La consideración de tales condenas como antecedentes es lo que ha llevado al Juzgado a ordenar su ingreso en prisión. 

El Juzgado de lo Penal número 4 de la capital dictó el pasado 14 de diciembre una providencia fijando un plazo de cinco días para el ingreso voluntario de López Cerezo en el centro penitenciario más cercano, bajo apercibimiento de decretar su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Ante este auto el exregidor optó por presentarse voluntariamente el pasado sábado, por lo que desde entonces se encuentra en la cárcel de Alhaurín de la Torre.

Aunque desde que se produjo la sentencia en 2014 el exalcalde ha procedido a la demolición del almacén –el fallo judicial le imponía la obligación de demoler a su costa las obras para el restablecimiento de la legalidad urbanística–, ello no ha impedido su ingreso en prisión. 

El almacén fue edificado en el paraje conocido como Cortijo Ranuelas, zona calificada como suelo no urbanizable protegido al estar dentro del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama, dentro del término municipal de Canillas de Albaida. 

Se trataba de una edificación de dos plantas y sin comunicación interna de 29,4 metros cuadrados construidos, situado junto a una antigua ruina de una construcción anterior, lo que llevó a Fiscal a considerar que se trataba de una edificación nueva. 

Las obras fueron descubiertas en agosto de 2009 estando aún en ejecución por los Agentes de Medio Ambiente, cuando López ya había dejado el cargo de alcalde de la localidad de Cómpeta y se había alejado también de la actividad política. 

Condena.

El procedimiento finalizó en una condena por un delito contra la ordenación del territorio a dos años de prisión, multa de 7.200 euros e inhabilitación para oficio relacionado con la construcción por dos años.

Se trata de la cuarta sentencia condenatoria que recae sobre el exregidor.La diferencia es que en las tres anteriores las penas eras de inhabilitación y multa. Han sido estas condenas lo que ha llevado al Juzgado de la Penal número 4 a considerar que López contaba con antecedentes y por tanto debía cumplir la condena de prisión.

En 2008, el exedil fue condenado a siete años de inhabilitación por el Juzgado de los Penal número 1 por un delito contra la ordenación del territorio por conceder en 2001 un licencia de obras en suelo no urbanizable. En 2011, el Juzgado de lo Penal número 3 volvía a condenar al exmandatario a otros siete años de inhabilitación, también por conceder una licencia en suelo no urbanizable. Asimismo, en 2013, el Juzgado de lo Penal 4 dictaba una nueva condena, esta vez de 14 años de inhabilitación, por dos delitos de prevaricación urbanística, por conceder varias licencias en suelo no urbanizable. 

El exalcalde de Cómpeta fue absuelto por otra parte en abril de 2015 de un delito urbanístico por autorizar en 2003 la construcción de 15 viviendas unifamiliares en suelo rústico tras retirar la fiscalía la acusación.

Fuente: diariosur.es

Agentes de Medio Ambiente denuncian acampada ilegal en la Cala de San Pedro #AAMM #AAFF

La Ley de Costas señala en el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para acampada, una multa mínima de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día.

El operativo de actuación y vigilancia conjunta sobre la Cala de San Pedro, en Níjar (Almería) compuesto por Guardia Civil, Policía Local de Níjar y Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se ha saldado con diez denuncias durante entre los meses de julio y agosto por acampada ilegal frente a las 17 registradas hace dos años o las 170 que se interpusieron en 2013.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Subdelegación de Gobierno, quienes han precisado que las denuncias por estas acampadas han sido interpuestas por los Agentes de Medio Ambiente, si bien es desde la Dirección General de Costas donde se tramitan las denuncias y sus posibles sanciones.

Las denuncias están relacionadas con acampadas o con la construcción de habitáculos ilegales, de modo que se han formulado por infracciones a la Ley de Costas, que señala en el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para acampada, una multa mínima de 40 euros por metro cuadrado ocupado y día.

Asimismo, en el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150 euros, en función de los criterios que se establezcan reglamentariamente. Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

La Subdelegación del Gobierno en Almería, en coordinación con las autoridades competentes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Níjar, prestan mayor atención a la Cala de San Pedro, en el municipio nijareño, con objeto de contribuir al buen uso y conservación de su entorno natural, una actuación que realizan conjuntamente tras los acuerdos alcanzados por las partes.

Fuente: www.ideal.es

Tras denuncia de Agentes de Medio Ambiente, condena por construcción ilegal #AAMM #AAFF

Condenado a seis meses por hacerse una piscina en suelo protegido de Los Alcornocales. La sentencia de la Audiencia de Málaga le obliga a demolerla, además de pagar una multa de 2.160 euros.

