Fiscalía de Medio Ambiente destaca el aumento del 44% de sentencias en 2011 sin ningún ingreso en prisión. Destacan que las condenas y en especial las sentencias de los últimos años están teniendo "un importante efecto preventivo general".
La sección de Medio Ambiente, Urbanismo y
Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Huelva, integrada
durante el año 2011 por el fiscal coordinador y delegado de jefatura de
la especialidad, Alfredo Flores Prada, y por el fiscal Pedro Díaz
Torrejón, ha destacado en su memoria anual el aumento del número de
sentencias efectuadas pasando de 38 en 2010 a 68 en 2011, lo que supone
un ascenso del 44 por ciento, sentencias de las que 19 han sido
absolutorias y 49 condenatorias, que no han concluido prisión para
ninguna persona, como penada o preventiva, en delitos de la
especialidad.
Según reza en la memoria anual, a la que ha tenido acceso Europa
Press, de estas sentencias han sido dictadas ocho por delitos de Medio
Ambiente y Ruidos, 11 por delitos contra la Flora y Fauna-Caza, 17 por
Incendios Forestales, 31 en Ordenación del Territorio y una por delitos
contra el Patrimonio Histórico.
En esta línea, destacan que la labor asumida ha sido, como en los
últimos años, el despacho de la totalidad de los asuntos en materia de
delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio, contra el Patrimonio Histórico, contra La
Flora, la Fauna y el Maltrato de Animales y de Incendios Forestales, así
como la asistencia a la mayoría de los juicios orales de la materia,
una cuestión que consideran "complicada y que supone una carga añadida",
dado el resto de servicios asignados y que ninguno de los fiscales se
dedica en exclusividad a la materia, de tal forma que sólo se ha dejado
de acudir a algunos juicios por incendios forestales imprudentes y a los
de caza furtiva o de construcciones en suelo no urbanizable sin
especial protección de poca importancia.
Del mismo modo, estos fiscales se han dedicado a la tramitación de
las diligencias de investigación e informativas correspondientes, a la
contestación de todos los escritos referidos a la especialidad, a
interponer el recurso en su caso contra sentencias contrarias a su
posición y al despacho de todas las ejecutorias.
En relación a las diligencias de investigación se ha incoado solo
una a lo largo del presente año, ya que en los demás casos se ha
preferido incoar diligencias informativas, siendo tres las incoadas, y
ello por la mayor flexibilidad de su tramitación y los problemas
derivados de la crónica escasez del personal auxiliar de esta Fiscalía.
En total han sido 17 asuntos, dos menos que en 2010.
Además en aquellos supuestos en que los hechos permitían la
denuncia directa ante el juzgado, se ha optado por ella, solicitando la
adopción de medidas cautelares, que impidiesen la continuación de las
conductas delictivas. Así se ha hecho en once ocasiones, todas ellas en
relación con delitos contra la Ordenación del Territorio, donde
entienden preferible a la incoación y tramitación de las citadas
diligencias, la denuncia-querella, con solicitud de medidas cautelares,
que paralicen las obras o edificaciones que avanzan con enorme rapidez y
con gran impacto negativo.
A su vez solo ha habido un supuesto, en que ante denuncia de la
Administración, se ha dictaminado el archivo por entender motivadamente
que los hechos carecían de relevancia penal. Al respecto, ha destacado
que en este caso, al igual que en los últimos años, no tienen constancia
de que la denuncia se haya reproducido luego ante el juzgado
competente.
En este sentido, remarcan en la memoria que sigue siendo pronto
para valorar si está disminución marca una tendencia relevante y cuáles
puedan ser sus causas, si bien reiteran, como decían en 2010, que "las
condenas y en general las sentencias de los últimos años están teniendo
un importante efecto preventivo general en toda la provincia".
En su mayor parte, las denuncias interpuestas se referían a hechos
que podían ser constitutivos de delitos o en todo caso infracciones
administrativas --vertederos de residuos, vertidos de aguas sin depurar o
con depuración deficiente, aguas-suelos contaminadas, pequeñas
actuaciones urbanísticas de vecinos colindantes o en suelos no
urbanizables sin especial protección, contaminación acústica o malos
tratos de animales--.
En todos los casos se han emitido informes motivados, sobre todo
cuando se archivaban denuncias y se ha informado a los denunciantes,
incluso personalmente por vía telefónica, de las distintas posibilidades
de actuación que tenían.
Como asuntos especialmente preocupantes, destacan los cambios de
uso y extracciones ilegales de agua en las zonas próximas a Doñana; las
construcciones ilegales, no solo en parajes protegidos sino en general
en suelos no urbanizables de todas las localidades, donde sería
"esencial mayor compromiso y colaboración de los ayuntamientos"; los
casos de contaminación acústica con afectación de la salud de los
ciudadanos en forma de delitos de lesiones y ataques graves a su
intimidad domiciliaria y todo lo relacionado con las balsas-depósitos de
antiguos residuos mineros, vertederos y los vertidos de aguas
residuales sin depurar y sus efectos sobre las aguas y la atmósfera.
NECESIDADES.
También insisten en "la prioridad" de que esta sección de medio
ambiente se asemeje a otras, en el sentido de contar con un espacio
físico propio y personal auxiliar adscrito, ya que es "la única manera
de cumplir de forma eficaz con las funciones encomendadas", a lo que
añaden que "ojalá que la futura construcción en la capital de la Ciudad
de la Justicia pueda resolver dichas carencias".
De igual modo, destaca "la acuciante necesidad" de la creación de
puestos de peritos en todas las materias propias de la especialidad, ya
que se hace "imprescindible" el que fiscales y tribunales puedan contar
de forma "sencilla y efectiva" con tales peritos imparciales y expertos y
ello como única forma de evitar "enormes retrasos" en la tramitación de
algunas causas en las que es enormemente complicado para los juzgados.
La Fiscalía ha incidido a su vez la buena relación mantenida con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Seprona, Unidad Adscrita
del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma y los Agentes de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía--, con las administraciones,
con los medios de comunicación y con las ONG dedicadas al ecologismo,
concretamente con WWF, con la que se han mantenido reuniones y contactos
"muy fructíferos" en la persecución de los Cambios de Uso y los
pozos-balsas ilegales para el riego en las zonas freseras próximas al
Espacio Natural Doñana, o con Ecologistas en Acción para tratar el
asunto del vertedero de Nerva.
En este punto, en la memoria los fiscales tildan de "problemático"
el hecho de que el área de Medio Ambiente de la Unidad Adscrita del CNP
y dentro de una reestructuración interna, haya desaparecido como tal,
lo que "lógicamente, y pese a la profesionalidad y empeño de sus
integrantes y de su jefe, limita su capacidad de actuación, teniendo
además muy en cuenta que al asumir competencias en Pesca, han dedicado
muchas jornadas a la lucha contra el marisqueo ilegal".
Fuente: europapress.es
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