La Fiscalía de Huelva ha solicitado penas de cárcel e
inhabilitación para varios Agentes de Medio Ambiente que recibieron
beneficios de toda índole por parte de agricultores y empresarios del
entorno de Doñana para que no denunciasen las posibles irregularidades,
infracciones y delitos que cometían.
Los hechos se
produjeron, según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía,
al que ha tenido acceso Efe, entre los años 2005 y 2007 en zonas
afectadas por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
(POTAD) y por los mismos están acusados, además de cuatro agentes, un
total de siete empresarios y dueños de fincas.
Según
relata el fiscal, los cuatro agentes que, con distintas categorías,
prestaban sus servicios en la zona de Moguer y Palos de la Frontera
(Huelva) desde finales del 2005, fecha en la que a sus funciones
habituales se les sumó la de revisar los límites y extensión de las
"fincas de canon" de su zona por parte de la Junta de Andalucía ante la
preocupación por los cambios de uso de suelo y el crecimiento
descontrolado de la agricultura de frutos rojos, se concertaron entre sí
para con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas,
obtener beneficios de toda índole.
De esta forma,
solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de
ciertas empresas de la zona para no denunciar los distintos cambios de
uso, construcciones ilegales y vertidos que realizaban en sus terrenos.
Uno
de los acusados, como coordinador de la Unidad, trataba de que los
agentes que no controlaba, no inspeccionasen dichas fincas y empresas,
así como revisar todas las denuncias que se formulaban en su zona, para
evitar la tramitación de algunas o incluso influir en los técnicos sobre
las tramitadas.
Este y otro agente recibieron
durante 2006-2007, de un empresario, también acusado, diversas
cantidades en metálico (normalmente en sobres de 600 euros), y ello para
no ser denunciado en su actividad de vertidos al "Estero Domingo Rubio"
y también les ofreció dinero por buscar canteras donde extraer áridos.
Al
mismo tiempo, los agentes establecieron especiales relaciones con los
también acusados propietarios-administradores de distintas fincas
agrícolas de la zona que empezaron a tener atenciones con ellos como
facilitarles las relaciones que mantenían con trabajadoras extranjeras a
las que favorecían respecto de sus compañeras o el uso de distintas
instalaciones.
Por todo ello, el fiscal solicita
para el coordinador de la unidad y otro agente que recibió beneficios la
penas de tres años de prisión, diez años de inhabilitación especial
para empleo o cargo público y una multa de 12.000 euros por un delito de
cohecho.
Fuente: ideal.es
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