Un hombre ha sido condenado a seis meses de cárcel por construirse una piscina en suelo no urbanizable y especialmente protegido, en concreto en una finca del Parque de Los Alcornocales, en Cortes de la Frontera. La sentencia de la Audiencia de Málaga le impone además la obligación de demoler la piscina para restablecer la legalidad urbanística, el pago de una multa de 2.160 euros y seis meses de inhabilitación.

Según la sentencia, el afectado consiguió en 2007 licencia de obras para realizar obras de reparación de un muro de piedra seca y la construcción de una fosa séptica. En 2011 Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía le denunciaron al comprobar que en la citada finca se había realizado una piscina de siete metros de largo por cinco de ancho y 2,5 metros de profundidad en forma de ‘L’. 

La resolución señala que el ahora condenado se apartó del propósito de los términos de la licencia que le concedieron, pese a que alegó que la construcción era para una alberca para el riego de la huerta y árboles frutales. Sin embargo, ésta no era viable por no acreditarse el carácter de regadío de la parcela y por no posee el derecho al uso privativo de las aguas sobrantes de la fuente y existir un depósito en la misma finca.

Por todo ello, la sentencia considera que se trató de una construcción ilegal, al realizarse en suelo no urbanizable de especial protección, para la que el hombre no tenía autorización municipal, por lo que le considera autor de un delito contra la ordenación del territorio. 

Las obras realizadas no son legalizables, por lo que la Audiencia de Málaga confirma la resolución dictada en primera instancia por el juzgado de lo Penal número 5 de la capital. En primer lugar le sanciona con seis meses de cárcel y seis de inhabilitación y con el pago de una multa de 2.160 euros. Además le impone la obligación de derribar la piscina construida de forma ilegal para restituir la legalidad.

Fuente: diariosur.es 

 

Agentes de Medio Ambiente controlan la superfice de invernaderos #AAMM #AAFF #StopLeyMontesPP

Repunta el interés por el invernadero como negocio. Medio Ambiente ha autorizado el cambio de uso de suelo para cultivos bajo plástico en 521 hectáreas entre 2005 y 2013 En los dos últimos años la mitad de la superficie que se solicita corresponde a invernaderos La provincia cuenta con 29.596 hectáreas invernadas.

En los últimos años, han sido muchos los propietarios de terrenos que, teniéndolos proyectados para otras actividades, se han decantado por la agricultura. De acuerdo a los datos facilitados por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Almería junto a Huelva son las provincias en las que más solicitudes de cambio de uso de suelo se presentan de toda Andalucía.

Desde el año 2005 hasta el 2013 se ha autorizado el cambio de uso en 1.768 hectáreas en la provincia, de las que 521 hectáreas han sido en invernaderos, un 30% de la superficie autorizada. Desde el año 2010 se ha duplicado la superficie solicitada en toda Almería.

En los dos últimos años la mitad de la superficie que se solicita corresponde a cultivos intensivos bajo plástico, que refleja el aumento de la tendencia de los agricultores y empresarios hacia esta orientación productiva, diversificando en muchos de ellos la actividad del sector de la construcción al agrícola. Asimismo, es destacable el aumento del número de expedientes tramitados en la Delegación Territorial desde 2010, en un 25 %, y en un 50% en los dos últimos años.

De esta forma, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente está atendiendo una demanda de cambios de uso de los ciudadanos, que aún siendo excepcionales, se están resolviendo favorables en una media del 75 - 80% de la superficie solicitada.

Los principales motivos para denegarlos son la elevada pendiente del terreno que desencadena riesgos graves de erosión, la presencia de especies de flora y fauna protegidas según la normativa medioambiental, y las limitaciones de los planes de ordenación territorial (POTPA- Poniente, POTLA- Levante y POTAUA- Almería).

El delegado territorial de este área, José Manuel Ortiz, recomienda la consulta previa del carácter ambiental de los terrenos en caso de duda, antes de prepararlos para su cultivo (roturaciones, decapados de vegetación, etc.) con objeto de evitar posibles denuncias de los diferentes agentes de la autoridad (Agentes de Medio Ambiente, Policía Autonómica, Seprona, etc.).

La provincia de Almería tiene 29.596 hectáreas de superficie agrícola cubierta bajo plástico, un 10,5% más que en el año 2010, cuando había 26.167 hectáreas. La actualización de la extensión de invernaderos ha sido realizada por el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Sigpac) con un estudio por satélite y cartográfico, tanto en las comarcas de la costa, como del interior. El estudio, que se culminó a finales de 2014, se ha basado en las fotografías tomadas por satélite, a partir de las cuales se han delimitado los recintos de invernadero detectados en las fotografías y se ha 'planimetrado' la superficie resultante.

Tras más de una década con la superficie estabilizada en torno a las 27.000 hectáreas, en las últimas campañas se ha registrado un auge en la construcción de estructuras, que según el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente José Manuel Ortiz, se debe, principalmente, a dos motivos: "Por una parte, responde a la necesidad de los productores de aumentar la superficie de cultivo por explotación para asegurar la rentabilidad, así como a la afluencia de inversión en la agricultura procedente de otros sectores económicos, hecho que se ha reflejado en un aumento notable de la construcción de invernaderos".

Las últimas cifras difundidas por Agricultura muestran un nuevo avance en los últimos meses en el crecimiento de superficie invernada ya que en el último informe de campaña hortofrutícola de la provincia elaborado por Cajamar y correspondiente a la temporada agrícola 2013-2014, basándose también en datos de la administración autonómica, fijaba en 29.035 las hectáreas de cultivo bajo plástico, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a la campaña anterior.

Este incremento es un indicador de que la agricultura sigue manteniendo una posición estable desde un enfoque económico que la hace ser vista como una opción viable de inversión y de futuro, tanto por los agricultores veteranos, como por los jóvenes y resto de personas que han decidido iniciarse en esta actividad. Como ya se indicaba en la anterior edición de este informe, existe cierta tendencia en las nuevas inversiones hacia estructuras de un mayor tamaño medio y aporte tecnológico, lo que confirma un aumento de la profesionalización en el ámbito de la producción.

En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, ésta se ha comportado de forma similar a la invernada, manteniendo una trayectoria creciente. Así, se ha estimado un aumento del 5,7% de las hectáreas destinadas a la producción de frutas y hortalizas, a partir de los datos publicados por la Junta de Andalucía y difundidos en el informe de Cajamar. La participación de los principales productos cultivados bajo abrigo ha sido clave para este incremento, con un aumento del 6,1%. Por otra parte, el crecimiento de la superficie cultivada al aire libre, se ha cuantificado en un 4,1%, cifra algo inferior que el anterior grupo de cultivos. 

Fuente: elalmeria.es

Investigación de delitos por Agentes de Medio Ambiente concluye con petición de cuatro años de carcel para el imputado #StopLeyMontesPP

El fiscal pide el máximo castigo por vallar en el Parque Natural.

La Fiscalía mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para Rafael H. B., el administrador único de una empresa que gestiona un coto privado de caza en el Parque Natural de la Sierra de Andújar y en el que se construyó más de medio kilómetro de valla “ilegal”. “Tenía un permiso para cercar la finca completamente, concedido por la Junta de Andalucía en 1994”, insistió el procesado que, además, ejerció como abogado para defenderse a sí mismo.

Sin embargo, tanto los dos Agentes de Medio Ambiente que detectaron la construcción en mayo de 2006 como el director conservador del Parque aseguraron que en esa zona no se puede edificar nada, ya que tiene la máxima protección por su altísimo valor ecológico.

El argumento utilizado por Rafael H. B. es muy sencillo. Explicó que la parcela estaba cerrada “desde antiguo” y que debe reparar todos los años la malla, porque es arrastrada por la fuerza del río Yeguas, que discurre por ese paraje. “Si no lo arreglo, se me escapan los ciervos”, esgrimió. Eso fue lo que, presuntamente, ordenó a unos trabajadores en la primavera del año 2006: “Contábamos con todas las autorizaciones”, insistió el acusado, una y otra vez, en un interrogatorio muy tenso, en el que la juez tuvo que llamarle la atención en más de una ocasión.

Lo que detectaron los Agentes de Medio Ambiente eran 534 metros de valla metálica, de más de un metro y medio de altura y sujeta sobre postes de dos metros, anclados al suelo con hormigón. También, en una visita posterior, levantaron un acta por lo que parecía ser un camino: “Todo lo que había allí era de nueva construcción”, dijo uno de los funcionarios en el juicio. Su compañero, además, recordó que todavía sigue en pie. Los dos, además, coincidieron en que el vallado invade, literalmente, el cauce del río y, además, se encuentra en una zona de máxima protección: “Es el hábitat natural del lince, del águila imperial, del lobo y de la cigüeña negra, todas especies en peligro de extinción”, aclararon, uno detrás de otro.

También fue muy contundente el director conservador del Parque Natural de la Sierra de Andújar en aquella época, quien confirmó que en esa zona, que cuenta con la máxima protección medio ambiental, no se puede construir absolutamente nada.

Con todos esos testimonios, la Fiscalía mantuvo su petición de cuatro años de cárcel para Rafael H. B., una multa de 5.400 euros y la restauración de todo el paraje y el entorno natural. La defensa, ejercida por el propio acusado, pidió la libre absolución, al negar que exista delito alguno.

Fuente: diariojaen.es

Los Agentes de Medio Ambiente SÍ denunciaron los pozos ilegales de Doñana #AAMM #AAFF

La Junta filtra las denuncias que llegan sobre Doñana. Impide desde 2009 el registro de las actas de los agentes que vigilan el entorno del parque. 

La Junta de Andalucía lleva desde finales de la pasada década filtrando las actas presentadas por sus Agentes de Medio Ambiente sobre pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional Doñana, de modo que al final es un cargo político de dirección quien decide si los hechos denunciados tienen suficiente relevancia administrativa o penal para ser tramitados... o acaban directamente en la papelera.

En concreto, la Consejería andaluza de Medio Ambiente alteró hace casi seis años el sistema de presentación de las denuncias administrativas, impidiendo así que pudiera quedar rastro alguno en el registro de entrada de la Administración autonómica de muchas de las actas de inspección efectuadas a pie de campo por los agentes medioambientales durante su labor diaria de control y defensa in situ del entorno natural. 

La orden la dio el 5 de marzo de 2009 Juan Manuel López Pérez, antiguo delegado provincial socialista de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en Huelva, mediante una instrucción interna en la que ordenaba que las denuncias se presentasen «mediante comunicación interior» al coordinador provincial del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, «desterrando por tanto la práctica de su presentación directa en el registro o base de datos en el Departamento de Informes y Sanciones».

«El coordinador, tras un primer y somero examen, las remitirá a la Secretaría General a fin de valorar la importancia y gravedad de los hechos denunciados y determinar, por lo tanto, la necesariedad [sic] y oportunidad de acordar la apertura de un procedimiento sancionador, descartando por tanto aquellas denuncias de las que no se desprenda infracción de acuerdo con la normativa especializada», instruyó el alto cargo andaluz, sin que quede del todo claro si quien tiene legitimidad para descartar es el coordinador o el secretario general de la Delegación.

La justificación esgrimida por López Pérez para rechazar el registro de todas las denuncias no fue política, sino funcional. Concretamente, en su instrucción apeló al «notable volumen de denuncias y procedimientos sancionadores» que se iniciaban y a la necesidad de un «esfuerzo de coordinación de los intervinientes [en el procedimiento administrativo sancionador] y de unificación de criterios, a fin de optimizar los escasos recursos humanos disponibles». Pero lo que consolidó el delegado de la Junta es un sistema mucho más opaco que, de hecho, ha llegado a ser denunciado internamente por los sindicatos.

CSIF exigió en febrero de 2013 a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva que restablecieran «el orden jurídico» revocando la resolución por la que quedaba «vedado» el registro general de la Delegación Provincial para unos agentes a los que, «como policía judicial genérica», les compete llevar a cabo una labor que «colisiona frontalmente» con este tipo de instrucciones, «verbales o escritas», que permiten a fin de cuentas un control político total sobre las actas de denuncia presentadas, incluidas las que recogen indicios penales.

El filtrado de la Junta avala en parte las palabras del titular de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores, quien ha asegurado a EL MUNDO que hasta 2011 no abrió diligencias por pozos ilegales en el entorno de Doñana porque desde la Delegación Provincial de la Junta no se le trasladaron ninguna de las actas levantadas por los agentes, dando por ello el Ministerio Público por hecho que el uso de los recursos hídricos debía de contar con alguna autorización o soporte legal.

De entrada, Flores no censura las polémicas instrucciones internas de la Junta. «Que por razones de eficiencia y velocidad las actas se tengan que presentar directamente al coordinador provincial no es en sí un problema, entre otras razones porque el agente siempre se puede guardar una copia del acta y, si ve que sus denuncias no prosperan, puede comunicarlo internamente a la Fiscalía, que nosotros preguntaremos qué es lo que ha hecho exactamente con ellas la Consejería», garantiza el fiscal de Medio Ambiente.

Segunda instrucción para blindarse 

La polémica filtración de las actas de denuncia ordenada internamente por la Junta de Andalucía a partir de 2009 se reforzó tres años más tarde. En concreto, el 4 de mayo de 2012 la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva terminó de blindarse ante la práctica del registro directo de las denuncias por los agentes con una segunda instrucción -arriba reproducida- que determina, en su apartado cuarto, que «la documentación que se intercambie entre cualquiera de los servicios de la Delegación no debe registrarse ni de entrada ni de salida, ya que se trata de un flujo de información interno». En este caso, la instrucción no la firma el delegado provincial de la Junta, sino la secretaria general de este departamento de la Administración andaluza.

Fuente: elmundo.es

Año y medio de cárcel tras denuncia de Agentes de Medio Ambiente por construir ilegamente en monte público #AAMM #AAFF

Un año y medio de cárcel por construir en monte público en Moguer. 

El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva ha condenado a un año y medio de cárcel y a pagar 3.650 euros -a raíz de una multa de diez euros diarios durante doce meses- a un hombre que, en calidad de titular y explotador de una parcela en Moguer, realizó entre 2009 y 2010 un cambio de uso de forestal a agrícola expresamente prohibido por la legislación medioambiental vigente. 

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras este cambio de uso, ocupó una superficie de entre 4.500 y 6.000 metros cuadrados de monte público colindante y realizó, fuera de esta parcela, una construcción para muelle de carga, perreras y cochiqueras, en suelo no urbanizable de especial protección. 

El juez también lo condena a la inhabilitación para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años y al pago de las costas, mientras que absuelve a su hijo, también imputado en un principio por estos hechos. 

Con todo ello, el juez considera probado que ha causado daños que tienen unos costes de restauración, en las zonas donde no se autorizó el cambio de uso, por importe aproximado de 8040,20 euros, una cantidad que tiene que abonar el condenado a la Junta de Andalucía. En concepto de responsabilidad civil, también ejecutará a su costa la demolición de las construcciones reseñadas. 

Durante el acto de juicio oral, este hombre declaró que las distintas construcciones, que se hallan en la citada finca, se realizaron contando con la preceptiva autorización del Ayuntamiento de Moguer, excepto la situada en la linde con el monte público y destinada a muelle de carga, perreras y cochiqueras, respecto a las cuales no solicitó licencia, aunque si inició los trámites, según manifestó por dejadez, aunque creía que si la hubiese solicitado no habría habido ningún problema en dársela. Sin embargo, aseguró que desconocía que tales terrenos tuvieran el carácter de no urbanizable. 

Por su parte, Agentes de Medio Ambiente declararon haber denunciado una ocupación de monte público al observar diversas construcciones, una zanja y el desplazamiento de un hito delimitador de la zona, situados fuera de la zona de la parcela de canon, sin que constase autorización o licencia para ello. 

Por todo ello, este hombre ha sido condenado a un año y medio de cárcel, a pagar 3.650 euros y a la demolición de estas construcciones.

Fuente: huelva24.com

 

Agentes de Medio Ambiente acompañan a alumnos del Grado Superior en Gestión Forestal #AAMM #AAFF

Trabajo “de campo”. Alumnos de la EFA El Soto colaboran en trabajos de reforestación.

Alumnos del curso Gestión Forestal de la escuela El Soto colaboran con la Consejería de Medio Ambiente en labores de reforestación y en el plan de prevención y extinción de incendios forestales mediante prácticas de trabajos forestales en la Sierra de Huétor.

 

El pasado miércoles, el curso de 1º Grado Superior en Gestión Forestal estuvo realizando prácticas silvícolas y labores de repoblación en la Sierra de Huétor, en una zona cercana a la conocida Fuente de los Potros.

Concretamente se estuvieron apeando pies de Pino silvestre en estado decrépito que podrían resultar muy perjudiciales en un eventual incendio. Además del apeo, se realizó el correspondiente desrame y tronzado de los pies, agrupando los restos en cordones.

Al mismo tiempo, dado que se hicieron dos grupos, se estuvo realizando una repoblación en la misma zona con cerca de 100 encinas (Quercusrotundifolia), que la Consejería de Medio Ambiente nos facilitó a través del Programa “Crece con tu Árbol”.

El alumnado de la EFA EL SOTO pudo de este modo hacer las prácticas forestales habituales en esta Escuela Forestal de Granada a la vez que tener la satisfacción de que estaban ayudando a mejorar y proteger los espacios naturales de nuestro entorno, en este Parque Natural de gran belleza y valor ecológico.

Así, los alumnos, pasaron una jornada muy cerca de lo que puede ser su futuro profesional y todo ello con el apoyo de los Agentes de Medio Ambiente que les acompañaron y guiaron durante la ejecución de las prácticas.

Los alumnos de la EFA “El Soto” colaboran habitualmente en laborales de reforestación y de prevención de incendios forestales en los Parques Naturales de la provincia de Granada, acompañados de los profesores de esta escuela y de los técnicos de la Consejería de medio Ambiente.

 Fuente: radiogranada.es